Defensores de los derechos humanos pretenden que el gobierno de Marruecos lleve a juicio a aquellos funcionarios y militares que torturaron a detenidos políticos durante la represión estatal reinante entre 1970 y 1990.
La presión sobre el gobierno aumentó desde que el rey Mohammed VI ascendió al trono en julio de 1999 tras la muerte de su padre, Hassan II.
«El aire fresco de libertad y democracia que sopla en Marruecos… alentó a los activistas a exigir el juicio de los torturadores», dijo el activista Mohamed Rifai.
La represión estatal recrudeció a principios de los años 70, luego de un fallido intento de golpe de Estado dirigido por el general Mohamed Oufkir, ministro de Defensa y mano derecha del rey Hassan, quien pretendía derrocar la monarquía e instaurar la república.
El fracaso del golpe condujo a la represión de oficiales del ejército, que se sospechaban habían participado de la medida de fuerza, y de dirigentes de izquierda. Cientos de personas fueron asesinadas o murieron en la cárcel desértica de Tazmammart y en otros centros de detención.
Aunque la represión sistemática disminuyó en los años 80, la situación cambió definitivamente cuando a principios de los años 90 el rey Hassan, ante gran presión internacional, decidió liberar a los presos políticos.
El nuevo rey Mohammed VI autorizó el pago de indemnizaciones a los presos políticos y sus familias, y destituyó al poderoso ministro del Interior de su padre, Driss Basri.
Se dice que Basri, cuyo poder fue casi tan grande como el del rey durante más de 20 años, fue responsable de los pésimos antecedentes del país en materia de derechos humanos.
El año pasado se comenzaron a saber las historias de los presos políticos.
El teniente Mohamed Raiss publicó su ordalía en el diario Al Ittihad Al Ichtiraqi, de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, dirigida por el primer ministro Abderrahmane Yossoufi.
Raiss relató la situación inhumana en que se encontraban los presos en Tazmammart y contó en detalle la tortura que padecían diariamente.
«Cientos de detenidos fueron llevados a la cárcel y sólo una veintena sobrevivió sin sufrir cicatrices indelebles. Nada en el mundo puede compensar los largos años pasados en las mazmorras», dijo Raiss.
Otro preso liberado, Mohamed Mahri, también publicó su historia en el mismo diario, junto con una lista de 20 presos muertos en la cárcel de Moulay Chrif, en Casablanca.
Según Mahri, Mahmoud Archane, ex ministro y actual legislador y dirigente del Partido Movimiento Democrático y Social, fue el principal torturador de la prisión de Casablanca. Archane era entonces el jefe de la policía.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) se sumó a la campaña para que los torturadores comparezcan ante la justicia. El mes pasado entregó una carta al ministro de Justicia con una lista de nombres de 14 funcionarios y oficiales que deben ser juzgados por crímenes contra la humanidad.
El general Husni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real, Hamidou Anigri, jefe del departamento de inteligencia, Driss Basri y Mahmoud Archane están en la lista.
«Lo grave es que varios funcionarios responsables de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos siguen en sus cargos. Esto es una provocación a la sensibilidad del pueblo marroquí», destacó la organización de derechos humanos.
El mes pasado, activistas y liberados se manifestaron frente al Palacio de Justicia, exhortando al gobierno a juzgar a los funcionarios y oficiales responsables de violar los derechos humanos. La policía utilizó la fuerza para disolver la protesta.
«El gobierno es responsable de proteger a altos funcionarios y oficiales del ejército involucrados en el secuestro y la tortura de activistas políticos», declaró Fouad Abdelmoumni, de AMDH.
El rey Mohammed VI no se ha declarado al respecto.
Observadores en Rabat creen que el régimen no juzgará a los responsables. «Sería como juzgar al padre del rey, Hassan, ya que los torturadores actuaron bajo sus órdenes», según el activista Mohamed Rifai.(FIN/IPS/tra-en/na/da/aq/hd-ip/00
