Un proyecto de norma que legalizaría en la capital de México la unión entre personas del mismo sexo y permitiría que adopten niños fue recibida con alarma en círculos religiosos, políticos y jurídicos, aunque las posibilidades de su aprobación son remotas.
La iniciativa fue rechazada por la Iglesia Católica y dirigentes del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que este mes dejó la Presidencia tras 71 años de ejercicio ininterrumpido del poder.
Un sondeo telefónico realizado por el diario Reforma indica que 60 por ciento de los 400 habitantes de la capital entrevistados rechazan el proyecto del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna esta ciudad.
«Estamos muy contentos, pues es una iniciativa que reconoce una realidad y garantiza un derecho básico de los homosexuales, tan discriminados y maltratados», dijo a IPS José María Covarrubias, coordinador del Centro Cultural Gay.
El PRD anunció el miércoles que da los últimos toques al proyecto que sería presentado los días próximos a consideración del congreso legislativo de la capital.
Covarrubias pronosticó que la aprobación no será fácil, pues el PRD —tercera fuerza política del país— carece de mayoría en el Congreso capitalino. «Pero los apoyaremos en todo lo posible», señaló el activista.
Se calcula que entre ocho y 12 por ciento de los 100 millones de mexicanos son homosexuales o lesbianas, que constituyen una comunidad discriminada y repudiada, según informes de organizaciones humanitarias.
Cada tres días un homosexual es víctima de asesinato en México, informó la no gubernamental Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. Entre 1995 y julio de 2000 se registraron 631 homicidios de homosexuales y lesbianas, todos ellos aún sin resolver, según la organización.
La diputada Patricia Garduño, del PAN, grupo al que también pertenece el presidente Vicente Fox, señaló que el proyecto del PRD no es prioritario. Garduño calificó la iniciativa de «cortina de humo para tapar los errores del gobierno de la capital», encabezado por el PRD.
El diputado Juan Castillo, del PRI, afirmó que la iniciativa lesiona los valores de la familia y debe ser desechado.
En cambio, Covarrubias consideró que «el reconocimiento legal de la unión de gays o lesbianas pueda ser reconocido ante la ley facilitaría muchas cosas». «Pero esa no es nuestra única demanda. Lo que buscamos es que en México se respete la diversidad y derechos de todos», apuntó.
Entre sus primeros actos de gobierno, el presidente Fox, quien asumió el día 1, conformó una comisión de estudios que definirá estrategias para enfrentar y eliminar toda forma de discriminación racial, de género o socioeconómica.
«No existe ninguna discriminación legal en México. Los que dicen eso son ignorantes. Aquí se trata igual a los homosexuales que a los machos», declaró el jurista y académico universitario Ignacio Burgoa.
Los diputados que proponen el proyecto «deberían ocuparse de verdaderos problemas y no andar con tonterías. Les debería dar vergüenza legalizar el lesbianismo y la homosexualidad. Eso solamente se les ocurre a los degenerados», añadió Burgoa.
El arzobispo primado de la Iglesia Católica de México, Norberto Rivera, calificó la iniciativa de una «ataque a la familia» y advirtió que los católicos integrarán un bloque opositor para frenar su aprobación.
Mientras, Covarrubias reclamó respeto a los derechos de los homosexuales. «Si otros son heterosexuales o católicos es su problema. Nosotros respetamos otras creencias y pretendemos que hagan lo mismo con las nuestras», manifestó Covarrubias.
La Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia sostuvo que ser homosexual en México es peligroso. Muchas de las víctimas reciben decenas de puñaladas y sus cuerpos aparecen desnudos, amordazados y con mutilación genital, aseguró el grupo.
En otros casos, la víctima fue decapitada, estrangulada, torturada o recibió un disparo en la cabeza.
La Comisión señaló en noviembre que, aunque la homosexualidad o el lesbianismo no son un delito en México, en los hechos rige una homofobia institucional, social y cultural.
La relatora especial sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Asma Jahagir, demandó en enero al gobierno de México «renovar sus esfuerzos para proteger la seguridad y el derecho a la vida de las personas que pertenecen a minorías sexuales». (FIN/IPS/dc/mj/hd/00
