La defensa de la infancia contenida en la nueva Constitución y en una ley específica alientan esperanzas en Venezuela de enfrentar con éxito los problemas de desnutrición, deserción escolar y explotación laboral, según el informe de una organización humanitaria.
«El principal saldo positivo de carácter permanente es la entrada en vigencia de la nueva Constitución y de la ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente», dijo Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, un grupo no gubernamental dedicado a la infancia.
Cecodap presentó a fines de noviembre la décima edición de su informe anual «Somos noticia», que examina la situación de los principales derechos de la infancia y adolescencia en Venezuela, en el lapso comprendido entre septiembre y agosto de cada año.
En el balance 1999-2000 se destacó el hecho de que el país vive una transición político institucional, que no permite visualizar «resultados firmes sobre diversas iniciativas de protección a la infancia».
El documento también refleja la difícil situación social que afronta los niños y adolescentes venezolanos.
Pereira, quien coordinó la investigación de «Somos noticia», explicó que la visión positiva existente tiene su origen en que la nueva Constitución Bolivariana, en vigor desde diciembre de 1999, «consagra los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño».
Igualmente, la nueva ley «concreta la lucha que durante años emprendieron diversas instituciones y organizaciones por instaurar tanto en el plano social como en el jurídico un nuevo paradigma sobre la infancia y adolescencia.
La expectativa de Cecodap y de otras entidades dedicadas al tema pasa porque los nuevos instrumentos jurídicos ayuden en el proceso de revertir la situación actual.
El documento indica que Venezuela no alcanza la meta de que 80 por ciento de la población en edad escolar esté dentro del sistema educativo, sino que, por el contrario, se ha observado un decrecimiento de 0,3 por ciento en la matrícula de la enseñanza entre 1998 y 1999.
Sólo 38 de cada 100 niños venezolanos que ingresan al sistema escolar culminan sus estudios de escuela básica (noveno grado), mientras que en ese nivel educativo el índice de repetición es de 10,33 por ciento.
Cecodap, al referirse a la situación de explotación económica de la infancia, contrastó diversas fuentes que manejan cifras diferentes sobre la cantidad de la población infantil y adolescente que trabaja.
La estatal Oficina Central de Estadísticas sostiene que ocho por ciento de los niños y adolescentes venezolanos trabajaban en 1998, lo cual sumaba unos 330.000, de los cuales 40 por ciento eran menores de 16 años.
Sin embargo, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, refrendado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), asegura que en el país «podrían existir 800.000 niños en situación de explotación laboral, sometidos a trabajos y actividades que los exponen particularmente al peligro».
Según las metas fijadas por la cumbre mundial en favor de la infancia, Venezuela debía reducir a 16 las muertes por cada mil nacidos vivos, pero la cifra se ubica en 21 por mil en la actualidad, según con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Respecto de la mortalidad en menores de cinco años, igualmente la meta de la cumbre se fijó en 22 por mil nacidos vivos. «Sin embargo, a pesar de que en 1997 se logró reducir a 23 por mil, para 1999 se ha experimentado un aumento que la coloca en 29,2 por mil», asegura el informe de Cecodap.
La entidad no gubernamental citó también estadísticas del estatal Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, el cual indica que el déficit nutricional se redujo entre 1998 y 1999 pasando de 26 por ciento a 23 por ciento del total de la población menor de 14 años.
Pero la organización destacó que en el gobierno de Hugo Chávez se han tomado medidas concretas «que, de mantenerse, tendrán resultados positivos en el corto plazo».
Algunas de las resoluciones refieren a la creación de programas y comisiones en el Ministerio de Salud, dirigidos específicamente a atender al sector, así como del comité de vigilancia de la mortalidad infantil y materna.
Cecodap advirtió que las expectativas positivas que existen por el nuevo orden legal deben traducirse en medidas oficiales y su respectiva continuidad.
Su principal recomendación es la consolidación de un sistema de protección del niño y del adolescente a nivel nacional, provincial y municipal. (FIN/IPS/ac/dm/hd-pr/00
