La violencia contra las mujeres en el hogar no sólo fue tolerada durante muchos siglos por los gobernantes sino también reconocida por la sociedad como un presunto derecho masculino.
La violencia de género forma parte de un sistema de poder basado en la supremacía masculina, que se refleja en las normas sociales y se refuerza por la influencia de patrones culturales que alientan a las mujeres a ser dependientes y sumisas, y a los hombres a ser violentos y agresivos.
La violencia contra la mujer y contra las niñas es la más antigua y extendida de las violencias contra los seres humanos, y sólo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, con la movilización de las feministas y de las organizaciones de derechos humanos comenzó a denunciarse situación.
Si bien se han producido avances en la legislación de la mayoría de países en el mundo, esa forma específica de violencia persiste y los culpables no la reconocen, los operadores de salud no la identifican y muchas víctimas no la denuncian.
«La violencia doméstica, especialmente contra las mujeres y las niñas, constituye la más frecuente violación de los derechos humanos», dijo la abogada Gina Yáñez, coordinadora de Defensa de los Derechos Humanos del Movimiento Manuela Ramos, la principal organización feminista peruana.
«Y a pesar de que este caso, los estados no son los violadores, les corresponde responsabilidad si no establecen y hacen cumplir normas para impedirlas», puntualizó Yáñez, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará este sábado.
Yáñez subrayó que considerar la violencia contra las mujeres y las niñas como una violación de los derechos humanos fue uno de los logros del movimiento de mujeres durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se realizó en Viena en 1993.
Al año siguiente, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas integró los derechos de las mujeres en sus mecanismos de protección de derechos humanos y nombró una relatora especial, cuya misión es recopilar y evaluar la situación de violencia de género en el mundo, añadió.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, se acordó reclamar a los gobiernos medidas urgentes para combatir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, ya sean cometidas o toleradas por el Estado.
La responsabilidad de los estados en la violencia familiar se basa en el concepto de que la defensa de los derechos humanos no cautela sólo a las personas contra los crímenes y abusos de las autoridades, sino también ante los perpetrados por individuos y que los gobiernos deben impedir y sancionar.
En América Latina, Puerto Rico fue el primer país que legisló de manera especial sobre el problema de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Lo hizo en 1989.
El siguiente país de la región en promulgar una ley contra la violencia doméstica fue Chile, en 1994, y luego Argentina, en ese mismo año, mientras que Bolivia, Ecuador y Panamá lo hicieron en 1995.
En 1996, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú adoptaron normas para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, y en 1997, República Dominicana modificó su código penal para incluir normas sobre este tema.
En los países industrializados, una de cada cuatro mujeres han sido atacadas físicamente por un familiar, según la Oficina de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, y en las naciones en desarrollo la proporción es mayor.
Entre 25 y 50 por ciento de las mujeres sufren abuso físico por parte de sus parejas, de acuerdo con investigaciones efectuadas por el Banco Mundial en 35 países industrializados y en desarrollo,
El informe del Banco Mundial señala que esta situación a menudo lleva a muchas mujeres a decisiones extremas. Las víctimas de maltrato doméstico tienen probabilidades 12 veces superiores de intentar suicidarse que quienes no lo han sido.
«Es difícil medir el grado de violencia familiar en el mundo, debido a que los estudios realizados a nivel nacional son pocos, tienen diferentes metodologías y adolecen de graves deficiencias en el registro de tales crímenes», comentó Yañez.
El documento «Mujeres en Acción», elaborado en 1993 por un grupo interdisciplinario internacional, indica que en Colombia, 30 por ciento de las mujeres son golpeadas y 19 por ciento fueron víctimas de violencia física habitual por parte de sus parejas.
En Costa Rica, 20 por ciento de las 1.388 mujeres del medio urbano y 2.118 del área rural consultadas para un estudio de género aseguraron haber sufrido abuso físico, 33 por ciento se refirieron a abuso psicológico y 10 por ciento se declararon víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas.
En Chile, dos de cada tres mujeres reconocen haber sufrido violencia familiar, en tanto que en Ecuador, 60 por ciento de las que viven en barrios populares de Quito declararon haber sido golpeadas por sus esposos o convivientes.
En Ecuador, la Comisaría de la Mujer y la Familia de Guayaquil registró, entre octubre de 1996 y abril de 1997, 6.153 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 92,72 por ciento correspondieron a mujeres agredidas por sus parejas.
En Saca Tepequez, Guatemala, 49 por ciento de las mujeres consultadas para un estudio muestral declararon ser víctimas de maltrato físico, y otra investigación, en Jalisco, México, dio por resultado que 56,7 por ciento de las mujeres residentes en la ciudad y 44,2 por ciento de las habitantes del medio rural aledaño sufrieron violencia doméstica.
El Ministerio de Promoción de la Mujer de Perú señala que siete de cada 10 mujeres son víctimas en este país de maltrato en el hogar, aunque la policía sólo recibió 24.576 denuncias de mujeres maltratadas en 1997 y de 27.935 al año siguiente.
Un documento del Movimiento Manuela Ramos destaca que investigaciones en Chile, Canadá y Estados Unidos revelaron que la violencia contra las mujeres ocasiona pérdidas de orden económico tanto a las víctimas como a toda la sociedad.
«Uno de cada cinco días de trabajo perdidos por mujeres» en América Latina «se debe a episodios de violencia familiar» , según concluyeron los autores de ese informe. Esas pérdidas equivalen al dos por ciento del producto bruto interno de la región.
En cuanto al impacto personal, la investigación efectuada en Santiago de Chile encontró que las trabajadoras que no sufren violencia psicológica en sus hogares ganan en promedio un salario mensual de 385 dólares, en tanto que aquellas que padecen severa violencia psicológica sólo obtienen unos 150 dólares. (FIN/IPS/al/ag/hd dv/00
