El personaje del año en Chile se llama Juan Guzmán Tapia, el magistrado que personificó la reivindicación de la justicia al atreverse a encausar criminalmente al general Augusto Pinochet, pese a la coraza que hasta hace poco parecía proteger en este país al ex dictador.
Al finalizar el 2000 se confirma que la política chilena se construye a menudo sobre paradojas, pues las progresivas señales de deterioro del poder de Pinochet tuvieron como contrapartida el alejamiento de la posibilidad de desmontar la institucionalidad heredada de la dictadura y avanzar en la transición democrática.
Hace un año, Chile vivía la campaña con vista a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 16 de enero, en las que el actual mandatario, el socialista moderado Ricardo Lagos, derrotó al derechista Joaquín Lavín.
En esos días, Pinochet continuaba bajo arresto domiciliario en Londres, desde el 16 de octubre de 1998, y esperaba de las autoridades británicas un gesto de clemencia para regresar a Chile y librarse del juicio de extradición a España, donde era reclamado por el juez Baltasar Garzón.
El 5 de enero, un equipo de médicos británicos examinó al anciano general y su informe fue la base para que seis días después el ministro del Interior, Jack Straw, anunciara su disposición a liberarlo, aduciendo un deterioro tanto en su salud física como mental.
El 3 de marzo, Pinochet aterrizó en Santiago. Recibido con honores militares, el ex dictador (1973-90) se mostró sonriente y desafiante, al desechar una silla de ruedas y caminar varios metros con su bastón en alto, distribuyendo saludos junto al comandante del ejército, el general Ricardo Izurieta.
Concluyeron así 503 días de arresto del ex dictador en Londres, quien ostentaba desde el 11 de marzo de 1998 la condición de senador vitalicio, de acuerdo a una controvertida disposición de la Constitución que la dictadura hizo aprobar en referendo en 1980.
La fanfarria castrense provocó malestar en la gobernante Concertación por la Democracia y en las víctimas de la represión dictatorial, y puso al borde del fracaso a la mesa de diálogo cívico-militar que sesionaba desde agosto de 1999 en la búsqueda de solución para un millar de casos de detenidos-desaparecidos.
El 6 de marzo, Guzmán presentó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero (cese de la inmunidad parlamentaria) del ex dictador. El 11 de ese mes, la multitud que celebró frente al palacio de La Moneda la asunción de Lagos como presidente, coreó repetidamente el grito «juicio a Pinochet».
Lagos replicó que los encargados de los juicios son los tribunales y recalcó que como mandatario garantizaría plenamente la independencia del Poder Judicial, frase que ha repetido permanentemente frente a cada episodio procesal del caso Pinochet y de otras causas de derechos humanos.
El 21 de mayo, en su primer mensaje como presidente ante el Congreso, Lagos exhortó a la oposición derechista a poner fin a los enclaves autoritarios heredados de la dictadura, tarea que también se propusieron, sin éxito, sus antecesores en el cargo, los democristianos Patricio Aylwin (1990-94) y Eduardo Frei (1994- 2000).
La existencia de nueve senadores designados, cuatro de los cuales representan a las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros, y de senaturías vitalicias para los ex presidentes que hayan permanecido más de seis años en el cargo, constituye una de las mayores trabas a la transición democrática en Chile.
El sistema binominal para las elecciones legislativas, según el cual se eligen sólo dos cargos en cada circunscripción senatorial o distrito de diputados es considerado igualmente antidemocrático, ya que excluye del parlamento a los partidos más pequeños, como el Comunista, y favorece a la derecha en su condición de «gran minoría».
El Consejo de Seguridad Nacional, con presencia determinante de los mandos militares, así como el Tribunal Constitucional, son otras instituciones que a juicio de la coalición gobernante de centroizquierda es necesario desmontar o reformar a fondo para alcanzar plenamente la democracia.
Lavín, legitimado como líder de la derecha tras las elecciones presidenciales, se mostraba proclive a negociar reformas constitucionales con el oficialismo a la vez que mantenía un progresivo distanciamiento de Pinochet y de los sectores más duros de la derecha.
Transcurridos siete meses del llamado de Lagos, no hay sin embargo ningún progreso en materia de democratización en Chile.
La oposición derechista, cuyos votos en el parlamento son indispensables para lograr un cambio, levantó la propuesta de una negociación global, que en última instancia condiciona cualquier reforma de la Constitución a una «salida» para el caso Pinochet y todos los casos de derechos humanos que involucran a militares.
En vísperas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 8 de agosto ratificó definitivamente el desafuero de Pinochet, Lagos descartó por completo la posibilidad de negociar con la derecha la reforma constitucional a cambio de una «ley de punto final» sobre derechos humanos.
El 2000 ha transcurrido así en un continuo progreso de la justicia, en el que destaca no sólo el procesamiento de Pinochet sino también el encausamiento de otros seis generales retirados por otros crímenes represivos, como el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez en 1983 y la Operación Albania de 1987.
Cada una de esas resoluciones judiciales provocaron protestas airadas de los militares retirados, señales de inquietud desde los actuales mandos de las Fuerzas Armadas y reiterados llamados de los políticos derechistas al gobierno para posibilitar una «solución política» en materia de derechos humanos.
Se plantea así una suerte de diálogo de sordos entre el gobierno y la oposición, que sigue teniendo como trasfondo, guste a o no, a la deteriorada figura del ex dictador. (FIN/IPS/ggr/ag/hd ip/00
