La reunión informal que los jefes de Estado de la Unión Europea sostendrán este viernes y el sábado en esta ciudad balnearia francesa adquirió súbita relevancia diplomática gracias a la participación del nuevo presidente de Yugoslavia, Vojislav Kostunica.
Si bien el punto principal de la agenda oficial de la cumbre es la aprobación de la carta de derechos sociales de la Unión Europea (UE), el mandatario yugoslavo constituye la máxima atracción del encuentro.
El presidente de turno de la UE, el francés Jacques Chirac, invitó a Kostunica a la cita de Biarritz, inmediatamente después de que su triunfo electoral fuera reconocido oficialmente en Belgrado.
Con la invitación a Kostunica, la UE subraya su apoyo al proceso de transición que tiene lugar actualmente en Yugoslavia.
Pese a este apoyo europeo, expresado ya esta semana durante la visita a Belgrado del ministro francés de Asuntos Exteriores, Hubert Vedrine, Kostunica se ha negado a reunirse con Bernard Kouchner, compañero de gabinete de Vedrine hasta hace un año y hoy representante de la Organización de las Naciones Unidas en la provincia de Kosovo.
Kostunica reprocha a Kouchner no haber impedido la persecución que la población serbia de Kosovo sufre desde los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) el año pasado.
La presencia del nuevo presidente yugoslavo ha eclipsado el punto principal de la agenda de la cumbre de Biarritz. Los jefes de Estado y el llamado Comité 133 de la UE deben aprobar la nueva Carta Social europea, redactada por un consejo de notables que contó con la asistencia de unas 70 organizaciones civiles.
Esta carta agrupa bajo seis secciones los derechos sociales y políticos que deben tener vigencia en Europa: Dignidad, Libertades Individuales, Justicia, Solidaridad, Ciudadanía e Igualdad.
La carta retoma valores vigentes actualemente en todos los países miembros de la UE. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) critican su contenido y han anunciado manifestaciones de protesta en Biarritz durante el fin de semana.
La Coordinación por el Control Ciudadano de la Organización Mundial de Comercio, que encabezó las manifestaciones contra la globalización en diciembre en Seattle, consideró en un comunicado, que la carta marca un retroceso respecto de derechos en vigor en Europa.
Jean Pierre Dubois, vicepresidente de la Liga de Derechos Humanos en Paris, declaró que la carta «no define de manera clara los derechos sociales. Sobre todo los derechos de las minorías y de los inmigrantes han sido olvidados».
Pier Virgilio Dastoli, vocero del Forum Sociedad Civil, que agrupa a varias ONG europeas, estima que la realidad social va a superar rápidamente el restringido marco de la nueva carta.
«Hay otro documento europeo, la Carta del Consejo de Europa, que es más avanzado», aseguró Dastoli. «Cuando esta Carta del Consejo de Europa entre en vigor, la nueva carta social va a pasar al olvido».
Otro motivo de crítica es el carácter no vinculante de la carta y que no será incluida en los tratados europeos.
No obstante, constitucionalistas y expertos en derecho internacional consideran que se trata de un problema técnico insignificante ya que desde el momento en que los países de la UE aprueben oficialmente la carta, la Corte Europea de Justicia podrá referirse a ella como una jurisprudencia válida.
La redacción del documento se vio acompañada de discusiones entre los representantes de las distintas corrientes políticas y de los países miembros de la UE.
Los democristianos alemanes quisieron imponer en el preámbulo del texto una referencia inequívoca a la tradición religiosa de Europa, pero franceses y británicos se opusieron.
La solución la encontraron en las traducciones del texto a los diferentes idiomas. Así, en la versión alemana, el preámbulo se refiere a la «herencia religiosa» europea, en tanto en las versiones en francés y en inglés, el mismo pasaje sólo habla de la «tradición moral y espiritual» del continente.
Confrontaciones semejantes se dieron en la discusión sobre los derechos económicos y sociales.
Los británicos se opusieron a que tales derechos quedasen plazmados sin ambigüedad en este documento de carácter constitucional e impidieron que la carta social reconociera un «derecho al trabajo». En vez de ello, la redacción final establece solamente el «derecho a trabajar».
Al margen de la Carta Social, los jefes de Estado deberán analizar en Biarritz un plan de cinco puntos, destinado a armonizar la política energética de los países de la UE.
Este plan, propuesto por la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la UE), es consecuencia de la crisis social derivada de los precios del petróleo y experimentada en agosto en Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña e Italia.
La Comisión Europea sugiere a los jefes de Estado entablar un diálogo permanente con los países productores de petróleo. Además, los gobiernos deberían negarse a compensar las alzas de los precios del crudo con bajas específicas de impuestos.
Finalmente, la Comisión Europea subraya la importancia de una diversificación de las fuentes energéticas, de la reducción del consumo de electricidad y de una política de transporte que se base en medios colectivos.
La reunión informal de Biarritz, que concluirá el sábado, debe además preparar la cumbre intergubernamental de Niza, Francia, en la que la UE intentará definir la reforma de sus instituciones. Esta reforma es una precondición al ingreso en la UE de los países del antiguo bloque socialista europeo.
Los principales puntos de esta reforma son la ponderación de los votos de cada país miembro de acuerdo a su población, la eliminación del derecho de veto y la limitación del número de comisarios de la Comisión Europea.
Además, algunos países, como Alemania, Francia, Holanda y Bélgica, desean constituir un «núcleo duro» de la UE. Es decir, que estos países podrían cooperar en áreas y de maneras no definidas por los tratados europeos vigentes.
De esta forma, los países del núcleo duro podrían neutralizar el veto que ejercen hoy los miembros que se oponen a un modelo europeo federal, como España, Gran Bretaña y los países escandinavos. (FIN/IPS/
