La huelga de 36 horas en Argentina contra la política del gobierno tuvo acatamiento masivo, pero escasa participación de gente en las protestas callejeras debido a la mala imagen de los líderes sindicales que las convocaron, según encuestas de opinión.
La mayoría de los consultados desde el jueves al mediodía, cuando comenzó el paro, desaprueban la gestión económica del gobierno de Fernando de la Rúa, pero muchos aclaran que también rechazan la protesta y mucho más a los dirigentes que la convocaron.
Una encuesta oficial señala que De la Rúa tiene una imagen positiva de apenas 14 por ciento, mientras que su propuesta económica es rechazada por más de 70 por ciento de las personas consultadas.
Sin embargo, los funcionarios que divulgaron la medición se ocuparon de destacar que la huelga general convocada por las tres centrales sindicales recibe el rechazo de 60 por ciento de quienes opinan.
El paro fue iniciado el jueves al mediodía por el sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Congreso de los Trabajadores Argentinos, mientras que la CGT oficial se sumó este viernes.
La protesta contra el programa de ajuste fiscal de la Alianza gobernante transformó este viernes en un día feriado y sus organizadores afirman que la adhesión alcanzó a 98 por ciento de los trabajadores.
La huelga se ha desarrollado con cierta tranquilidad en casi todo el país, excepto en la provincia norteña del Chaco, donde un motociclista mató a un manifestante que le impedía el paso.
También hubo incidentes entre activistas que intentaban evitar que trabajadores concurrieran a sus tareas y la policía y amenazas de saqueos a supermercados en Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en el centro del país.
El paro, el tercero que afronta De la Rúa en sus 11 meses de gobierno, se concreta en medio de una severa recesión, con el desempleo que abarca a 15,4 por ciento de la población económicamente activa y una pobreza que afecta a más de un tercio de los argentinos.
De la Rúa asumió el 10 de diciembre con la promesa de bajar el desempleo, reactivar la economía y distribuir la riqueza en forma más equitativa.
Sin embargo, el alto déficit fiscal heredado de su antecesor Carlos Menem (1989-1999), del Partido Justicialista (peronista) lo obligó a realizar una serie de ajustes fiscales que generaron malestar social y una fuerte crisis política en la coalición de gobierno.
El vicepresidente Carlos Alvarez, del centroizquierdista Frente del País Solidario (Frepaso), renunció a su cargo casi dos meses atrás y desde entonces se niega a hablar en público.
La decisión de Alvarez causó, a su vez, una virtual división del bloque parlamentario oficialista conformado por el Frepaso y la tradicional Unión Cívica Radical del presidente De la Rúa.
En este clima, el gobierno intenta negociar un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, llamado también «blindaje financiero», que evite el cese de pago en 2001.
La condición impuesta por el FMI es una nueva reducción del gasto público y una reforma del sistema previsional que elimina beneficios a los futuros jubilados.
Las tres centrales sindicales que organizaron la protesta coincidieron este viernes en que la medida resultó un éxito por la alta participación y los escaso incidentes registrados, pese a los pronósiticos en contrario del gobierno.
"La sociedad argentina dijo basta a este modelo de hambre y miseria", declaró uno de los líderes de la protesta, el camionero Hugo Moyano, de la CGT disidente.
Sin embargo, el gobierno hizo otra lectura de la contundencia del paro. De la Rúa aseguró que la gente "repudia el paro, pero lo hace por miedo".
El presidente, visiblemente molesto con la protesta que precede a la llegada de una misión del FMI, se refirió así en referencia a los ataques con piedras a vehículos de transporte de pasajeros y amenazas de bombas en escuelas registrados en la víspera.
El gobierno también criticó la modalidad de acompañar el paro con cortes de calles y rutas, lo que terminó de complicar el libre tránsito y ayudó a la medida de fuerza.
El temor a incidentes y el paro de transporte hacen por ahora difícil evaluar los resultados políticos de la protesta.
"La gente rechazó tanto al sindicalismo como al gobierno", opinó el analista político Mariano Grondona. En tanto, el encuestador Rosendo Fraga sostuvo que, en un contexto de fuerte recesión, la adhesión al paro es "una combinación de protesta social con temor a alteraciones del orden público".
En cualquier caso, la adhesión no fue entusiasta. Muchos consideraron que difícilmente el paro sirva para cambiar el rumbo económico, y expresaron su temor por perder el empleo o sufrir algun tipo de represalia.
El ministro de Economía José Luis Machinea, se reunió este viernes con empresarios y les aseguró que la política económica se mantendrá a rajatabla, y que se avanzará en los requerimientos del FMI para evitar el cese de pagos externos.
Machinea había advertido en la víspera que, tal como había expresado el vicedirector del FMI, Stanley Fischer, el peligro de un cese de pagos no ha pasado y depende de que el gobierno adopte una serie de medidas que son las que los sindicalistas cuestionan.
Las centrales sindicales, sin embargo, declaran estar abiertas al diálogo con las autoridades, aunque advirtieron que si no hay respuestas a sus reclamos habrá nuevas medidas de protesta antes de fines de año. (FIN/IPS/mv/dm/ip/00
