Noventa y seis activistas por la paz murieron asesinados en Colombia desde enero, alertaron hoy las centrales sindicales de este país en una protesta por el atentado contra un dirigente a manos de paramilitares de derecha.
Los sindicatos realizaron este lunes una huelga en protesta por el atentado que sufrió Wilson Borja, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales y miembro de la Comisión Facilitadora de Paz formada por dirigentes políticos, de organizaciones de derechos humanos y diplomáticos.
Borja, quien fue herido de gravedad la mañana del viernes cuando salía de su vivienda en el noroeste de Bogotá, fue sometido el fin de semana a dos operaciones quirúrgicas y deberán practicársele otras tres en los próximos días.
En el intercambio de disparos resultó muerta una mujer que vendía café y golosinas a la salida del edificio en que vive el sindicalista. Uno de los escoltas de Borja sufrió también heridas graves.
Borja se salvó de ser el «número 71 en la lista de los sindicalistas asesinados este año» en este país y el 3.101 de los últimos 10 años, afirmó Luis Garzón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la más influyente de las tres organizaciones sindicales nacionales colombianas.
Garzón atribuyó el atentado contra Borja a «los enemigos de la paz, que cada vez que se abre una posibilidad de negociación con la insurgencia (en este caso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN) aparecen con ataques contra algún defensor de la salida política a la guerra».
La Comisión Facilitadora de Paz está a cargo de promover un acercamientos entre el gobierno y el ELN que posiblemente lleven a acuerdos antes de finalizar el año al inicio de una negociación de paz.
Borja es dirigente del Partido Comunista e impulsor de la Iniciativa Paz Colombia, coalición de 60 organizaciones sociales surgida en septiembre en procura de una salida política a la guerra civil y de una propuesta alternativa al Plan Colombia.
El Plan Colombia, definido como «estrategia integral para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado», es un programa postulado por el presidente Andrés Pastrana para pacificar el país y derrotar al narcotráfico que cuenta con financiamiento externo, en especial de Estados Unidos.
Borja responsabilizó este domingo del atentado a Carlos Castaño, líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El activista herido dijo haber recibido semanas antes información sobre un plan de las AUC para atacar en Bogotá a cinco sindicalistas y cinco investigadores de la estatal Universidad Nacional.
Circula una lista de 15 activistas amenazados desde comienzos de este mes, dijo a IPS un dirigente de una organización no gubernamental que el jueves debió abandonar el país en un programa de protección para defensores de los derechos humanos y que pidió reserva sobre su identidad por razones de seguridad.
Por otra parte, Marco Romero, de la Iniciativa Paz Colombia, dijo a IPS que el ataque a Borja es parte de una fuerte y creciente «tendencia de derechización» contra el proceso de paz.
Para Romero, este proceso de «derechización que se está observando internamente tendrá costos en materia de derechos humanos y cerrará espacios democráticos».
Mientras aumenta el respaldo internacional al proceso de paz, el activista dijo que «internamente cobran fuerza propuestas como la creación de grupos privados de 'autodefensa' y críticas» a la desmilitarización de una zona del sudeste dispuesta por el gobierno de Pastrana para facilitar el diálogo con las FARC.
La región desmilitarizada que cubre 42.000 kilómetros de cinco municipios fue prorrogada seis veces desde su creación el 7 de diciembre de 1998.
Militares, policías y hacendados acusan a las FARC de utilizar la zona para fortalecerse militarmente, negociar con el narcotráfico y violar los derechos humanos de sus habitantes.
La Federación Nacional de Ganaderos propuso en su congreso anual en noviembre la creación de grupos de autodefensa, propuesta vinculada con organizaciones paramilitares de derecha, para protegerse de los ataques y hostigamientos de la guerrilla.
Ligia Galvis, investigadora de la Universidad Nacional, dijo este lunes en la radioemisora de ese centro de enseñanza que el sindicalismo, así como otras expresiones sociales, es víctima de violencia indiscriminada.
«Borja es un sindicalista muy importante que con su búsqueda de paz y de un acercamiento con el ELN se ha ganado enemigos, más de los que tenía en su actividad sindical», dijo Galvis.
Colombia fue ubicado este año por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los 30 países donde el ejercicio de la actividad sindical es más complicado a causa de la violencia. Cada año son asesinados en este país unas 25.000 personas.
«Uno se acostumbra a ir siempre acompañado por escoltas y a estar bajo la posibilidad de que lo maten en cualquier momento», dijo este lunes Julio Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, la segunda central sindical de este país.
La degradación de los derecos humanos es grave a causa del conflicto armado, declaró el gobierno colombiano el 10 de este mes. Los paramilitares de derecha y la guerrilla izquierdista son los mayores violadores de los derechos fundamentales de la población civil, agregó.
Según el informe gubernamental, desde 1995 los paramilitares cometieron 1.056 masacres (asesinato de más de cuatro personas en el mismo lugar y al mismo tiempo) y la guerrilla, 868. En ese mismo periodo, las guerrillas asesinaron a 3.515 personas y los paramilitares a 1.930.
Las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario desde 1995 incluyeron también unos 1.000 secuestros, 350 ataques a poblaciones y 3.476 «actos de terrorismo». (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00
