Una delegación internacional de sindicalistas realiza en Venezuela un esfuerzo de última hora para evitar el plebiscito del próximo domingo, organizado por el gobierno para reformar las organizaciones de trabajadores.
Bill Jordan, secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), y otros líderes sindicales de Africa, América Latina, Estados Unidos y Europa, pidieron este miércoles en Caracas la cancelación de la consulta.
El plebiscito, que se realizará este domingo en forma simultánea a las elecciones municipales, fue confirmado el martes por el Tribunal Supremo de Justicia por entender que se ajusta a la Constitución.
La campaña política para los comicios municipales fue totalmente desplazada por el debate causado por la propuesta gubernamental de reformar las centrales sindicales venezolanas.
Jordan arguyó, al oponerse a la consulta, que ésta viola los artículos 87 y 98 del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que cualquier modificación de las organizaciones sindicales corresponde a los afiliados.
El Consejo Nacional Electoral, tras hacer ajustes a la propuesta de la Asamblea Nacional (parlamento), resolvió que los ciudadanos venezolanos voten si están de acuerdo o no con la remoción de la actual dirigencia sindical.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha señalado en forma reiterada que existe corrupción en los sindicatos, en especial en la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que representa a la abrumadora mayoría de los trabajadores.
En caso de ganar la reforma sindical se abre un período de «transición», que incluye la realización de una asamblea constituyente del movimiento sindical, explicó el diputado Nicolás Madura, del gobernante Movimiento V República (MVR) y cabeza visible de lo que se considera una ofensiva de Chávez.
El panameño Luis Anderson, secretario de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), dijo a IPS que "el caso venezolano puede establecer un peligroso precedente».
Anderson agregó que los dirigentes sindicales internacionales llegaron a Venezuela «no sólo para apoyar a la CTV, sino para alertar al mundo sobre el peligro que corre la libertad sindical».
La CTV, otras organizaciones sindicales y de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República habían presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia alegando la violación de los artículos 87 y 98 del convenio de la OIT, además del artículo 95 de la Constitución.
El máximo tribunal decidió en forma unánime que el plebiscito no viola los referidos artículos, y que éste no significa la intervención de los sindicatos ni su suspensión.
Marino Alvarado, coordinador del área jurídica de la organización humanitaria Provea, aseguró a IPS que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia "desconoce flagrantemente las Constitución y los convenios internacionales suscritos por el país".
Según la nueva Constitución, todos los acuerdos internacionales firmados por Venezuela tienen carácter de ley nacional.
«No venimos a defender la corrupción, venimos a defender el derecho consagrado internacionalmente para que los afiliados a los sindicatos puedan elegir a sus líderes sin la intervención del gobierno", recalcó Jordan en una concurrida conferencia de prensa.
La Ciosl, si se lleva a cabo el plebiscito, implementará una campaña internacional que buscará «aislar a Venezuela hasta que el gobierno recapacite y permita la libertad sindical», indicó.
Por su parte, el abogado Humberto Villasmil, asesor de la CTV, confirmó a IPS que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras «se espera una condena de la OIT, que sólo tiene carácter moral, pero que será muy importante».
La OIT ha enviado diversas comunicaciones al gobierno de Venezuela.
En respuesta, el presidente Chávez retó a la organización y criticó que no hayan venidos con anterioridad «a defender los derechos de los trabajadores ante los sindicalistas corruptos".
Jordan y los demás sindicalistas de Brasil, Canadá, España, Japón, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica y Suecia hicieron un último llamado a Chávez para que detenga la realización de la consulta.
«Presidente aún está a tiempo, no debe subestimarse nuestra fuerza, nuestra posibilidad de presión», dijeron en una declaración pública.
Jordan aseguró que «la corrupción se ha usado como cortina de humo para desviar la atención, y lo que representa la consulta es la posibilidad de mayor concentración de poder del gobierno de Chávez».
El secretario general de la Ciosl retó al gobierno venezolano a que lleve a prisión a dirigentes sindicales por casos de corrupción, siguiendo los canales regulares de la justicia. «Si hay corruptos porqué no son detenidos», preguntó.
Analistas locales estiman que la remoción de la dirigencia sindical provocará una situación de confusión mientras se define el mecanismo para la elección de los nuevos liderazgos, y posteriormente podría conducir a consolidar una cúpula afín al partido de gobierno.
Por su parte, el presidente de la CTV, Federico Ramírez León, advirtió que habrá «resistencia civil para defender la institucionalidad» y aseguró que no abandonarán las sedes de las organizaciones sindicales.
«Se avizora una confrontación que no estamos propiciando nosotros», agregó. (FIN/ac/dm/ip-lb/00
