El pueblo palestino no sólo está airado con los israelíes que invaden sus tierras, sino también con la comunidad internacional por su incapacidad para defender los derechos humanos de los civiles, sostuvo un comité de la ONU.
Mientras, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, reiteró este lunes su llamado a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para que despliegue una fuerza de paz que garantice la seguridad de su pueblo en los territorios ocupados.
Los disturbios continuaron el domingo en esa zona, pese a la tregua pactada la semana pasada entre Arafat y el ministro israelí de Cooperación Regional y el ex primer ministro, Shimon Peres.
«Estoy pidiendo la presencia de fuerzas internacionales para que nos protejan, para que detengan los ataques contra nuestro pueblo», afirmó Arafat este lunes.
El mandatario tiene previsto reunirse este jueves en Washington con el presidente estadounidense Bill Clinton en un nuevo intento para acabar con el conflicto que ya dejó un saldo de más de 170 muertos, la mayoría palestinos. Barak viajará a Washington el próximo domingo.
Si las conversaciones con Clinton tienen éxito, existe «una buena posibilidad» de que se concrete un encuentro entre Arafat y Barak, afirmó Peres este lunes.
Entre los palestinos «existe una sensación de desamparo, frustración y furia», señala un estudio de 46 páginas elaborado por el Comité Especial para Investigar las Prácticas Israelíes, integrado por delegados de Sri Lanka, Malasia y Senegal.
El comité, establecido por la Asamblea General de la ONU en 1968, realizó sus audiencias en El Cairo, Amman y Damasco, puesto que Israel no permitió que investigara en su territorio las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Varias personas denunciaron ante el comité continuas violaciones a los derechos humanos por parte de los israelíes, entre ellas restricciones respecto a la tierra, vivienda y agua, y el uso excesivo de la fuerza.
Todos estos abusos tuvieron lugar en los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, ocupados o anexados por Israel luego de la la Guerra de los Seis Días en 1967.
«Las negociaciones para el proceso de paz son muy importantes, pero es también imperativo que se le dé inmediata atención a los derechos humanos en los territorios ocupados. Existe la sensación de que esto no está se está haciendo y ello está provocando una gran frustación», sostuvo el comité.
La Autoridad Nacional Palestina acusa al comité especial de ser incapaz de ayudar a las víctimas de los abusos isralíes, señala el estudio.
El comité puso en cuestión la opinión generalizada de que el gobierno del primer ministro Ehud Barak tuvo una mejor actitud con los palestinos que el gobierno de su antecesor, el derechista Bejamín Netanyahu.
Con la elección de Barak, en mayo de 1999, la situación en los territorios ocupados empeoró, en especial luego de que el primer ministro otorgara 3.200 permisos a judíos para construir sus casas en tierras palestinas, 200 más de los otorgados por el gobierno de Netanyahu, según el informe.
El comité reveló que el gobierno israelí llevó a cabo una confiscación a gran escala de tierras palestinas, de acuerdo con información brindada por testigos. «Esta escalada fue acompañada de una campaña internacional israelí para influir en la opinión pública», agrega en su informe.
Datos extraoficiales indican que en 1984 el porcentaje del territorio de Cisjordania confiscado por las autoridades israelíes se elevó a 41 por ciento, a 60 por ciento en 1991 y a 73 por ciento en 1998.
Un testigo afirmó que Israel invierte grandes fortunas en construir enormes barrios judíos en Jerusalén oriental. De esa manera, las autoridades israelíes están «asfixiando el desarrollo de la población palestina, a la que consideran una «amenaza demográfica» al control israelí de la ciudad.
Estas políticas israelíes originaron una escasez de vivienda y hacinamiento en los barrios palestinos. «Casi uno de cada cuatro hogares palestinos en la ciudad están superpoblados, un fenómeno que no existe entre las familias judías», señala el informe.
Pero uno de los problemas más serios que afrontan los palestinos es la escasez de agua y la manera en que es distribuida, sostuvo el comité. Los palestinos reciben sólo una cuarta parte de la cantidad de agua a la que tienen acceso los judíos.
Un testigo afirmó que a los habitantes árabes de Cisjordania sólo se les permite utilizar 110 millones de metros cúbicos de los 800 millones destinados a la zona cada año. «Muchos distritos de la ciudad pasan meses sin agua, sobre todo en verano», destaca el estudio.
Las detenciones administrativas a palestinos continuaron, pero la cantidad de arrestados se redujo de los 100 de comienzos de 1999 a 14 a fines de ese mismo año.
Ahora hay unos 1.500 palestinos detenidos en cárceles isralíes y a 200 de ellos se le niegan las visitas familiares por periodos de hasta un año, según el Club de Prisioneros Palestinos.
El comité especial concluye que «sigue siendo un asunto de profunda preocupación» que los palestinos vivan en este contexto de exclusión de sus propias tierras. (FIN/IPS/tra- eng/td/da/rp/mj/hd ip/00
