La crisis institucional de Perú llegó hoy a su punto culminante, cuando el presidente Alberto Fujimori, que ya había acortado su tercer mandato de cinco a sólo un año, anunció desde Tokio que en los próximos días presentará su dimisión ante el Congreso.
Fujimori, acusado por el novelista Mario Vargas Llosa de conducir «la más bochornosa experiencia política, la más degradante y cruel que haya padecido el pueblo peruano», explicó que su dimisión obedece a la pérdida de la mayoría parlamentaria, que hace prácticamente imposible su gobierno.
Según el régimen constitucional vigente, en caso de renuncia o vacancia, debe asumir la Presidencia el primer vicepresidente, Francisco Tudela. El orden de sucesión sigue por el segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, y por el presidente del Congreso unicameral, el opositor Valentín Paniagua.
Pero, sea quien sea el nuevo titular del Poder Ejecutivo, lo será de modo provisorio, hasta el 28 de julio de 2001, pues Fujimori renunció en septiembre pasado a completar el mandato de cinco años para el que fuera elegido en mayo de este año.
El presidente interino tendrá el cometido de garantizar las elecciones anunciadas para abril, de las que surgirán un nuevo mandatario y una nueva legislatura. De momento, la realidad es de crisis institucional y de grave recesión económica .
Fujimori se encuentra en Tokio, donde llegó el viernes, después de participar en Singapur de la cumbre del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, del que Perú forma parte.
Supuestamente estaba en la capital japonesa de paso hacia Perú, pero postergó su retorno pretextando una gripe en la que pocos creen en Lima.
La dimisión del mandatario fue comunicada este domingo por el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, quien aseguró que Fujimori llegará a Lima el próximo miércoles. Algunos opositores dudan que lo haga y hablan de «obligarlo a venir a dar cuentas».
Fujimori se anticipó aparentemente a la discusión en el Congreso de una moción, anunciada por la nueva mayoría parlamentaria opositora para el martes, destinada a declarar vacante la Presidencia por presunta incapacidad moral de quien la ejerce.
Según la Constitución vigente, propuesta por el propio Fujimori y promulgada en 1993, el Congreso puede destituir al presidente en caso de traición a la patria o si considera que carece de capacidad moral para permanecer en el puesto.
Para adoptar esta decisión basta mayoría simple, y en el caso de incapacidad moral, una «acusación de difícil probanza», según el jurista Javier Valle Riestra, no se requiere la ratificación de la Corte Suprema de Justicia.
«Este dispositivo constitucional configura una notable vulnerabilidad para el cargo presidencial, pues basta que el primer mandatario pierda la mayoría en el Congreso para quedar expuesto a la destitución», señaló el analista Raúl Serrano.
Fujimori perdió el apoyo del parlamento la semana pasada, cuando los congresistas que responden a Vladimiro Montesinos, prófugo ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), votaron por la destitución de la presidenta del Congreso, Marta Hildebrandt, y su relevo por el opositor Valentín Paniagua.
Los 16 congresistas vinculados supuestamente a Montesinos abandonaron las filas «fujimoristas», dejando al oficialismo en minoría.
Montesinos, considerado hasta agosto socio de Fujimori en el manejo del poder político, pues a través del SIN controlaba las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, fue destituido por el presidente el 15 de septiembre, tras la difusión de un vídeo que lo mostraba en el momento en que sobornaba a un parlamentario opositor.
Montesinos quiso resistir su destitución, amenazó con un golpe militar y luego huyó a Panamá. Pero debió regresar a Perú, pues el gobierno de Mireya Moscoso le negó asilo, y permanece en paradero desconocido.
Autoridades bancarias suizas revelaron que Montesinos tiene en tres bancos de ese país poco más de 48 millones de dólares y la extendida sospecha es que logró esa cantidad de complicidad con narcotraficantes.
Aunque desde hace dos meses se esperaba que Fujimori renunciara en cualquier momento, la dimisión conocida este domingo impactó y dividió en cierto modo a la oposición en torno de las tres opciones legales para realizar la sucesión.
El primer vicepresidente, Tudela, renunció el 23 de setiembre, pero su decisión aún no ha sido aceptada por el Congreso.
Si los parlamentarios aceptan la dismión de Tudela, o éste la confirma, la Presidencia interina recaería entonces en el segundo vicepresidente, Márquez.
El segundo vicepresidente hizo saber este domingo que está dispuesto a hacerse cargo de la Presidencia interina, pese a que la semana pasada había asegurado que si Fujimori dimitía él haría lo mismo.
El presidente del Consejo de Ministro, Federico Salas, informó que Márquez se ha puesto en contacto con los jefes de las Fuerzas Armadas y que recompondría el gabinete ministerial. Los ministros de Fujimori presentaron este domingo su renuncia.
Pero Márquez no es aceptado por la oposición, y algunos congresistas del partido Perú Posible, del ex candidato presidencial Alejandro Toledo, anunciaron que promoverán su destitución. No confían en su capacidad moral, según dijeron, dado que se trata de un seguidor de Fujimori.
Lourdes Flores, líder del opositor Partido Popular Cristiano y precandidata a la Presidencia para las elecciones de abril, opinó que debía invitarse a Tudela a reconsiderar su renuncia, para que ejerza la presidencia provisional hasta el 28 de julio y encabece la transición política.
Por su parte, Perú Posible y el bloque «montesinista» insisten en que Márquez debe renunciar y proponen ceder la Presidencia provisoria al presidente del Congreso, Paniagua.
«En estas posturas a favor de Tudela o de Paniagua hay en el fondo la intención de sacarlos de la contienda electoral del 8 de abril, pues ambos son candidatos con buenas posibilidades de ganar la Presidencia», advirtió el sociólogo Flavio Solorzano.
Tudela, quien pese a su renuncia y su relativo distanciamiento de Fujimori puede heredar el capital electoral de éste, encabeza las encuestas de intención de voto para abril, con 25,9 por ciento. Lo sigue Toledo, con 16,6 por ciento, según la empresa IMA.
Fujimori no tenía antecedentes políticos cuando en 1990, en medio de una profunda crisis económica e institucional, venció en elecciones presidenciales a Vargas Llosa, que tampoco tenía trayectoria partidaria.
Instalado su gobierno en julio del mismo año, Fujimori lanzó un severo plan de ajuste para acabar con la hiperinflación y fortaleció la lucha contra las organizaciones guerrilleras Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Dos años después disolvió el Congreso y suspendió la actividad del Poder Judicial, arguyendo que la inoperancia y la corrupción del parlamento y de la justicia impedían la reconstrucción del país.
Su administración logró controlar la inflación y la economía se reanimó, con base en medidas de apertura comercial. En 1995 logró su primera reelección, con ayuda también de sus triunfos contra las organizaciones insurgentes.
El golpe más espectacular contra los guerrilleros fue la captura en 1992 de Abimael Guzmán, fundador y líder de Sendero Luminoso.
Pero organizaciones de derechos humanos peruanas e internacionales comenzaron a denunciar desmanes de un régimen que controlaba al Poder Judicial y recurría a la llamada legislación antiterrorista para mantener encarceladas sin pruebas a varias personas.
Su segunda reelección, en mayo de este año, fue denunciada interna e internacionalmente por Toledo como una operación fraudulenta. (FIN/IPS/al/ff/ip/00
