Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), excepto Estados Unidos, dictaminaron que el Organo de Apelación de la institución se excedió al invitar a las organizaciones no gubernamentales a participar en cuestiones legales.
Esa decisión, adoptada por el Consejo General de la OMC esta semana, reabrió el debate sobre el aporte de la sociedad civil a las discusiones en el sistema multilateral del comercio y desnudó diferencias internas en la institución que tiene sede en Ginebra.
En la OMC, que se ha ganado la fama en los últimos años de constituir uno de los centros internacionales de poder más dominantes, coexistían hasta ahora en delicado equilibrio dos cuerpos, el Consejo General y el Organo de Apelación.
El Consejo actúa como máxima jurisdicción política cuando la conferencia ministerial de la OMC no está sesionando, mientras que el Organo de Apelación es la instancia superior del sistema de solución de diferencias, un mecanismo judicial único entre los regímenes multilaterales.
Los 139 estados miembros gobiernan la OMC a través del Consejo General, mientras que el `rgano de Apelación está integrado por siete juristas de prestigio que provienen de todas las regiones.
Pero el Organo de Apelación cobró mayor relieve por la trascendencia de las decisiones que adoptó en los últimos tiempos, en casos como los de pesca de camarones en detrimento de las tortugas marinas, de comercio de banano en la Unión Europea y de gasolina reformulada venezolana en Estados Unidos.
El jefe de la misión de India ante la OMC, Srinivasan Narayanan, estimó que el Organo de Apelación «es la institución más poderosa del mundo, inclusive más que el Grupo de los Ocho» integrado por las siete naciones más industrializadas y Rusia.
El poder acumulado por ese organismo «debe espantar a todos, incluidos los propios miembros del Organo de Apelación», alertó Narayanan.
Los estados integrantes de la OMC sostuvieron en el debate de esta semana que el Organo de Apelación abusó de sus poderes al invitar a organizaciones no gubernamentales a presentar sus opiniones en el caso promovido por Canadá contra los obstáculos impuestos por Francia a la importación de productos que contienen amianto.
El fallo de primera instancia, adoptado por un grupo especial (panel), dio la razón a Francia, pero Canadá entabló un recurso que el Organo de Apelación debe ahora dirimir.
El hecho novedoso fue la invitación a las organizaciones no gubernamentales que reclaman mayor participación y transparencia a la OMC hace mucho tiempo, pero en particular a partir de las manifestaciones realizadas en Seattle, Estados Unidos, en diciembre de 1999.
Pero los estados miembros de la OMC expresaron disconformidad con la decisión del `rgano de Apelación porque actuó sin mandato en una cuestión sustancial y su competencia se limita a cuestiones procesales, evaluó Narayanan.
La iniciativa asumida por el Organo de Apelación representó «una alteración del equilibrio en las funciones de cada órgano involucrado» en la OMC, observó Carlos Pérez del Castillo, jefe de la misión de Uruguay.
El grupo de informal de países en desarrollo, coordinado por la misión de Egipto, se movilizó apenas conocida la decisión del Organo de Apelación, del 16 de noviembre, y obtuvo la convocatoria de una reunión especial del Consejo General, que sesionó el pasado miércoles.
Al término de la reunión y después de escuchar las críticas de todos los oradores, excepto Estados Unidos, el presidente del Consejo General, Kare Bryn, de Noruega, anunció que transmitiría al Organo de Apelación la recomendación de manejar con cautela la cuestión de la participación de organizaciones no gubernamentales.
Las únicas organizaciones no gubernamentales que pueden acceder a la OMC son las que disponen de recursos para mantener una representación en Ginebra y esas solo pertenecen a países del Norte industrializado, comentó el negociador de una nación en desarrollo.
Una cosa es favorecer el acceso a documentos y al sitio en Internet de la OMC y otra diferente es darles participación directa a las organizaciones, argumentó el diplomático, que pidió la reserva de su nombre.
La OMC es intergubernamental, insistió, y se preguntó si las organizaciones no gubernamentales acaso piden participación al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales criticó la decisión del Organo de Apelación que finalmente revisó su propuesta original de participación.
«No han aprendido nada de la lección de Seattle», criticó Remi Parmentier, director político de Greenpeace.
Otra vez, la OMC desecha arbitrariamente el aporte de la sociedad civil y alimenta así las inquietudes por la forma secreta en que adopta decisiones que afectan vidas humanas y el ambiente, agregó.
Los países en desarrollo replicaron que las organizaciones no gubernamentales deben presionar a las autoridades de sus propios países.
Un especialista en cuestiones comerciales, Chakravarti Raghavan, opinó que el Consejo General y los estados miembros de la OMC deben actuar para frenar el «poder absoluto» del Organo de Apelación.
De lo contrario, la erosión de los derechos de los países miembros y la creación de nuevas obligaciones continuará hasta que el sistema de la OMC pierda toda legitimidad, previno Raghavan, editor de Suns, una publicación de la Red del Tercer Mundo. (FIN/IPS/pc/mj/if/00
