El intendente nacional de aduanas de Venezuela, Pedro Rodríguez, es el primer funcionario de alto rango detenido por currupción en la era de Hugo Chávez, quien ganó la Presidencia con el compromiso de acabar con las prácticas ilícitas en la administración pública.
Rodríguez fue llevado este miércoles ante un tribunal, tras ser detenido por la policía dos días después de que Chávez pidiera una lucha implacable contra la corrupción.
El caso de Rodríguez coincide con el escándalo que envuelve al ex gobernador de Caracas Hernán Gruber Odreman, un contraalmirante retirado que en 1992 participó en un intento de golpe de Estado.
Gruber Odreman es una figura cercana a Chávez, de quien ha sido colaborador en distintas tareas gubernamentales, y era candidato a la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana.
Las denuncias en su contra proceden de otro allegado al presidente, el periodista Alfredo Peña, alcalde mayor de Caracas, un cargo creado por la nueva Constitución. Peña dijo que su alcaldía está en quiebra por los malos manejos de Gruber Odreman.
El militar retirado reconoció haber usado fondos públicos en obras para las cuales no estaban destinados.
Por su parte, Chávez fue enfático el domingo pasado en su programa radial al señalar que en su gobierno no habrá "intocables", cuando se trate de casos de corrupción.
El presidente venezolano ha condenado la corrupción de los gobiernos de los partidos tradicionales que lo precedieron, al tiempo que propuso la creación del "Poder Moral" para la vigilancia de las acciones gubernamentales.
La detención de Rodríguez se produjo este martes en Caracas, cuando recibía un maletín con 10 millones de bolívares (casi 15.000 dólares). La Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) informó que en su domicilio se encontraron otros 30 millones de bolívares en efectivo (unos 45.000 dólares).
Rodríguez fue detenido tras la denuncia de un subalterno suyo, Víctor Molina, al frente de la aduana del puerto de La Guaira, quien aseguró que su superior le exigía el pago de una suma mensual para no suspenderlo del cargo.
La dirección de aduanas de Venezuela depende del Ministerio de Finanzas, cuyo titular, José Rojas, acudió a la sede de la Disip para informarse de los pormenores del caso. Y también fue informado el propio Chávez.
La esposa del ex intendente nacional de aduanas, Euris de Rodríguez, dio a entender que existen otras razones en la detención de su esposo, quien aseguró fue nombrado en el cargo por recomendación del presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Ciavaldini, otro cercano colaborador de Chávez.
Las diferencias dentro del equipo de Chávez no son nuevas. En mayo, un escándalo que envolvió a Luis Miquilena, uno de los principales dirigentes oficialistas, y al fiscal general, Javier Elechiguerra, quien fue abogado del presidente.
Miquilena fue acusado por presuntas irregularidades por tráfico de influencias, declaración falsa de patrimonio y sobregiro del presupuesto en el ejercicio de funciones públicas.
El mismo fiscal acusó en otro caso a los militares retirados Jesús Urdaneta y Jorge Garrido por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.
El caso de Miquilena, quien ocupaba la presidencia del Congreso transitorio, en pleno proceso constituyente, no reunía las condiciones para un juicio, según el Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras tanto, en la justicia ordinaria sigue el proceso contra Urdaneta y Garrido, quienes se encuentran en libertad y son opositores a Chávez.
Lo destacado en todos los casos mencionados es que los involucrados forman parte del nuevo personal político nacido al calor del proceso impulsado con Chávez, desde que asumió el poder en febrero de 1999. (FIN/IPS/ac/ag/ip/00
