UNION EUROPEA: Orden de captura en lugar de extradición

La Unión Europea (UE) iniciará un debate para reemplazar los procesos de extradición entre sus miembros por simples órdenes de búsqueda y captura dictadas por los jueces, informaron hoy integrantes españoles del Parlamento Europeo.

La declaración al respecto que aprobará el Parlamento Europeo este viernes abrirá un periodo de consultas que finalizará en el segundo semestre de 2001.

Se prevé que al término de este proceso los 15 países de la UE eliminen el proceso de extradición de su sistema jurídico para dar paso a la entrega lisa y llana de los procesados al juez requirente.

Si uno solo de los 15 estados votase en contra, la reforma no entraría en vigencia. Mientras, miembros españoles del Parlamento Europeo, tanto oficialistas como de la oposición de izquierda, señalaron que reunieron más de 400 firmas apoyando la declaración cuando las necesarias para su aprobación son 314.

El juicio de extradición dentro de la UE con mayor repercusión internacional fue el iniciado en octubre de 1996 por el juez español Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, entonces en Londres.

La iniciativa de los parlamentarios españoles se relaciona con la represión a la organización ilegal ETA, cuyos máximos dirigentes viven en una semiclandestinidad en Francia y Bélgica.

El juez Garzón sostuvo que la extradición «es una institución polémica, cuestionada y arcaica».

Ese sistema «a veces constituye la excusa para una ineficaz cooperación judicial o llanamente para impedirla, pues la mayoría de las extradiciones denegadas en la mayoría de los países no obedecen a causas materiales sino meramente formales», agregó.

Al referirse a delitos transnacionales como el narcotráfico y el lavado de dinero, Garzón señaló que muchas veces «a partir de la detención se inicia un sistema de protección jurídica formalista que no protege ni el interés de la justicia, ni el de los ciudadanos, sino que, de hecho, favorece al delincuente».

Sin embargo, no todos en España coinciden con esas apreciaciones.

En todo caso, si los 15 países de la UE adoptan la resolución que el viernes anunciará en Bruselas Nicole Fontaine, la presidenta del Parlamento Europeo, la abolición de la extradición y la vigencia del sistema unificado de búsqueda y eurocaptura sólo tendrá vigencia entre esos países pero no ante terceros.

Una de las razones que justifica la posición del Parlamento Europeo es que, en líneas generales, en todos los países las leyes se aplican con rigor, dijo a IPS un miembro del Tribunal Supremo de Justicia de España que pidió reserva sobre su identidad.

«No podríamos aplicar ese criterio con países donde la justicia no es un poder verdaderamente independiente, o donde esté totalmente corrompida», explicó el magistrado.

El diputado Alonso Puerta, de Izquierda Unida (coalición basada sobre el Partido Comunista), consideró que crear la figura legal de la orden europea de búsqueda y captura «es un imperativo moral, político y jurídico».

Cuando rija esa figura, bastará que un juez de cualquier país de la UE tenga datos suficientes para imputar a una persona de un delito para que curse una orden de búsqueda y captura que deberá ser gestionada por la Policía Internacional (Interpol) y cumplida por las demás policías.

Esa orden prevalecerá con independencia del lugar en que se haya cometido el delito o en que se encuentre al acusado.

Junto a Puerta, impulsan la aprobación del texto en el Parlamento Europeo los diputados Gerardo Galeote, del centroderechista y gobernante Partido Popular, y Rosa Díez, del opositor Partido Socialista Obrero Español.

Galeote expresó que la aprobación de esa medida significará la «comunitarización» del problema vasco, o sea que dejará de ser sólo español para pasar a ser europeo. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/00

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