En México es frecuente caminar entre jeringas, frascos y goteros usados de diversas medicamentos, viejas baterías usadas o basura química e industrial.
De las ocho millones de toneladas de residuos peligrosos que cada año se genera en el país, sólo cinco por ciento recibe tratamiento adecuado o es depositado en el único lugar existente para este fin. El resto va a basurales municipales, mantos acuíferos o campo abierto.
Mientras el problema se agrava, el gobierno fracasa en su intento de instalar nuevos depósitos de residuos tóxicos, empresas extranjeras lo demandan por cerrar los existentes y ecologistas y pobladores se mantienen en pie de guerra para frenar nuevos proyectos.
Desde 1992, el gobierno no pudo abrir ningún depósito de este tipo ni frenar el depósito clandestino de desechos, como se había propuesto, y el único existente, en el norteño estado de Nuevo León, es insuficiente.
En zonas marginales de la capital, como la delegación Magdalena Contreras, los desechos están a la vista y sus pobladores aseguran cada día llegan camiones con nueva basura. En el lugar es común encontrar niños jugando en medio de montañas de jeringas, baterías usadas y frascos de medicamentos.
El problema se perpetúa, pues la creación de nuevos depósitos entró en una dinámica de propuesta y protesta, de idea y rechazo, dijo a IPS el experto José Luis Lezama, del Colegio de México.
La secretaria (ministra) de Medio Ambiente, Julia Carabias, acusa a los grupos ecologistas de manipular el tema y generar conflictos que impiden la instalación de nuevos depósitos.
La organización ambientalista internacional Greenpeace, una de las más firmes opositoras a las propuestas para crear depósitos de residuos tóxicos en México, alega que los lugares escogidos no son seguros.
En 1991, ambientalistas y pobladores del estado central de San Luis Potosí presionaron hasta lograr el cierre de un basurero tóxico en la zona, manejado por la empresa estadounidense Metalclad.
Metalclad presentó una demanda por daños y perjuicios contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial, por considerar que la clausura era injustificada.
El 26 de septiembre, el Centro condenó a México a pagar a Metalclad 16,6 millones de dólares, pues concluyó que el cierre no tenía motivos.
Dos días después, la firma española Técnicas Medioambientales presentó una demanda similar contra México en el mismo Centro por el cierre de un depósito en el norteño estado de Sonora en 1998, originado también en protestas de ambientalistas y pobladores.
Para solucionar el problema, México tiene que definir un plan a largo plazo sobre procesamiento de desechos, con estudios avalados, y en concertación con los sectores sociales involucrados, apuntó Lezama.
Portavoces de Greenpeace sostienen que su oposición a los depósitos se basa en estudios de impacto ambiental y reclaman al gobierno una política de concertación en el tema.
El gobierno de Ernesto Zedillo, cuya gestión finaliza en diciembre, elaboró propuestas para instalar al menos 11 nuevos depósitos mediante inversiones privadas, pero su plan quedó trunco ante las presiones sociales.
Carabias dijo que hay muchos proyectos, pues el país cuenta con lugares adecuados para depositar desechos peligrosos, pero el debate sobre el tema se confundió, pues muchos piensan que tales proyectos son perjudiciales, cuando en realidad se trata de soluciones.
Si el presidente electo Vicente Fox, quien asume el 1 de diciembre, logra un proyecto concertado, el problema de los desechos tóxicos se resolvería en alrededor de una década, estimó Lezama. (FIN/IPS/dc/ag/en/00
