Ciudadanos negros de todo Estados Unidos denunciaron trabas para votar en las elecciones presidenciales del martes 7 y otras graves irregularidades.
Entre los obstáculos denunciados se cuentan cuestionamientos a la habilitación, intimidación, información errónea, gran presencia policial cerca de centros de votación predominantemente negros y falsificación de papeletas.
«El sistema no funciona para nosotros, una vez más», lamentó la congresista de Florida Carrie Meek, quien declaró públicamente conocer las denuncias de cientos de votantes afro-estadounidenses.
En el estado de Florida, cuyo resultado definirá la presidencia, hubo numerosas denuncias, que incluso fueron publicadas en dos semanarios afro-estadounidenses.
«En Republican Country, recibí decenas de quejas», declaró Charles Weaver, editor del diario Community Voice, en Fort Myers, Florida.
Weaver afirmó haber sido testigo de «intimidaciones, persecución y aparente actividad ilegal» en uno de los centros de votación.
«Había observadores ilegales que amenazaban a la gente y le decían, por ejemplo: 'Sé dónde trabajas. Serás despedido',» declaró.
«Un hombre había perdido su billetera y no le permitieron votar porque no tenía identificación, en lugar de pedirle que firmara un documento, como debe hacerse legalmente», dijo Weaver.
Tonnette Collier, una periodista del semanario afro- estadounidense Miami Times, sostuvo que la publicación recibió tantas llamadas que perdió la cuenta.
«Muchas eran personas de edad, y estaban muy preocupadas. Hay tanta confusión que es increíble», dijo Collier.
Varias de las personas que llamaron denunciaron que un grupo de policías detenía a los automóviles en un camino que llevaba a la Primera Iglesia Bautista de Woodville, en Tallahassee, agregó.
Keno Howes, de la Patrulla de Carreteras de Tallahassee, confirmó que su departamento realizó un control «de rutina» en Oakridge Road, a poco más de tres kilómetros de la iglesia.
El control, «uno de los 31 que se realizaron en esa área en los últimos 30 días», no tuvo nada que ver con las elecciones, sino que tuvo por finalidad aplicar las leyes relativas a licencias, seguros y equipos defectuosos en los automóviles, explicó.
Anita Hodgkiss, miembro de The Advancement Project y ex abogada del Departamento de Justicia, reportó problemas similares.
Hodkiss trabajó como voluntaria junto a otros abogados atendiendo una línea telefónica para denuncias de intimidaciones u obstrucción de los votantes.
«Aparentemente, la policía de Newport News, Vancouver, detenía a la gente en un puesto de control. En St. Louis, Missouri, algunos votantes negros fueron rechazados porque no tenían sus tarjetas, mientras a los blancos con el mismo problema se les permitía votar», dijo Hodkiss.
«También recibimos varias llamadas de ex convictos que deseaban votar pero no se les permitió, aunque llamaban desde estados donde legalmente pueden votar. En Florida, está pendiente una acción legal para que los ex convictos puedan sufragar», agregó.
En el estado de Florida, donde se está realizando un tercer recuento de votos en algunos condados debido a lo ajustado de la diferencia entre los candidatos Al Gore y George W. Bush, más de 400.000 personas no pudieron sufragar por haber estado en la cárcel, aunque ya hayan cumplido su condena. Cerca de 200.000 de esas personas eran hombres negros.
Varios analistas señalaron que esa fue una de las causas de que Gore no haya obtenido una victoria contundente en Florida, dado que más de 90 por ciento de los afroestadounidenses de ese estado votaron por el Partido Demócrata, según encuestas.
En todo el país, uno de cada 50 adultos o casi cuatro millones de ciudadanos no pueden votar por sus antecedentes penales, aunque 1,4 millones de ellos ya cumplieron sus sentencias, estimó la organización Human Rights Watch.
El grupo estimó en 1998 que entre 30 y 40 por ciento de la próxima generación de hombres afroestadounidenses podrían ser privados del derecho al sufragio debido a antecedentes penales.
Mientras, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) solicitó a la fiscal general Janet Reno que investigue presuntas violaciones al derecho constitucional al voto.
«Parece haber una violación a la 15 Enmienda, que garantiza a las minorías el derecho a votar por el candidato de su elección», señaló Julian Bond, presidente de la junta directiva de la NAACP.
Las denuncias de fraude «plantean serias dudas sobre la justicia de la elección. El número de llamadas que recibimos sugieren problemas muy graves, quizá incluso a escala nacional», dijo Kweisi Mfume, presidente de la NAACP. (FIN/IPS/tra-en/jb/etd/rd/da/mlm/hd/00
