El Congreso legislativo de Brasil lucha por mejorar el salario mínimo nacional, que se mantiene entre los más bajos del mundo por razones fiscales.
Existe consenso en el parlamento para elevar el salario mínimo a 180 reales, suma que equivalía a 100 dólares hace dos meses pero que bajó a unos 93 dólares debido a la depreciación de la moneda nacional atribuida a turbulencias internacionales, como la crisis argentina y el alza del petróleo.
El presidente del Congreso, senador Antonio Carlos Magalhaes, anunció que suspenderá el trámite de aprobación del presupuesto nacional del próximo año, que debe cumplirse antes del receso parlamentario que comienza el 15 de diciembre, mientras no esté asegurado por lo menos 180 reales a los asalariados más pobres.
El problema es que eso exige identificar fuentes de ingresos adicionales o recortes de gastos para cumplir la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional, que prevé un superávit para contener el endeudamiento público.
El aumento del salario mínimo afecta principalmente el sistema oficial de previsión social, ya que constituye la remuneración mensual de casi 13 millones de jubilados y pensionistas.
Cada real de aumento agrava en 200 millones de reales (102,5 millones de dólares) el déficit previsional, según el ministro de Hacienda, Pedro Malán.
Un salario mínimo que cumpla su objetivo constitucional de asegurar las necesidades básicas de una familia de cuatro personas debería ser mayor de 800 reales (410 dólares), dijo a IPS el presidente del Sindicato Nacional de Jubilados, Antonio Carlos Domingues da Costa.
Pero esa es «una meta a ser conquistada gradualmente», pues «por ahora queremos que el Congreso cumpla su compromiso con los 100 dólares», añadió.
Además, el sindicato iniciará en enero una campaña por una ley que extienda a todos los jubilados el aumento del salario mínimo, que será de 32 por ciento si sube a 180 reales.
A los que ganan más del mínimo, el gobierno concederá el próximo año solo el 5,8 por ciento previsto en el proyecto de presupuesto, observó Domingues da Costa.
De esa forma, «se iguala por abajo» y en 2001 los que ganan nada más que el piso pasarán de 13 a 15 millones y, mantenido ese criterio, en algunos años serán casi todos los jubilados, explicó.
En su opinión, las razones fiscales no justifican una remuneración tan baja, insuficiente para asegurar siquiera la alimentación de una familia, lamentó. Todo lo que ganan los jubilados se convierte en consumo y activa la economía, aumentando la recaudación fiscal, argumentó.
La elevación del salario mínimo a 180 reales permitiría el acceso a una alimentación suficiente a 1,35 millones de personas, según el economista Marcelo Neri, experto en políticas públicas en el área social, que calculó en 55 millones los brasileños con ingreso insuficiente a tales efectos.
El aumento beneficiaría a 10 por ciento de los trabajadores que ganan solo el mínimo o lo tienen como referencia en la fijación de su sueldo. Entre los funcionarios municipales, ese porcentaje sube a 17,98. Pero es difícil precisar esa participación en sectores dominados por la informalidad.
Es el caso de las trabajadoras domésticas, estimadas en cinco millones en todo el Brasil. «Ya deben ser más, porque muchas mujeres, incluso maestras y dueñas de casa, se están incorporando a ese trabajo», sostuvo Maria Umbelina Matías, directora del sindicato del sector en la región de Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo.
Esto se nota, según ella, por el gran aumento de la demanda por guarderías. Su sindicato no sirve de indicador, porque cuenta solo cerca de 940 afiliadas en una región en que se estima que haya 50.000 de esas trabajadoras.
Además de constituir la remuneración de gran parte de las domésticas, especialmente en regiones pobres como el Nordeste, el salario mínimo es la referencia para las demás. En el estado de Sao Paulo, por ejemplo, los sindicatos luchan para que ninguna gane menos que tres salarios mínimos, señaló Matías.
La remuneración de cerca de 30 millones de trabajadores está pendiente de un acuerdo entre el Congreso y los ministros del área financiera, que hace varias semanas sostienen una intensa polémica sobre posibles fuentes de recursos que permitan incluir el salario de 180 reales en el presupuesto.
Se requiere un consenso urgente, porque el Congreso tendría que aprobar el presupuesto del próximo año antes del 15 de diciembre. De todas formas los parlamentarios ya aceptaron postergar para el 1 de mayo la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, antes prevista para el 1 de enero.
El presidente Fernando Henrique Cardoso propuso tres medidas, de las cuales los líderes del Poder Legislativo solo acogieron una, un recorte de uno por ciento en los gastos corrientes del gobierno.
Otra se aceptó en parte, porque obligaría a los parlamentarios a renunciar a sus proyectos incluidos en el presupuesto.
La tercera, cobrar contribuciones previsionales a los funcionarios públicos jubilados, ya fue rechazada varias veces en el Congreso y se concluyó que no hay aún condiciones políticas para su aprobación.
En cambio, las autoridades económicas rechazaron propuestas del Congreso para aumentar la recaudación. Leyes que facilitan el levantamiento del secreto bancario y dificultan la evasión fiscal no aseguran ingresos adicionales en sumas previsibles, argumentaron.
La esperanza es que una nueva negociación este martes entre los líderes de las bancadas parlamentarios y el ministro de Planificación, Martus Tavares, apunten una solución, para evitar el riesgo de iniciar 2001 en crisis, sin presupuesto. (FIN/IPS/mo/mj/lb if/00
