Los productores de papa de Perú no habrían perdido 460.000 toneladas en su última cosecha si hubiese estado funcionando entonces una red de cabinas públicas de Internet, como la que se instalará en áreas rurales a partir del año próximo.
La mayor parte de las papas perdidas fueron dejadas bajo tierra por los campesinos, pues los bajos precios del mercado no cubrían los costos de la cosecha.
«Los excelentes precios de la cosecha anterior y la falta de información sobre el mercado llevaron a los productores de papa a sembrar casi 20 por ciento más que la extensión normal», comentó el agrónomo Teodosio Echeverría. El resultado fue un precio bajísimo y sobreproducción.
Al igual que las sequías y otras catástrofes naturales, los bajos precios son uno de los fantasmas de los campesinos en sociedades como la peruana, en que el Estado no regula los precios ni interviene en la programación de siembras.
«El gobierno adquirió parte de los excedentes para sus programas de ayuda alimentaria, pero esas compras no fueron suficientes», comentó Echeverría.
Por otra parte, «en el marco liberal de la economía de mercado, no son posibles los mecanismos de programación social de siembras, como el que puso en práctica entre 1969 y 1975 el gobierno militar izquierdista del general Juan Velasco Alvarado», según la economista Laura Teves.
«En consecuencia, la única solución es dotar a los campesinos de instrumentos de información sobre las tendencias del mercado para optimizar su capacidad de decisión», agregó.
Las cabinas públicas de la red informática mundial Internet serán operadas por empresas privadas, que contarán con financiamiento estatal dada la escasa rentabilidad del mercado en el que prestarán su servicio.
En el primer trimestre del próximo año, el organismo público que supervisa la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones (Osiptel) convocará una licitación de proyectos para la instalación de cabinas públicas de Internet en las áreas rurales.
Osiptel ajustará el proyecto sobre la base de los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que define como territorio rural a las poblaciones con menos de 100 viviendas contiguas, o con más de 100 dispersas.
Se dará preferencia a las poblaciones de bajo poder adquisitivo, ubicadas en áreas alejadas de los centros urbanos y cuya actividad primordial sea la agricultura, la ganadería, la pesca o la minería.
«Como se trata de zonas de escasa rentabilidad comercial, pero de alta rentabilidad social, se dará apoyo financiero y técnico a las empresas privadas interesadas en operar el servicio», explicó Karen Garrido, de la oficina de comunicaciones de Osiptel.
El reglamento de la licitación establece que, además de las instalaciones, se podrán financiar programas de capacitación para el uso de estos servicios así como la elaboración de bases de datos con contenidos locales y regionales.
«Esto permitirá convertir a los campesinos no solo en receptores de información sino también en transmisores, para que puedan interactuar de manera adecuada con todo el mundo», añadió Garrido.
«Se espera beneficiar a 5.000 comunidades campesinas, con una población conjunta de tres millones de habitantes. Se dará preferencia a las áreas de interés social preferente, de baja densidad poblacional y situación deprimida», precisó.
La licitación será convocada por el Fondo de Inversiones de Osiptel, dotado con 17 millones de dólares por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la primera fase del proyecto.
Luis Bonifaz, presidente del fondo instituido para financiar el proyecto, informó que se está recogiendo la experiencia de otros países.
El fondo financiará la inversión, operación y mantenimiento, o actividades complementarias como estudios de ingeniería, adquisición de equipos y materiales, acceso y elaboración de contenidos en Internet, entre otras.
«Los préstamos podrán ser reembolsables o no reembolsables, pero en ningún caso serán un subsidio directo a los usuarios, pues se trata de promover la autorentabilidad del servicio», señala Bonifaz.
Según Garrido, en las zonas rurales en donde no exista comunicación telefónica las cabinas públicas de Internet funcionarán vía satélite.
La metodología de selección procurará garantizar el mayor impacto social, según criterios de acceso y distancia a los puntos con comunicación telefónica más cercanos, población directa e indirecta que se beneficiará con el servicio, etcétera.
«Elaborados los proyectos, se promocionarán y se pondrán a disposición de los inversionistas mediante subastas públicas competitivas», informó Bonifaz.
«El financiamiento para cada una de las cabinas puede ser solicitada al fondo por cualquier persona natural o jurídica: los municipios, entidades constituidas por pobladores interesados, o empresas dispuestas a asumir este servicio rural de telecomunicaciones», concluyó. (FIN/IPS/al/mj/dv cr/00
