La demolición de una mezquita medieval en 1992 amenaza a la coalición de gobierno de India, si bien algunos aliados regionales lograron rescatar esta semana a tres miembros del gabinete de una moción de censura por ese incidente.
El pedido de renuncia de los ministros del Interior, de Desarrollo de Recursos Humanos y de Deportes, Lal Krishan Advani, Murli Manohar Joshi y Uma Bharti respectivamente, fue rechazado el jueves por 291 votos contra 179, con 14 abstenciones.
El primer ministro Atal Behari Vajpayee cerró dos días de debates previos a la votación con un discurso en que defendió ardientemente a sus tres «camaradas» y dijo que lo seguirá haciendo hasta que sean sentenciados por los tribunales, donde tienen un juicio pendiente.
Hasta entonces, no aceptará sus renuncias, como lo exigen el Congreso y otros partidos opositores, advirtió Vajpayee.
Los tres ministros fueron citados por la agencia central de investigaciones por su participación en los hechos que condujeron a la destrucción de la mezquita de Babri, situada en la localidad de Ayodhya, en el estado norteño de Uttar Pradesh, por fanáticos hindúes.
La demolición desencadenó enfrentamientos sectarios en toda India que provocaron la muerte y la pérdida de propiedades de miles de personas, en su mayoría musulmanas, pero pareció aumentar la popularidad del hinduista Partido Bharatija Janata (BJP), de Vajpayee, que posteriormente llegó al poder.
En el octavo aniversario del atentado, el 6 de diciembre, Vajpayee (considerado el rostro moderado del BJP) defendió la campaña de su partido para demoler la mezquita y construir en su lugar un templo hindú «como expresión del sentimiento nacional».
La declaración de Vajpayee paralizó al parlamento por ocho días, que coincidieron con una huelga de 600.000 funcionarios postales, en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. La huelga cumple este viernes nueve días.
Un periódico conservador hindú comentó en un editorial que Vajpayee «es culpable de algo más que disgustar a sus aliados o hacer declaraciones que no están de acuerdo con el programa de la NDA».
«Más sorprendente es el hecho de agitar el tema de Ayodhya en el aniversario de la destrucción de la mezquita de Babri, un acto de vandalismo político que infligió una profunda herida a nuestra nación», agregó el editorial.
La declaración de Vajpayee disgustó a aliados clave como el Congreso Trinamul, que espera llegar al poder en el estado de Bengala Occidental, y el Partido Telugu Desam (TDP), que gobierna el estado sureño de Andhra Pradesh y apoya a la coalición de gobierno desde fuera.
Tanto el Congreso Trinamul como el TDP recordaron a Vajpayee que su apoyo a la gobernante Alianza Nacional Democrática (NDA) dependía de la renuncia del BJP a la idea de construir un templo en el sitio de la mezquita destruida.
La NDA convocó una reunión el lunes para declarar que «la actual situación en Ayodhya debe mantenerse hasta que el Tribunal Supremo pronuncie su veredicto», y en referencia a los intentos del BJP de impulsar la construcción del templo, insistió en que eso debe ser aceptado «por todas las partes de la disputa».
Pero Vajpayee no satisfizo la demanda del Congreso Trinamul de comprometerse ante el parlamento a renunciar a la construcción del templo, y en cambio reclamó un «consenso» entre las comunidades hindú y musulmana para ese fin.
En cambio, el primer ministro debió dejar de lado por insistencia de sus socios el plan de derogar un artículo de la Constitución que otorga un estatuto especial a Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana.
Vajpayee negó la acusación de algunos parlamentarios opositores según los cuales el BJP revivió la cuestión del templo con miras a las elecciones de la asamblea estadual de Uttar Pradesh, el mayor estado de India, a comienzos del año próximo.
A principios de 1999, Vajpayee había llamado a un debate nacional sobre las conversiones al cristianismo, en un momento en que la minoría cristiana esperaba que el primer ministro condenara una serie de ataques a sus instituciones en el estado occidental de Gujarat, gobernado por el BJP.
En abril de este año, la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional criticó al gobierno indio por no denunciar actos de violencia contra miembros de minorías religiosas, e incluso realizar declaraciones públicas que promovieron la violencia.
«El discurso de la seguridad nacional del actual gobierno… llevó a calificar toda actividad no hindú como antinacional», señaló Amnistía.
Mientras, continúan los ataques contra la minoría cristiana en Gujarat. La semana pasada, fanáticos hindúes expulsaron a 80 familias cristianas de la aldea de Chhindia, en el sur del estado, y convirtieron su iglesia en un templo hindú.
Luego que el obispo Ezra Sirgunam, presidente de la Iglesia Evangelista de India, protestara por la indiferencia del gobierno estadual ante el incidente, fue expulsado del estado por «alentar la tensión comunal entre hindúes y cristianos». (FIN/IPS/tra- en/rd/ral/mlm/ip-cr/00
