Las autoridades de España capturaron este año 800 embarcaciones clandestinas precarias con africanos que aspiraban a ingresar a este país, 68 por ciento más que las capturadas en 1999, informó el Ministerio del Interior.
Mientras, el gobierno regularizaba este año la situación de casi 140.000 inmigrantes que habían ingresado de manera clandestina y ordenaba la expulsión de 27.751.
El flujo de africanos es continuo, tanto por el mar Mediterráneo, desde el norte de Marruecos hasta las cercanías del estrecho de Gibraltar, como por el océano Atlántico, desde la costa noroccidental de ese país hasta las españolas islas Canarias.
Embarcaciones frágiles denominadas «pateras», por su uso tradicional para cazar patos en embalses y pantanos, son las más utilizadas para llegar a costas españolas. Su bajo calado permite llegar a playas y eludir las piedras sumergidas, algo que no pueden hacer las embarcaciones de la policía costera.
Pero las pateras no reúnen condiciones para navegar por el mar, pues basta con un poco de viento para que pierdan el rumbo o zozobren. Este año arribaron a las costas españolas más de 1.300 pateras, con entre 30 y 40 personas a bordo cada una.
De ese total, 800 fueron aprehendidas por la policía costera, mientras 500 lograron burlar el cerco policial y desembarcar a los inmigrantes sin pasar los trámites migratorios y aduaneros de rigor.
Las capturadas de 1999 habían sido 475. Diez años antes, cuando por primera vez se detectaron las pateras en el estrecho de Gibraltar, solo se apresaron siete.
Al comenzar en marzo de 2000 el proceso de regularización de inmigrantes, el gobierno calculaba en algo menos de 100.000 a los irregulares, pero fueron 226.570 los que presentaron su solicitud.
Del total, 137.454 fueron aceptados, las autoridades tienen pendiente la revisión de 61.365 casos y 27.751 recibieron una carta que les informa que deben abandonar el país, informó la delegación gubernamental para la inmigración.
El contraste tecnológico del fenómeno de las pateras es la barrera electrónica levantada por España en las fronteras que separan de Marruecos a Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas enclavadas en la costa norte de Africa.
El gobierno gastó hasta ahora unos 30 millones de dólares en la construcción de garitas de vigilancia personal y electrónica y alambrado electrificado alrededor de Ceuta y Melilla. Según fuentes oficiales, en el próximo lustro se emplearán para eso cada año otros 30 millones de dólares.
Las mismas fuentes señalan que al finalizar 2000 los inmigrantes radicados en España serían aproximadamente un millón.
Pero la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), una de las dos centrales mayoritarias, advirtió que la mitad de esos extranjeros son nacionales del resto de la Unión Europea y que por ese motivo tienen garantizada la libre circulación, la residencia y el derecho de trabajo.
Este año, el gobierno dispuso mecanismos para que todos los residentes en España en situación irregular pudieran regularizarla, para lo cual se les exigió al menos dos años de afincamiento comprobado en el país y un trabajo u oferta de trabajo verificable.
Se aprobó la solicitud de 32.229 marroquíes, 15.840 ecuatorianos, 11.023 colombianos, 6.265 chinos, 5.679 rumanos, 4.449 argelinos, 3.104 senegaleses, 2.571 polacos, 2.349 argentinos, 2.285 pakistaníes, 2.261 brasileños y 2.125 ucranianos.
La presión inmigratoria, sin ser tan fuerte como en Alemania o Francia, despierta variadas reacciones. Desde los empresarios agrícolas y de la construcción, que reclaman más inmigrantes para cubran puestos de trabajo vacantes, hasta quienes exhiben actitudes xenófobas.
Un informe del oficial Instituto de la Juventud señala que 30 por ciento de los españoles de entre 15 y 29 años de edad piensa que la inmigración será, a largo plazo, «perjudicial para la raza».
Pero también hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que, junto con las centrales sindicales, reclaman un trato digno y humano para los inmigrantes.
CCOO considera poco realista la estrategia de cierre de fronteras, que, en lugar de regular el ingreso de trabajadores extranjeros, origina un aumento del número de extranjeros, en especial africanos, que eligen arriesgar sus vidas para pisar suelo europeo.
El gobierno, por su parte, insiste en aplicar la nueva Ley de Extranjería cuya aprobación logró este año, con su mayoría absoluta en el parlamento, y que impone una serie de trabas al ingreso de inmigrantes.
Pero el delegado gubernamental para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, cree que esa ley es adecuada para romper lo que el denomina «el círculo vicioso de los sin papeles»: «Entrada clandestina, permanencia ilegal, explotación laboral, pobreza, prostitución, marginalidad y enfrentamientos sociales». (FIN/IPS/af/mj/pr hd/00
