Los secuestros en Colombia sumaron 2.462 entre enero y septiembre, 9,2 por ciento más que en igual lapso de 1999, informaron grupos humanitarios que proponen un tribunal internacional para juzgar este tipo de violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuenta País Libre, también revelaron que en este período murieron 165 personas en cautiverio.
Activistas de País Libre, grupo que trabaja en apoyo de las víctimas y familiares de los secuestrados, dijeron que 1.067 fueron de carácter extorsivo y 246 por motivos políticos, mientras que del resto se desconocen los móviles.
La mayor cantidad de estos delitos fueron cometidos por las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de derecha, que utilizan este instrumento para financiar sus actividades o presionar decisiones políticas.
Las últimas muertes de rehenes denunciadas por País Libre fueron las de Carlos García, Alejandro Henao y Alberto Nasiff, quienes estaban en poder del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El ELN, segunda fuerza rebelde de Colombia, liberó 18 personas el miércoles en la occidental ciudad de Cali.
El médico Nasiff había sido abandonado por los guerrilleros en una vía cercana a Cali, donde falleció a causa de una infección generalizada producida por una herida que recibió en los testículos cuando el grupo ilegal escapaba de los operativos militares.
García, al parecer, murió a causa de un paro cardíaco y Henao por una herida en la pierna que también se le infectó.
Las 18 personas liberadas habían sido secuestradas, junto a otras 22, el 17 de septiembre por el comando José María Becerra del ELN de tres restaurantes de una zona turística en las afueras de Cali.
Este comando es el que en 1999 irrumpió en una iglesia del sur de esa ciudad, donde tomaron de rehén a un grupo de 60 fieles católicos para presionar el comienzo de las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.
La liberación del grupo permitió el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, anunciar que comenzaban las conversaciones con el ELN.
La mesa de negociaciones con esta guerrilla no se ha instalado aún por la falta de definición sobre la creación de una zona desmilitarizada en el noroeste de Colombia, donde se desarrollará una convención nacional en la que los rebeldes discutirán con representantes de la sociedad civil los temas de la agenda.
Entre los últimos secuestros denunciados también se cuenta los realizados por las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los paramilitares mantienen en su poder a los legisladores Zulema Jattin y Manuel López, del departamento de Córdoba, y a Antonio Guerra y Aníbal Monterrosa, de Sucre.
Las AUC informaron que el secuestro de estos legisladores es para presionar al Congreso con el fin de que rechace un proyecto de canje de guerrilleros presos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por soldados y policías retenidos por los rebeldes.
Según los organismos de seguridad, además de la presión política, el ELN y las FARC, principal guerrilla del país, acuden al secuestro para financiar sus actividades.
Los datos de País Libre indican que en lo que va del año 666 personas fueron secuestradas por el ELN, 625 por las FARC y 246 por el Ejército Popular del Pueblo, tercera guerrilla del país, y otras pequeñas organizaciones rebeldes.
A los paramilitares se le atribuyen los secuestros de 167 personas y 257 a delincuentes comunes, mientras que se desconocen los autores de los más de 500 restantes.
El investigador Eduardo Delgadillo, autor del estudio «El Secuestro en Colombia», dijo a IPS que los grupos armados de oposición llevan a cabo secuestros de tipo extorsivo y político, pero hay también otras causas que han llevado al incremento de esta actividad con autores de la delincuencia común.
Delgadillo entiende que las causas del aumento de secuestros por parte de delincuentes comunes también hay que buscarlas en el desempleo de casi 20 por ciento de la población económicamente activa, en la pobreza de 45 por ciento de los colombianos, la nula rehabilitación de las cárceles y el éxodo hacia las ciudades,
Por su parte, Camilo González, coordinador del Mandato por la Paz (movimiento que avaló con 10 millones de votos el cese de todas las formas de violencia en 1998), sostuvo que el secuestro es una de las formas más condenables de violación de los derechos humanos.
González opinó que en Colombia se requeriría la creación de un tribunal internacional conformado por reconocidas personalidades para que investigue y sancione moralmente a los actores del conflicto armado autores de estos delitos. (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
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