La decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de permitir la venta al contado de alimentos y medicinas a Cuba fue interpretada en este país como una falsa flexibilización del embargo que Washington le impone desde 1961.
«No se trata de una flexibilización del bloqueo, sino de un reforzamiento del mismo», dijo a la televisión Fernando Remírez de Estenoz, jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, señaló la semana pasada que la iniciativa podría parecer «una suavización (del embargo), pero realmente no hace mucho», pues no permite el uso de créditos estadounidenses para financiar las ventas.
La cancillería cubana, por su parte, advirtió el día 5 que Cuba no realizará ninguna transacción con Estados Unidos, aunque la propuesta ya votada por la Cámara de Representamtes sea promulgada y los alimentos y los medicamentos queden excluidos del embargo.
Sólo habrá operaciones comerciales si Washington levanta todas las sanciones que mantiene sobre este país hace casi 40 años, puntualizó la cancillería.
«La solución real es la normalización de las relaciones entre ambos países y el levantamiento (…) del bloqueo», agregó.
La enmienda, que pretende beneficiar a Cuba, Irán, Libia, Sudán y Corea, fue aprobada el miércoles como parte del proyecto de asignaciones agrícolas para 2001 por 341 votos a favor y 73 en contra, y aún debe recibir el visto bueno del Senado.
El gobierno cubano considera que el proyecto de ley se anula a sí mismo al prohibirse la financiación de las ventas y mantener las restricciones al flujo financiero y al transporte aéreo y marítimo entre ambos países.
Además, la enmienda convierte en ley las actuales restricciones a los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba y pasa el poder de decisión sobre esos viajes de las manos de la Casa Blanca a las del Congreso.
«Definitivamente restringe el poder del Poder Ejecutivo para aumentar los contactos persona a persona» con Cuba, opinó Clinton, quien favorece el intercambio de sectores de la sociedad civil de ambos países como una vía de promover la democracia en la isla
Miguel Alvarez, asesor del parlamento cubano, aseguró el miércoles que, aunque Clinton considere el proyecto como un grave error, es muy poco probable que decida vetarlo.
El embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos impide toda relación económica, comercial y financiera. Fuentes oficiales cubanas aseguran que retrasó 15 años el desarrollo del país y que ha provocado pérdidas superiores a 70.000 millones de dólares.
La iniciativa aprobada el miércoles fue el resultado de tres meses de negociaciones, iniciadas luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran en julio sendos proyectos que permitirían la venta de alimentos y medicinas al gobierno de Castro.
De haberse dado curso a la propuesta inicial se hubiera abierto una puerta a la suavización gradual del embargo económico, a través de la venta subsidiada de productos agrícolas y medicinas y de la autorización a turistas estadounidenses para visitar Cuba.
La cancillería cubana aseguró que la propuesta votada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos nada tiene que ver con las enmiendas «constructivas» que habían sido promovidas «con amplio apoyo en el Congreso» por sectores que «de manera creciente» cuestionan las sanciones contra Cuba.
Asimismo, acusó a «congresistas cubanoamericanos» (ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba) y a líderes del Partido Republicano de violentar el debate en el Congreso para «imponer» una norma que anularía cualquier efecto positivo de las iniciativas originales.
El proyecto deja «intacto el bloqueo», ya que el mercado estadounidense seguirá cerrado para la producción y los servicios cubanos, y se excluye toda forma universalmente reconocida de comercio exterior, señaló la cancillería.
La Habana criticó también el proyecto aprobado el miércoles por el Senado para compensar económicamente con fondos congelados en bancos de Estados Unidos a los estadounidenses víctimas del terrorismo. Esos fondos pertenecen a países sancionados por Washington.
La llamada Ley de Protección a las Víctimas del Contrabando Humano permitirá usar 90 millones de dólares de los recursos cubanos congelados en Estados Unidos para indemnizar a los familiares de tres pilotos derribados por fuerzas aéreas de Cuba en febrero de 1996.
Los fondos para la compensación serán tomados de una cuenta congelada por concepto de servicios telefónicos entre 1969 y 1992 que el estado cubano tiene en el Chase Manhattan Bank de Nueva York, declaró el abogado Frank Angones al diario de Miami El Nuevo Herald.
La legislación, aprobada por 95 votos a favor y ninguno en contra, fue catalogada por Alvarez ante la televisión cubana de gran importancia para Cuba y «esencialmente agresiva» por parte de Estados Unidos. (FIN/IPS/da/ff/ip/00
