ECONOMIA: ONG alegan que agencias de crédito financian corrupción

Más de 350 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 45 países acusaron a agencias de crédito para exportación de apoyar proyectos en países en desarrollo que se llevan adelante mediante prácticas de corrupción.

Las ONG, firmantes de la Declaración Junio 2000 de Yakarta por la Reforma de Créditos Oficiales para Exportación y Agencias de Seguros de Inversión, presentarán sus acusaciones y reclamos en la materia al Grupo de Créditos para la Exportación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El planteo será realizado este mes en París, durante una reunión de la OCDE, integrada por países industrializados.

Las agencias de créditos para exportación (ACE) son instituciones financieras con respaldo público, que brindan préstamos, servicios de garantía y seguros de riesgo a fabricantes e inversores para hacer negocios fuera de sus países de origen.

Gran parte de las operaciones de las ACE respaldan la venta de servicios o de bienes de capital, por ejemplo maquinarias o aviones. Las ONG afirmaron que en muchos casos esas ventas son aseguradas mediante el pago de sobornos en los países en desarrollo compradores.

Numerosos proyectos en países en desarrollo financiados por las ACE han tenido consecuencias humanitarias o ambientales desastrosas, y algunos de ellos son investigados por corrupción.

Las ACE de países industrializados proveen 100.000 millones de dólares anuales para financiar proyectos, y las ONG sostienen que muchas de esas agencias no analizan el impacto humanitario y ambiental de los proyectos que respaldan.

El valor total de los créditos brindados por las ACE supera al de los otorgados por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero las agencias no habían sido hasta ahora objeto de críticas comparables con las recibidas por el banco y el FMI.

Las ONG pedirán a la OCDE que los exportadores que solicitan créditos oficiales firmen una declaración en la cual se comprometan a no realizar pagos ilegales en los proyectos para los cuales pidan financiamiento.

Las ONG quieren que las agencias estén obligadas por la ley a investigar si los proyectos que apoyan implican prácticas de corrupción, y a suspender acuerdos si se comprueba que la existencia de tales prácticas.

También piden que el contenido de los proyectos respaldados por las ACE sea accesible a los parlamentos y a la sociedad civil.

El Banco Mundial estima que el pago de sobornos en operaciones económicas internacionales puede ascender en la actualidad a unos 80.000 millones de dólares anuales.

Tres consorcios internacionales, nueve compañías privadas y tres empleados de firmas constructoras de diques son juzgadas en Lesotho bajo la acusación de haber pagado un soborno de 2.000 milones de dólares al ex responsable del Proyecto Acuífero para las Tierras Altas de ese país.

El Banco Mundial, que financió parte de ese proyecto, lleva a cabo una investigación interna para establecer si hubo funcionarios de esa institución involucrados en el soborno, pero las ACE de países de la OCDE y de otras naciones que respaldaron el proyecto en Lesotho no han adoptado medidas.

Las ACE «Se trata de entidades que hacen caso omiso de la ley y se cubren unas a otras del escrutinio público. No es fácil conseguir que sus actividades sean reguladas», declaró John Sohn, de la ONG ambientalista Amigos de la Tierra.

En febrero del año pasado entró en vigencia la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Empleados Públicos en Transacciones Internacionales de Negocios, en el cual se establece que el pago de esos sobornos a funciohnarios extranjeros es un delito penal.

Varias ONG han criticado que esa convención no obligue a las ACE a anular créditos o garantías otorgados a proyectos que impliquen sobornos.

El soborno a funcionarios extranjeros para lograr contratos es habitual en países industrializados, en especial en sectores vinculados con el comercio de material bélico y las obras públicas, afirmó en un documento de trabajo sobre corrupción Ditter Frisch, de la ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín.

Frisch señaló que el valor de los sobornos es registrado en términos contables como «comisiones» e incluido en el monto total del contrato correspondiente, cubierto por la garantía y válido para deducir impuestos.

También indicó que el monto de las indemnizaciones a exportadores por contratos de seguros cubre las sumas pagadas por esas «comisiones» que son en realidad sobornos, las cuales suelen representar entre 10 y 20 por ciento del valor de los contratos y a veces más.

«No podemos hablar por otras agencias, pero nosotros siempre hemos tratado de mantener la transparencia y tenemos abundantes datos disponibles en nuestros sitios de Internet (la red munidal de computadoras», aseguró Timothy Harwood, de la ACE Overseas Private Investment Corporation.

Otras ACE consultadas por medios de comunicación no respondieron o indicaron que los empleados que podían responder no estaban presentes.

Este año, la ACE Corporación Canadiense para el Desarrollo de las Exportaciones fue acusada de respaldar proyectos cuyas consecuencias fueran desastrosas o que implican graves peligros.

Esa corporación financió el proyecto de la mina Marcopper en Filipinas, donde un masivo derrame de residuos causó el mayor desastre industrial de ese país, que obligó a evacuar cinco aldeas y a desplazar a 20.000 personas.

El derrame causó la pérdida total de la vida acuática y la productividad biológica en las áreas afectadas, según una investigación de la Organización de las Naciones Unidas.

Las ONG señalaron la responsabilidad de esa ACE canadiense en proyectos de instalación de reactores nucleares que han tenido fallas en diversos países, y en el Proyecto Hidroeléctrico Urra de Colombia, que destruyó las fuentes tradicionales de alimentación de la comunidad indígena embera katio. (FIN/IPS/tra- eng/gm/da/ego/mp/if ip hd en/00