El gobierno de Guyana rechazó y consideró absurda la propuesta de la oposición de establecer un gobierno interino de dos meses hasta las elecciones generales, postergadas hasta mediados de marzo.
Un acuerdo firmado en 1998 entre el gobernante Partido Progresista del Pueblo (PPP) y el opositor Congreso Nacional del Pueblo (PNC) había fijado los comicios generales para el próximo 17 de enero, pero la Comisión Electoral los pospuso hasta el 19 de marzo.
La medida tuvo por finalidad permitir una depuración del registro de votantes habilitados y dar tiempo a la aprobación parlamentaria de importantes leyes electorales, pero deja una brecha de dos meses que es causa de disputa entre ambos partidos.
El PNC, que gobernó esta antigua colonia británica entre 1964 y 1992 en medio de acusaciones de fraude electoral, reclama una administración interina hasta la elección del nuevo gobierno.
Tal administración, según la propuesta del PNC, comprendería un presidente y cuatro altos funcionarios que se harían cargo de la seguridad nacional, las finanzas, cuestiones electorales y la administración general.
No queda claro qué papel tendrían el primer ministro y otros miembros del gabinete durante ese gobierno interino, pero el PPP, respaldado por la comunidad de origen indio, ya advirtió que no tiene intenciones de renunciar ni de embarcarse en esa «aventura».
Además, el PPP recordó que no puso objeciones cuando el PNC permaneció en el gobierno dos años más de lo previsto, entre 1990 y 1992, mientras se reformaba radicalmente el sistema electoral.
«Lo que acordamos fue limitar voluntariamente nuestras acciones», declaró el gobierno, tras rechazar la sugerencia del PNC.
El PNC y otros dos partidos opositores más pequeños expresaron su temor a que el gobierno utilice el período interino en su favor, empleando fondos públicos y la maquinaria estatal para aferrarse al poder.
En cambio, una administración interina evitaría que eso ocurriera, arguyeron.
Una comisión especial integrada por los cuatro partidos con representación parlamentaria se reúne desde principios de este mes para buscar una solución, evitando hacer públicas sus discusiones para no contribuir a la confusión nacional.
La situación hace temer una reiteración de lo ocurrido tras las elecciones generales de 1997, cuando el país se paralizó debido a una serie de manifestaciones callejeras organizadas por la oposición en protesta por un supuesto fraude electoral.
En ese entonces, los gobiernos del Caribe, preocupados por una posible situación de anarquía, forzaron al PNC y al PPP a firmar un acuerdo para adelantar dos años las elecciones.
El PNC, apoyado tradicionalmente por la población negra, sostiene que el mandato del actual gobierno vence el próximo 17 de enero y por lo tanto no tiene derecho a permanecer en el poder.
En esto cuenta con el apoyo de la Asociación de Derechos Humanos de Guyana, que hace meses instó a la formación de un gobierno de base amplia para conducir al país hasta la fecha original de los comicios (diciembre de 2002) mientras durara la preparación del registro de votantes y la reforma electoral.
También propuso la inclusión de algunos tecnócratas en el gobierno provisional, de la misma manera que el PNC sugirió la participación de sindicatos y representantes del sector privado.
Críticos como Raymond Gaskin, consultor financiero y ex asesor del gobierno del PPP, consideraron absurda dicha propuesta.
«Lo único que se precisa es que el gobierno se abstenga en ese período de realizar privatizaciones, grandes contratos y nombramientos para cargos constitucionales. Introducir funcionarios nuevos por dos meses no tiene sentido», opinó. (FIN/IPS/tra-en/bw/da/mlm/ip/00
