El año 2001 comenzará en Chile con señales de conflicto y esperanzas en el frente de los derechos humanos, al anunciarse diligencias clave en el caso Pinochet y cumplirse el plazo para recibir informes acerca de los restos de un millar de desaparecidos.
De acuerdo con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, en los primeros días del nuevo año el juez Juan Guzmán deberá ordenar la realización de exámenes médicos a Augusto Pinochet y someter al ex dictador (1973-1990) y desaforado senador vitalicio a un interrogatorio judicial.
Para estos efectos, el magistrado tiene plazos que vencen entre el 8 y el 15 de enero.
Ambas diligencias serán fundamentales para determinar si se enjuicia penalmente al ex dictador, a quien el magistrado acusó ya en una primera resolución revocada por los tribunales de 18 secuestros y 57 homicidios cometidos entre septiembre y octubre de 1973 por una misión especial del Ejército.
Mientras el general retirado de 85 años espera estas diligencias, el 6 de enero se cumplirá el plazo de seis meses establecido por una ley especial aprobada en julio, para que militares, ex agentes represivos y otras personas entreguen la información que posean sobre la suerte de los desaparecidos.
A tales efectos, contarán con la protección del secreto profesional, el principal fruto de una mesa de diálogo cívico- militar sobre derechos humanos constituida en agosto de 1999, cuando Pinochet estaba arrestado en Londres, y culminó sus actividades con un consenso que se firmó el 13 de junio.
El 6 de julio comenzaron los seis meses para que las iglesias católica y evangélica, así como organizaciones judías y masonas, las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros recopilen los informes, con miras a resolver el principal conflicto de la transición chilena en materia de derechos humanos.
El presidente Ricardo Lagos podría prolongar el plazo para recibir informes otros seis meses si los resultados de esta primera fase no fueran satisfactorios.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que reúne a la mayoría de los deudos de las víctimas, rechazó el diálogo y el secreto profesional.
Como un simbólico preámbulo, tanto para los nuevos episodios del caso Pinochet como para la reactualizada cuestión de los desaparecidos, el lunes 2 a las 21:00 GMT se realizará en el palacio presidencial de La Moneda una esperada reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
Los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, integrantes del Cosena, pidieron el 6 de diciembre a Lagos que convocara al órgano para analizar la inquietud desatada en el ámbito militar por la decisión del juez Guzmán de ordenar el arresto domiciliario y el enjuiciamiento de Pinochet.
El mandatario acogió en parte la demanda castrense, ya que aceptó convocar al Cosena solo una vez que hubiera completado su trámite judicial, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Suprema, el recurso con que la defensa del ex dictador logró finalmente que se revocara la resolución de Guzmán.
El Cosena es encabezado por el Presidente y lo integran, además de los cuatro comandantes uniformados, los presidentes de la Corte Suprema y el Senado, y el Contralor General de la República, con lo cual resulta una composición paritaria de civiles y militares entre sus ocho miembros.
En fuentes gubernamentales se aclaró que en la reunión del Cosena de este martes, los mandos castrenses podrán expresar sus enfoques sobre derechos humanos, pero que en ningún caso habrá decisiones respecto de la situación de Pinochet, pues eso implicaría una intromisión o presión hacia el Poder Judicial.
Del mismo modo, el propio Lagos desvirtuó versiones acerca de la entrega por parte de las Fuerzas Armadas en la cita del Cosena de los antecedentes recopilados sobre desaparecidos, ratificando así que se respetará el acuerdo de que esos informes se entreguen a una instancia centralizada vinculada con la Iglesia Católica.
El gobierno adoptó como consigna permanente desvincular los acuerdos de la mesa de diálogo del caso Pinochet, y aunque este planteamiento es aceptado retóricamente por las Fuerzas Armadas y la oposición derechista, en los hechos hay implícitos condicionamientos entre uno y otro aspecto.
Tanto es así, que hoy por hoy existen contradictorias expectativas acerca de lo que ocurrirá el 6 de enero, fecha en que corresponde dar a conocer en cifras las posibilidades de encontrar restos de desaparecidos según los informes recibidos desde el 6 de julio.
Las previsiones más optimistas indican que para entonces se contará con datos sobre de la suerte de unas 300 desaparidos, con informes acerca de lugares en que habrían sido sepultadas clandestinamente, o las condiciones en que sus cuerpos habrían sido arrojados a cráteres de volcán o al mar.
Otros cálculos preliminares, más pesimistas, apuntan que la información recopilada cubriría no más de un centenar de casos, 10 por ciento del total de desaparecidos.
Las desapariciones forzadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 ascendieron a 1.198, según denuncias documentadas judicialmente. Desde el restablecimiento de la democracia se ha logrado exhumar e identificar los restos de poco más de un centenar de víctimas.
El modus operandi establecido en la mesa de diálogo determina que los antecedentes recopilados se entregarán a los tribunales, para que los jueces ordenen las diligencias orientadas a encontrar los restos y dispongan luego las medidas procesales en relación con los eventuales autores de la desaparición.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desparecidos rechazó ese procedimiento como un camino hacia la impunidad, ya que una vez ubicados los restos de la víctima los delitos pasarían a ser caratulados como homicidios.
Eso dará a sus autores, en el supuesto de que se los identifique y detenga, la posibilidad de acogerse a la ley de amnistía de 1978.
Los militares, y en especial el Ejército, argumentan, en cambio, que el temor a ser identificados y juzgados inhibió a personal retirado de la institución a entregar los informes de que disponían para encontrar restos de desaparecidos.
El alto mando del la fuerza asegura no poseer de esa información en sus archivos institucionales.
El general Ricardo Izurieta, jefe del Ejército, y su par de la Armada, el almirante Jorge Arancibia, sostienen que este clima de «inseguridad y desconfianza» se ve acentuado por la «reinterpretación» de la ley de amnistía que a su juicio han hecho los jueces.
Varios fallos judiciales coincidieron en los últimos años en caracterizar la desaparición sin hallazgo de la víctima como secuestro, delito que por su naturaleza no es amnistiable ni prescriptible, estableciendo así una jurisprudencia que, entre otros efectos, tiene a Pinochet en la antesala de un juicio. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00
