El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, decretó hoy la conmutación de penas para 10 de 12 presos políticos que, en respuesta, suspendieron la huelga de hambre que mantenían hace 116 días para reclamar el derecho de apelación de sus condenas.
Familiares de los reclusos, que estaban sentenciados a perpetuidad por el asalto a un cuartel militar en 1989, anunciaron desde la Plaza de Mayo -frente a la casa de gobierno- que la prolongada huelga de hambre había sido levantada.
Los presos, que no obtendrán de inmediato la libertad, presentaban un cuadro crítico de salud, con anemia y otros síntomas que podrían acentuarse cuando comiencen a alimentarse, advirtieron los médicos que los asisten.
Tras fallidos intentos de discutir iniciativas de ley en el Congreso, y luego de la negativa de la justicia a pronunciarse sobre el pedido de apelación, De la Rúa redujo a dos tercios las sentencias impuestas a los miembros del izquierdista Movimiento Todos por la Patria.
Los condenados asaltaron en 1989 el cuartel de La Tablada, en las cercanías de la capital, con un saldo de 39 muertos y fueron juzgados de acuerdo con una ley de excepción, la llamada Ley de Defensa de la Democracia, que no admite la apelación.
Nueve de los prisioneros estaban sentenciados a prisión perpetua y dos, a reclusión perpetua, penas que excluyen la libertad condicional hasta que no purguen entre 25 y 20 años de prisión, respectivamente.
Con el decreto, el Estado fija en 25 años la reclusión de Roberto Feliceti, considerado el principal responsable del asalto a la guarnición militar, y al mismo tiempo reduce esa prisión a dos tercios. Es decir, Feliceti podría obtener la libertad condicional en 2006, en lugar de 2014.
La pena de Claudia Acosta, también sentenciada a reclusión perpetua, fue fijada en 22 años, por lo que lograría la libertad condicional en 2003.
Otros nueve presos, con penas de prisión perpetua, vieron fijada este viernes su condena en 20 años, por lo que podrán solicitar la libertad condicional en poco más de un año.
No obstante, algunos podrán obtener en algunos meses autorización para salir durante el día de la cárcel, para trabajar, aunque con la obligación de regresar por la noche.
Pero no se les concederá de momento un nuevo juicio ni el reclamado derecho a la apelación.
La conmutación no alcanzó al ex jefe guerrillero Enrique Gorriarán Merlo ni a su esposa Ana María Sívori, quienes habían logrado una segunda instancia judicial, que fijó sus sentencias en 18 años.
Gorriarán fue dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las organizaciones guerrilleras que operaron en Argentina en los años 70, y hacia 1985 se atribuyó públicamente el asesinato en Paraguay del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza.
También quedan exluidos otros dos integrantes de Todos por la Patria que purgan su condena en España por tener doble nacionalidad.
La resolución presidencial tuvo el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace tres años insiste en recomendar al Estado argentino garantías de igualdad ante la ley para los condenados por el caso de La Tablada.
Según el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, hermano del presidente, la CIDH valoró los esfuerzos del Poder Ejecutivo por tratar de dar respuesta al reclamo de los prisioneros y reconoció que las iniciativas del gobierno ante el Congreso y el Poder Judicial no tuvieron el tratamiento adecuado.
La CIDH consideró probado que al menos nueve prisioneros del movimiento izquierdista fueron ejecutados luego de su rendición, que todos fueron torturados y que tres permanecen desaparecidos. A la vista de esas comprobaciones, pidió una segunda instancia o alguna otra reparación para los prisioneros.
Numerosos artistas y dirigentes humanitarios del país y del mundo, entre ellos el escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura, y el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, advirtieron que la imposibilidad de apelar un fallo judicial contradice los tratados internacionales de derechos humanos que son ley en Argentina.
El gobierno intentó que el Congreso aprobara distintos proyectos de ley que preveían la modificación de la Ley de Defensa de la Democracia, pero todas las iniciativas fracasaron por la falta de apoyo de legisladores de la oposición y del oficialismo.
El caso sorprendió al país y al mundo el 23 de enero de 1989 cuando el grupo de militantes izquierdistas irrumpió en el regimiento de La Tablada con el argumento de que allí se gestaba un golpe de Estado contra el entonces presidente Raúl Alfonsín, que ya estaba cerca de finalizar su mandato. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
