El barco británico «Pacific Swan», que transporta 76,7 toneladas de material radiactivo, ingresó hoy a aguas jurisdiccionales de Chile en el tormentoso mar de Drake, mientras en esta capital se multiplicaban las protestas ante el paso de la embarcación y su peligrosa carga.
Unos 200 manifestantes, convocados por el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, la más antigua organización ambientalista chilena, se dieron cita frente a la embajada de Gran Bretaña para repudiar el uso de barcos de ese país en el comercio internacional de material radiactivo.
Este material, procesado en Francia, fue embarcado el 19 de diciembre en el puerto de Cherburgo de ese país con destino a Japón, donde se utilizan como combustible para plantas energéticas.
El Colegio Médico de Chile se sumó igualmente a las protestas. Su presidente, Enrique Accorsi, fustigó a las autoridades por permitir el paso del buque, que en caso de un eventual accidente causaría un «daño gigantesco» al ecosistema austral.
El Pacific Swan salió de las aguas jurisdiccionales de Argentina para ingresar a las chilenas alrededor de la hora 16:00 GMT, navegando por el mar de Drake a 150 millas al sur del cabo de Hornos, entre olas de más de tres metros de altura y fuertes vientos que superaban la velocidad de 58 kilómetros por hora.
La Armada chilena dispuso un estricto operativo de seguridad en el área del cabo de Hornos, prohibiendo el tránsito de otras embarcaciones, mientras el barco británico es escoltado por el patrullero «Leucotón» y vigilado desde el aire por un avión táctico de exploración naval.
Las medidas se mantendrán por lo menos hasta este domingo, cuando el Pacific Swan, que navega en dirección a la isla de Pascua, deje las aguas chilenas e ingrese a la zona jurisdiccional de Nueva Zelanda, cuya fuerza naval tomará el relevo en la escolta y vigilancia del polémico barco.
El capitán Hugo Barra, portavoz de la Armada, aseguró que el carguero británico no ingresará en ningún momento al mar territorial chileno de 12 millas, pero admitió que es probable que en su trayecto ingrese a la zona económica exclusiva, o mar jurisdiccional, de 200 millas.
Al igual que en Argentina, el transporte marítimo de esta carga nuclear causó duras reacciones en sectores políticos y ambientalistas, pero el gobierno de Ricardo Lagos y la Armada alegaron carecer de atribuciones para impedir el paso del barco.
Según la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, los países ribereños deben respetar la libertad de navegación en su zona económica exclusiva y sólo pueden prohibirla en el área territorial de las 12 millas.
«En ese contexto, la Armada de Chile tiene la labor de asegurar el libre tránsito de este buque y la Armada no hace las leyes. Nosotros las hacemos cumplir en el mar», señaló el capitán Barra.
En términos similares se pronunció el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien admitió vacíos en la legislación internacional acerca del transporte marítimo de desechos nucleares y otras cargas radiactivas.
En todo caso, la cancillería chilena expresó a los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Japón su preocupación por los riesgos que involucra el transporte de materiales radiactivos en caso de accidente, tanto para las poblaciones de la zona austral como para el frágil ecosistema antártico.
La Comisión Permanente del Pacífico Sur, organismo creado en 1952 y que integran actualmente Chile, Colombia, Ecuador y Perú, exhortó el miércoles a la comunidad internacional a reforzar la normativa sobre el transporte marítimo de cargas nucleares.
Se advirtió que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, tiene normas indicativas al respecto, pero que no son vinculantes, lo cual deja aspectos en la ambigüedad.
Por ejemplo, no está claro si ante un eventual accidente del Pacific Swan en las aguas jurisdiccionales chilenas, debe ser este país el que se haga cargo de las labores de salvataje. Las normas de OIEA tampoco establecen con precisión quien debe financiar esas labores.
La organización ecologista internacional Greenpeace alquiló un remolcador en Punta Arenas, 2.000 kilómetros al sur de Santiago, con el propósito de navegar hasta el cabo de Hornos e interceptar al Pacific Swan para protestar así contra el transporte de materiales nucleares.
Sin embargo, la Armada impidió el jueves que el remolcador Leñadura zarpara desde Punta Arenas, argumentando que la nave es insegura y no cuenta con autorización para llevar pasajeros, ya que está inscrita como embarcación de cabotaje.
Barra negó que en esta decisión haya influido el hecho de que el remolque fuera alquilado por un grupo ecologista e informó que se invitó a un representante de Greenpeace para que tome fotografías del Pacific Swan desde el avión militar que vigila al barco británico.
El vocero de la Armada recalcó que el carguero británico cumple con las condiciones de seguridad exigidas en estos casos, ya que cuenta con doble casco, sistemas mejorados de flotación, equipos de doble navegación e instrumental para seguimiento vía satélite.
Las explicaciones oficiales no lograron acallar las protestas. El diputado Guido Girardi, presidente del oficialista Partido Por la Democracia, dijo que trasladar material radiactivo constituye un acto de «piratería internacional» y que Chile tiene derecho de prohibir el paso del buque aún contra las normas actuales.
El presidente del Colegio Médico señaló, tras el ingreso del Pacific Swan a aguas chilenas, que «nuestro país hoy día es un país chato (timorato)» y criticó la actitud del gobierno.
«No somos capaces de defender nuestros propios derechos. Creo que la ciudadanía debe saltar como un resorte. No podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de millones de personas por intereses económicos», sostuvo Accorsi.
El dirigente informó que la Asociación Médica Mundial emitirá en breve un pronunciamiento para señalar el grave riesgo que corren las poblaciones expuestas al paso de material radiactivo. (FIN/IPS/ggr/dm/en/01
