El régimen militar de Pervez Musharraf cumplirá su primer aniversario este jueves en medio de un creciente descontento público en Pakistán y una crisis de credibilidad en el exterior.
Tras el golpe de Estado del 12 de octubre de 1999, que derrocó al gobierno civil de Nawaz Sharif, Musharraf prometió recuperar la economía e instaurar una democracia «real», y la Corte Suprema le dio un plazo de tres años para cumplir esas promesas.
Sin embargo, hoy la economía de Pakistán está al borde del colapso y su imagen en el exterior es desfavorable. Partidos políticos paquistaníes, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional en general reclaman la restauración de la democracia.
«La comunidad internacional le dio la espalda a Musharraf en la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual refleja que los líderes mundiales no aceptan sus políticas», señaló un ex canciller paquistaní.
El incruento derrocamiento de Sharif no dio lugar a protestas públicas, y de hecho gran parte de los paquistaníes esperaban que los militares resolvieran sus problemas.
«Esperábamos una revolución contra la elite tradicional, pero apenas hubo un estornudo», declaró un funcionario de un partido político.
«El pueblo no está satisfecho con el primer año de actuación de este gobierno, y de hecho está desilusionado», afirmó Ajmal Jattak, un líder político de la Provincia de la Frontera Noroccidental, que apoyó el derrocamiento de Sharif.
Afectados por una subida descontrolada de los precios de productos esenciales, los paquistaníes se quejan de que Musharraf no cumplió su promesa de aumentar el nivel de vida de la población.
«Los precios de la harina, el combustible y la electricidad aumentaron el último año, pero los ingresos son los mismos. Si el gobierno hubiera controlado esos precios, no habría perdido la confianza popular tan rápidamente», opinó Fátima Aslam, una trabajadora social de Islamabad.
Pakistán tiene 140 millones de habitantes, en su gran mayoría campesinos, pobres y analfabetos.
Musharraf prometió ser diferente a los anteriores gobernantes militares, pero analistas políticos afirmaron que sus políticas tienen un notable parecido con la de los ex dictadores Ayub Jan y Zia ul Haq.
El plan de devolución de poderes del actual gobierno, su apoyo a los fundamentalistas islámicos y la introducción de oficiales militares en el sector civil continúan las políticas de regímenes militares anteriores, aseguran los analistas.
La agenda de cambio de siete puntos de Musharraf incluía la recuperación económica, buena gestión de gobierno, restauración de la ley y el orden, reconstrucción de la confianza nacional, resolución de disputas entre las cuatro provincias paquistaníes, control de la corrupción y promoción de la paz y estabilidad regionales.
No obstante, grupos opositores acusan al gobierno de dejar que las instituciones multilaterales de crédito le dicten sus políticas económicas.
Pakistán tiene una deuda externa de 38.000 millones de dólares y más de 40 por ciento de los ingresos anuales del Estado se destinan al servicio de la deuda. El Fondo Monetario Internacional prometió a Islamabad un paquete de rescate de 3.500 millones de dólares.
«Muchas medidas del gobierno, como su programa de alivio de la pobreza, la expansión de su base tributaria, el control de la corrupción y la reducción del presupuesto de defensa, son antiguas demandas del FMI», señaló el analista Najum Mushtaq.
Por lo tanto, «el régimen no aplica su propia agenda, sino recetas importadas que nunca han dado buenos resultados en el pasado», agregó.
Hasta ahora, la publicitada campaña gubernamental contra la corrupción se ha concentrado en políticos y funcionarios cercanos al derrocado primer ministro, que cumple una sentencia de prisión perpetua por el secuestro del avión en que viajaba Musharraf el día del golpe de Estado.
Pero el gobierno no ha atacado la corrupción en el ejército, constantemente denunciada por la prensa y algunos partidos.
«En lugar de responder positivamente a los reclamos de responsabilización de los generales, el gobierno desprecia las críticas», publicó el semanario Mazdoor Jeddojehad (Lucha de los Trabajadores).
Los grupos defensores de los derechos humanos también están preocupados por el deterioro de la situación.
«Nos preocupa en particular el aumento de los ataques violentos contra mujeres por conservadores religiosos», declaró la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
«Los ataques han estado dirigidos principalmente contra mujeres que trabajan en organizaciones no gubernamentales promotoras de los derechos de la mujer, la salud y la educación», y «el gobierno, con su silencio, alienta esos ataques», denunció la Comisión.
El grupo también culpa a los militares, que han gobernado Pakistán más de la mitad de los 53 años transcurridos desde el nacimiento de este país, por la mayor parte de los problemas socioeconómicos.
La Comisión reclama el retorno del ejército a los cuarteles. «El país no puede permitirse la mínima demora en la recuperación de la democracia», declaró el grupo.
Algunos partidos políticos proyectan marcar el primer aniversario del golpe de Estado, al que llaman «Día negro», con manifestaciones de protesta en todo el país.
Aunque el gobierno prometió no restringir las libertades civiles, en marzo prohibió toda actividad política, y el ministro de Información respondió a la convocatoria para este jueves con amenazas.
«Pueden conmemorar el 'Día negro' dentro de sus casas… No se permitirá que nadie tome la ley en sus manos», advirtió el ministro. (FIN/IPS/tra-en/mr/mu/mlm/ip-hd/00
