El Senado de Argentina postergó el ascenso de cinco militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1976-1983), pero aprobó el de otros cuatro, en una lista de 175, señalados por grupos humanitarios de participar en alzamientos contra la democracia.
Tras dos días de debates parlamentarios y de polémicas públicas, cuatro tenientes coroneles lograron el jueves ascender a coroneles, mientras que los otro cinco oficiales cuestionados deberán esperar hasta marzo para ver si pasan al grado superior.
La discusión del Senado afectó al propio gobierno de Fernando de la Rúa, ya que la secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y la viceministra de Interior, Nilda Garré, se declararon contrarias al ascenso de oficiales señalados por delitos contra la humanidad y el sistema democrático.
«El gobierno que integro estaría mucho más seguro si evitamos el ascenso de militares golpistas», dijo este jueves Garré, cuyas declaraciones fueron calificadas de «impertinentes» e «inoportunas» por legisladores del oficialismo y de la oposición.
Uno de los beneficiados por la decisión del Senado es Luis Candía, identificado como parte del grupo de combate llamado «carapintada», que se alzó sin éxito contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) en la Semana Santa de 1987.
Los otros tres colegas de Candía que lograron sortear las dudas del Senado son Jorge Cáceres, Daniel Oneto y Jorge Daura.
Candía fue puesto a disponibilidad por el ejército en 1988, tras ser acusado del secuestro de un empresario, proceso del que fue exculpado por falta de pruebas.
Los cinco oficiales que quedaron a la espera de que los senadores repasen sus antecedentes durante la represión de los años 70 son el coronel Hugo Casela y los tenientes coroneles Virgilio Moschino y Oscar Vaquero, del ejército, y los capitanes de fragata de la marina Edgardo Rodríguez y Carlos Anzoátegui.
En Argentina, los militares deben atenerse, para progresar en la carrera, a la decisión del Senado tras estudiar las listas de nombres y antecedentes que propone el Ministerio de Defensa.
Desde la reinstalación de la democracia en 1983, el Congreso se enfrentó a la disyuntiva de resolver sobre casos de militares cuestionados por su actuación durante la dictadura, pero este problema podría incrementarse a partir de ahora.
Cristina Caiti, del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo a IPS que a medida que pasa el tiempo los gobiernos se ilusionan pensando que los organismos harán «menos ruido», pero advirtió que eso no es posible porque ahora llegan a grados superiores militares muy cuestionados.
Se trata de oficiales que estuvieron en segundas y terceras líneas de mandos durante la dictadura y que fueron beneficiados con las leyes de amnistía de 1985 y 1987, a pesar de que muchos de ellos tenían procesos en marcha, acusados de haber participado directamente en secuestros, torturas y desapariciones de personas.
El Centro y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos objetaron la lista propuesta por el ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, quien defendió a los acusados indicando que se hacía «cargo de los oficiales, de su calidad, sus atributos profesionales y su idoneidad moral».
En este sentido, la presidenta de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, rechazó este justificativo de López Murphy.
«A nosotras no nos importa que un ministro diga que se hace cargo de la moral de un asesino, porque eso puede significar que lo está reivindicando», dijo Carlotto, quien lidera el grupo que busca a menores secuestrados y presuntamente entregados en adopción en forma ilegal.
Por su parte Caiti consideró «lamentable que el ministro dedique tanto esfuerzo a defender a oficiales que participaron de la represión ilegal o que atentaron contra la democracia», y añadió que esa postura «ofende a las organizaciones que trabajamos desde hace años con absoluta seriedad».
La dirigente recordó que el Congreso siempre consulta la lista de oficiales acusados de cometer delitos contra la humanidad, elaborada por ocho grupos humanitarios en los años 80 y a la cual se le agregaron nombres en los últimos 20 años aportados por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
En los últimos cinco años, al menos una decena de veces representantes de esas agrupaciones denunciaron que en las listas del Ministerio de Defensa se incluyeron nombres de militares involucrados en la represión o en los levantamientos contra gobiernos democráticos.
Durante la dictadura militar desaparecieron al menos 11.000 personas, según los registros oficiales, aunque los activistas humanitarios aseguraran que fueron 30.000 las víctimas de la represión.
Los jefes militares de la dictadura fueron condenados, en su mayoría a cadena perpetua, por esos y otros delitos, pero luego fueron indultados por el presidente Carlos Menem (1989-1999). (FIN/IPS/mv/dm/ip hd/00
