El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recibe creciente presión de activistas humanitarios para que se haga cargo de la grave situación de los desplazados internos forzados del mundo.
Cuando Ruud Lubbers, ex primer ministro de Holanda, se haga cargo el mes próximo del ACNUR, afrontará urgentes pedidos de grupos como Human Rights Watch (HRW) la mayor organización no gubernamental (ONG) humanitaria estadounidense, que abordó la cuestión de los desplazados internos en un informe de la semana pasada.
En vísperas del 50 aniversario del ACNUR, que se cumplió el jueves, HRW, con sede en Nueva York, afirmó en ese informe que el aumento de las personas víctimas de desplazamiento interno forzoso es uno de los principales «nuevos desafíos» para esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el informe, titulado «¿Qué futuro tiene la protección de los refugiados?», se indicó que desde Sierra Leona a Sri Lanka, y desde Colombia a República Democrática del Congo, conflictos internos han obligado a unos 25 millones de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras regiones de sus países.
Sudán tiene el mayor número de desplazados internos del mundo, con unos cuatro millones de personas en esa situación, seguido por Angola y Colombia, con cerca de 1,5 millones cada uno.
Por otra parte, el número de personas que han abandonado sus países a causa de conflictos, a las cuales corresponde la definición tradicional de refugiados, es unos 11,5 millones.
La directora de políticas para refugiados de HRW, Rachael Reilly, señaló que tanto los refugiados según el concepto tradicional como los desplazados internos son personas que dejaron sus hogares para escapar de la violencia y la violación de los derechos humanos.
Sin embargo, sólo los refugiados en otros países reciben protección, cuidado y asistencia internacional bajo la dirección del ACNUR, y eso constituye una «ironía en escala mundial», apuntó.
Reilly admitió, al igual que otros activistas, que esa desigualdad no es responsabilidad del ACNUR, «cuyo mandato no incluye, desde el punto de vista técnico, la protección de los desplazados internos».
HRW señaló incluso que «la agencia se ha apartado de ese restringido mandato para ayudar a algunos desplazados internos», a pedido del secretario general de la ONU o de su Asamblea General.
Esas intervenciones se han producido con consentimiento de gobiernos y otras partes en conflictos, y con garantías para el ACNUR de «fondos adecuados, total acceso a los afectados y seguridad de sus funcionarios», explicó.
Durante los años 90 se hizo evidente que «el ACNUR sólo se ocuparía de cuestiones de desplazados internos relacionadas en forma clara con problemas de refugiados en el sentido tradicional o con poblaciones que regresaban a sus países, o cuando hubiera riesgo de que esos desplazados se vieran forzados a emigrar».
Este año hubo varios llamados a la comunidad internacional para que garantice a las víctimas de desplazamiento interno los derechos y la protección establecidos en la Convención sobre Refugiados de 1951, pero los debates que siguieron a esos llamados no permiten ser optimistas, comentó HRW.
Defensores de una reforma del mandato del ACNUR como Richard Holbrooke, embajador de Estados Unidos ante la ONU, han sostenido que la definición vigente de «refugiado» debe cambiar, para que incluya a millones de personas sin hogar afectadas por guerras que no han emigrado.
Holbrooke planteó el problema ante el Consejo de Seguridad de la ONU este año, luego de visitar Angola, y afirmó que el ACNUR era la agencia más adecuada para hacerse cargo de los desplazados internos.
Esa propuesta del embajador estadounidense causó un debate de la comunidad internacional que continúa en la actualidad, y en el cual muchos de los Estados miembros de la ONU y de las agencias del foro mundial han expresado reservas sobre la redefinición del mandato del ACNUR.
Varias agencias de la ONU prefieren que la cuestión de los desplazados internos sea manejada mediante «la coordinación de esfuerzos entre varias agencias», señaló HRW en su informe.
«Otros críticos de una ampliación del mandato del ACNUR han alegado que si esa agencia brinda protección a los desplazados internos, puede afectar en forma negativa la protección de los refugiados tradicionales», apuntó.
«Algunos gobiernos pueden rechazar pedidos de asilo presemtados por desplazados internos de otros países, con el argumento de que el ACNUR se ocupa de protegerlos», explicó.
Las objeciones más severas a la redefinición del mandato de ACNUR han sido planteadas por gobiernos de Estados miembros de la ONU, y en especial por los de China y Argelia.
Beijing sostuvo que cualquier movimiento en ese sentido implicaría un avance en el escenario internacional de la doctrina de «intervención humanitaria», a la cual se opone.
Esa doctrina afirma que la intervención internacional se justifica en determinadas circunstancias de crisis humanitaria, y China arguye que eso viola las normas internacionales que garantizan las soberanías nacionales y la no intervención en asuntos internos.
Argelia ha expresado similares reservas, y arguye que «no niega que la ONU tenga el derecho y el deber de ayudar a las personas que sufren, pero que su posición en sensible en extremo a cualquier intento de socavar las soberanías nacionales».
El subsecretario mexicano de Asuntos Africanos, Asiáticos, Europeos y de la ONU, Miguel Marín Bosch, manifestó la misma preocupación el jueves, poco después de pronuncviar un discurso acerca del 50 aniversario del ACNUR.
Marín opinó que la cuestión de los desplazados internos «es un asunto doméstico» de los países en los cuales se produce ese problema, cuando se le preguntó acerca de la protección de los derechos de casi 16.000 desplazados por el conflicto en el estado sudoriental mexicano de Chiapas.
El argumento del subsecretario «implica negarse a asumir responsabilidad internacional por los sufrimientos de los desplazados internos», comentó Michelle Masa, encargada de asuntos internacionales del mexicano Centro por los Derechos Humanos Agustin Pro Juarez.
«Es absurdo que un gobierno arguya que los esfuerzos para garantizar los derechos de los desplazados internos afectará su soberanía nacional, y al mismo tiempo esté comprometido a respetar convenciones internacionales como la que garantiza los derechos de la infancia» comentó.
Los desplazados internos necesitan que un instrumento legal internacional garantice sus derechos a la seguridad, a ayuda humanitaria sistemática, a la libertad de movimiento y a no ser forzados a retornar a áreas de conflicto, sostuvo.
Reilly opinó que la propuesta de una convención internacional para establecer esas garantías no sería bien recibida por muchos gobiernos, y recordó que los esfuerzos de Francis Deng, el representante especial del secretario general de la ONU para los desplazados internos, han sido objeto de críticas.
Algunos gobiernos respondieron en forma positiva a un informe del deprtamento de Deng titulado «Principios orientadores en materia de desplazamiento interno», pero otros lo recibieron con preocupación, entre ellos los de Egipto, India y Túnez, explicó. (FIN/IPS/tra-eng/mmm/da/hd ip/00
