El grupo terrorista ETA mató hoy a Francisco Cano, un plomero integrante del ayuntamiento de Viladecavalls, pequeño pueblo de 4.700 habitantes en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
Todas las fuerzas políticas y sociales condenaron el crimen, excepto la coalición Euskal Herritarrok, que apoya y es apoyada por ETA y que en las últimas elecciones obtuvo 15 por ciento de los votos en el País Vasco. Esa coalición carece de fuerza política en el resto de España.
Cano era concejal del gobernante Partido Popular (PP) en la municipalidad de Viladecavalls, cargo que ejercía de forma honoraria, al igual que todos los miembros de concejos de municipios pequeños y que no tienen una dedicación total.
Este jueves, como todos los días, Cano salió a trabajar. Se dirigió en su camioneta a arreglar el sistema de calefacción en una residencia particular en Terrassa, localidad próxima a Viladecavalls.
En el camino llevó a un amigo, paró con él a tomar café en un bar. No sabía que ya llevaba una carga explosiva debajo de su vehículo. Poco después, al proseguir su recorrido, estalló la carga y lo dejó malherido. Transportado a un hospital intentaron salvarle la vida, pero murió poco después.
«¿Por qué, por qué a él, que sólo se ocupaba de trabajar y de colaborar con los vecinos en el ayuntamiento?», se preguntó Tomás Cano, primo del asesinado, ante los micrófonos de las radioemisoras.
Tomás Cano comentó que le preguntó en una ocasión a su primo si tenía miedo de los atentados de ETA. Miedo no, contestó Francisco Cano, pero sí cierta inquietud, «porque ETA mata a cualquiera, en especial a los que carecen de escoltas y protección armada».
ETA (Euskadi ta Alkartasuna, Patria Vasca y Libertad, en idioma vascuence) surgió en los años 60, bajo la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). El grupo sufrió varias escisiones desde que España recuperó la democracia, pero continuó cometiendo atentados, con tres treguas.
La última, de carácter unilateral, transcurrió de fines de diciembre de 1998 a fines de diciembre de 1999. En ese periodo, una delegación del gobierno español se reunió con la cúpula etarra, sin ningún resultado.
Desde el fin de la tregua, ETA asesinó a 23 personas, tres de ellas en Cataluña: Francisco Cano, el ex ministro socialista Ernest Lluch y José Luis Ruiz Casedo, concejal del PP en el municipio de San Adrián.
El gobierno autónomo del País Vasco condenó el asesinato de Cano «de manera rotunda y sin paliativos». «ETA perjudica no sólo a la sociedad, sino también al pueblo vasco», dijo Joseba Egibar, portavoz del Partido Nacionalista Vasco que encabeza la coalición de gobierno en esa región autónoma.
Para Nicolás Redondo, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la Presidencia del gobierno vasco, a pesar de la violencia el país está «en mejores condiciones que antes, no sólo para resistir sino también para tomar la iniciativa contra ETA».
En términos similares se pronunció el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, a quien se considera el más probable candidato del PP a la Presidencia del gobierno vasco. Dijo el ministro que estos atentados, «por mucho dolor que causen, no cambiarán la política del gobierno».
Este atentado se produjo dos días después de que el PP y el PSOE firmaran un pacto antiterrorista, al que invitaron a sumarse a los demás partidos democráticos, lo que equivale decir a todos menos a Euskal Herritarrok.
Los nacionalismos moderados vasco y catalán no se han sumado todavía, por entender que el pacto es excluyente.
La razón de ese entendimiento es que el PP y el PSOE reclaman que el PNV, para sumarse, rompa formal y definitivamente con Euskal Herritarrok y que acepte respetar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía vasco, ley fundamental de esa región.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aludió al PNV al decir este jueves que, tras el atentado, «aquellos que tienen dudas, tienen que reflexionar y apoyar el pacto antiterrorista sin fisuras». (FIN/IPS/td/mj/ip/00
