La paz en el sureste de Bangladesh, alcanzada hace tres años con un acuerdo que puso fin a un cruento conflicto tribal, es amenazada ahora por las rivalidades y desconfianzas que resurgen entre las partes.
El histórico acuerdo de diciembre de 1997 entre el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina y las tribus insurgentes de las colinas de Chittagong que protestaban por la instalación de bengalíes en sus tierras, no aseguró la tranquilidad social, según analistas.
La amenaza de la reaparición de la violencia surgió en los últimos días cuando los ex rebeldes acusaron al gobierno de no cumplir con su promesa de dar alojamiento a casi medio millón de bengalíes que emigran a las colinas de Chittagong desde hace años.
El acuerdo de paz puso fin a más de dos décadas de conflictos tribales en los que murieron más de 10.000 personas. Cerca de 70.000 residentes huyeron de la violencia para buscar refugio en la vecina India.
Los combates se registraron en los tres distritos del sureste: Bandarban, Khagrachari y Rangamati, que abarcan una décima parte de todo el territorio del país.
Analistas políticos sostienen que, pese a que la paz volvió a la región, persisten crecientes diferencias entre el gobierno federal y la administración provincial tribal establecida en el acuerdo.
Esa administración, el poderoso Consejo Regional de la Zona de Colinas de Chittagong, acusa al gobierno de Hasina de demorar la implementación del acuerdo en su «verdadero espíritu».
El acuerdo de paz establece que el Consejo es responsable de la administración general y del desarrollo de la región. Dos tercios de sus 22 miembros son elegidos de las tribus locales, no bengalíes.
El otrora líder rebelde Shantu Larma, ahora presidente del Consejo, dijo que la estabilidad política en la región es amenazada por la renuencia del gobierno a implementar el convenio de paz en su totalidad.
Larma acusó a la primera ministra de no cumplir con su promesa de encontrar un hogar para las cerca de 400.000 personas originarias de las planicies de Bengala, en el noreste del país, que entre 1976 y 1980 fueron obligadas a mudarse a las colinas de Chittagong, como parte de una controvertida política oficial.
«La tensión permanecerá para siempre en la región a menos que los bengalíes sean llevados de nuevo a las planicies», afirmó uno de los líderes tribales.
Casi la mitad del millón de habitantes del sureste son bengalíes, y las tribus locales, que hace medio siglo representaban 98 por ciento de la población de las colinas, temen perder sus tradiciones culturales.
Sin embargo, todos los partidos políticos en Bangladesh creen que cualquier intento de trasladar a los bengalíes a su lugar de origen provocaría, inevitablemente, choques de violencia.
La convivencia entre bengalíes y tribus locales en las colinas se hace cada vez más difícil, y para el Consejo es más complejo cumplir con sus cometidos, se quejaron ex rebeldes.
Larma también acusó al gobierno de violar el acuerdo de paz al conceder 18.000 hectáreas en las colinas para establecer bases militares. Líderes tribales dicen que, según el acuerdo, ninguna tierra puede ser prestada ni vendida sin la autorización del consejo regional.
Uno de los líderes acusó al gobiero de tomar «miles y miles» de hectáreas pertenecientes al Consejo y sacarle a los pobladores sus hogares ancestrales. «Esto hiere los sentimientos de las tribus», dijo a IPS.
El ministro de Tierras, Rashed Mosharraf, afirmó que las propiedades en donde se instalaron las bases militares fueron adquiridas antes del acuerdo de paz. Sin embargo, anunció que el gobierno iniciará una investigación al respecto.
El presidente del Departamento de Desarrollo en la Zona de Colinas de Chittagong, Bir Bahadur, afirmó que las acusaciones de Larma carecían de base. «El gobierno está implementando todo lo contemplado en el acuerdo de paz, tanto en su letra como en su espíritu», afirmó.
Bahadur informó que esto incluye un programa de desarrollo para la región de un costo de 70 millones de dólares, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Asiático de Desarrollo.
Setenta campamentos militares ya habían sido desmantelados en las colinas cuando el acuerdo fue firmado, y otros más se están trasladando a otras zonas en la actualidad, aseguró Bahadur.
Pero además de las acusaciones de los rebeldes, el gobierno es víctima de las críticas de la oposición. La principal líder opositora y ex primera ministra Khaleda Zia calificó el acuerdo de paz como un pacto que «crea un Estado dentro de un Estado».
Zia sostiene que la Constitución de Bangladesh les da el derecho fundamental a los ciudadanos de instalarse en cualquier parte del país que deseen. «Pero este derecho ha sido violado por el acuerdo de paz con los rebeldes de las colinas», afirmó.
Analistas coinciden en que se necesitan esfuerzos claros para estrechar los vínculos entre los bengalíes y las tribus de las colinas, así como para implementar programas a largo plazo para el desarrollo económico de la región.
«Esto debería estar respaldado por garantías constitucionales que preserven las identidades culturales», afirmaron los participantes de un seminario para periodistas y académicos sobre la situación en Chittagong. (FIN/IPS/tra-en/ti/mu/rp/aq/hd-dv/00