La pobreza rural aumentó en varios países de América Latina entre 10 y 20 por ciento en los últimos tres años, según un informe presentado hoy en la capital de Chile por Raquel Ugarte, directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
De acuerdo al estudio del FIDA, más de 90 millones de campesinos latinoamericanos y caribeños viven actualmente en condiciones de pobreza, y 47 millones de ellos está en situación de indigencia o extrema pobreza.
El informe fue presentado en la Universidad Católica de Santiago, sede de una reunión académica internacional sobre «Globalización y desarrollo local: retos al pequeño productor», que comenzó el lunes y finaliza este miércoles.
Más de 300 expertos de todo el mundo asisten al encuentro, que tiene como marco al 16 Simposio de la Asociación Internacional de Sistemas de Producción y al Cuarto Simposio Latinoamericano sobre Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios.
El informe presentado por Ugarte fue catalogado como el estudio más completo elaborado hasta ahora sobre la pobreza rural en la región.
El trabajo dio origen al libro «Hacia una región sin pobres rurales», lanzado igualmente este martes, del cual son autores, además de la directora regional del FIDA, Benjamín Quijandría y Aníbal Monares.
La población rural de América Latina y el Caribe disminuyó en forma constante entre 1980 y 1997, de 122 millones a 111 millones, con una reducción anual promedio de 0,87 por ciento.
A pesar de las tendencias macroeconómicas positivas que se registraron en la región durante los primeros seis años de la década del 90, los porcentajes de pobreza e indigencia rural se mantuvieron constantes durante ese período y tendieron a incrementarse al finalizar la década.
Ugarte destacó las disparidades conceptuales y metodológicas para medir la pobreza en la región, que llevan a grandes diferencias en las estadísticas.
Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo en 1997 que había 204 millones de pobres en la región, el Banco Mundial estimó en 1998 que su número era de sólo 78,2 millones.
Una explicación para esta diferencia apunta que el Banco Mundial alude únicamente a la extrema pobreza, comentó Ugarte, pero advirtió que las definiciones metodológicas están impregnadas de visiones ideológicas.
La subcuantificación de los pobres conduce a que el problema pierda prioridad en las políticas gubernamentales y la imagen de progreso que se proyecta a partir de ahí incide en que la región pierda acceso a la cooperación internacional, advirtió la experta.
El FIDA, cuya sede se encuentra en Roma, nació en 1977 con el único mandato de ayudar a los más pobres entre los pobres del mundo rural de los países en desarrollo.
Desde su creación ha financiado 548 proyectos en 114 países por un total de 6.800 millones de dólares en préstamos y donaciones, pero este esfuerzo es insuficiente sin otras fuentes de cooperación, dijo la experta.
En la última década el FIDA invirtió más de 600 millones de dólares en 50 proyectos en 23 países de América Latina y el Caribe con un financiamiento total de 1.000 millones de dólares, considerando tanto recursos del Fondo como de los gobiernos y otros donantes.
Según Cepal, en 1997 había 78,2 millones de personas que vivían por debajo de la línea de pobreza y 47 millones en extrema pobreza en las zonas rurales de la región.
Ugarte señaló que los datos posteriores indican que en América Central, Venezuela, México y Brasil, la pobreza rural se ha incrementado entre 10 y 20 por ciento, con lo cual se llega a más de 90 millones de personas.
La población rural pobre de América Latina y el Caribe se concentra en más de 90 por ciento en cuatro grandes zonas ecológicas que cubren más de nueve millones de kilómetros cuadrados, en el noreste de Brasil, el norte de México, el noroeste de Venezuela, las costas del Pacífico y zonas centrales de Honduras y Nicaragua, y el norte de Perú y de Chile.
Ugarte señaló que existe una pobreza rural estructural o dura, que incluye sobre todo a las minorías étnicas, las mujeres rurales y los campesinos sin tierra, además de una pobreza transitoria, que incluye a pequeños productores y a campesinos medieros (que van a medias en la explotación de tierras) y arrendatarios.
Estos últimos son los más permeables a fenómenos como las crisis internacionales y los embates de la naturaleza por factores climáticos o telúricos. El huracán Mitch en 1998 aumentó considerablemente la pobreza rural en América central, indicó la directora regional del FIDA.
En la región hay 26 millones de habitantes rurales indígenas, encontrándose entre ellos altos porcentajes de pobreza, como consecuencia de la exclusión social y cultural, que los margina también del crédito y del acceso a otros recursos técnicos y financieros.
El informe destaca que la mujer encabeza entre ocho y 10 millones de hogares en la región, entre dos y tres millones de mujeres realizan trabajos asalariados estacionales y entre 30 a 40 millones, con pareja, son parcial o totalmente responsables de la producción agrícola y la pequeña industria rural.
De acuerdo al estudio, la imposición de las políticas neoliberales en América Latina y el Caribe implicó una reducción de 40 por ciento en las inversiones en las áreas rurales y agrícolas, lo cual incide en el incremento de la pobreza.
Del mismo modo, se advierte que los sistemas de explotación agrícola, forestal y ganadera implantados bajo el atractivo de la apertura comercial y el acceso a mercados externos, tienen un fuerte impacto ecológico.
El informe sostiene que se deben superar las políticas asistencialistas, que no han tenido éxito en atacar la pobreza rural, para pasar a políticas de desarrollo agrícola, basadas en la inversión productiva.
Del mismo modo, plantea aminorar los impactos negativos de la globalización, resguardando a los pequeños productores de una «exposición prematura» a los mercados internacionales. (FIN/IPS/ggr/ag/if dv/00
