Tres organizaciones argentinas defensoras de los derechos humanos se solidarizaron hoy con la española Asociación de Víctimas del Terrorismo y repudiaron un atentado de la organización ilegal vasca ETA que causó tres muertes el lunes.
Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Abuelas de Mayo y la Asociación de Familiares de Desaparecidos por Causas Políticas en Argentina tomaron así distancia de la organización argentina Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, la cual expresó solidaridad con familiares de integrantes de ETA presos.
En una carta dirigida a familiares de presos etarras, De Bonafini aseguró que el Estado español «es asesino y criminal».
Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y la organización que preside De Bonafini tuvieron origen común en actividades de denuncia de la desaparición forzada de personas cometida por la dictadura argentina (1976-1983), pero se separaron al discrepar sobre la misión de los familiares de víctimas de esa dictadura.
De Bonafini sostiene que las madres de desaparecidos deben continuar la lucha de sus hijos, y su organización suele tomar posición sobre cuestiones políticas argentinas e internacionales.
Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Abuelas de Mayo y la Asociación de Familiares de Desaparecidos por Causas Políticas, en cambio, centran su actividad en denunciar el terrorismo de Estado durante la dictadura argentina y buscar a desaparecidos arrebatados a sus padres cuando eran niños.
Esas tres organizaciones dirigieron una carta de solidaridad a la española Asociación de Víctimas del Terrorismo, firmada por Esperanza y Manoli Labrador en nombre de Madres-Línea Fundadora, Matilde Rutilo Artés en nombre de Abuelas, y Nora Gutiérrez en nombre de la Asociación de Familiares.
«A través de la Asociación de Víctimas del Terrorismo queremos hacer llegar a todos y cada uno de los afectados por el último brutal atentado de ETA, que repudiamos públicamente, nuestra más profunda condolencia a las viudas, los huérfanos y las familias afectadas», señalaron.
El envío de la carta se produjo mientras se realizaban manifestaciones de repudio a ETA en ciudades españolas por el atentado cometido el lunes en Madrid, que causó la muerte del juez José Francisco Querol, miembro del Tribunal Supremo, del conductor de su automóvil y de una persona que lo escoltaba.
Otras 38 personas resultaron heridas en el atentado, realizado con explosivos, que destruyó varias decenas de automóviles y causó daños de diversa magnitud en medio centenar de viviendas.
De Bonafini afirmó en una entrevista publicada el sábado por el diario madrileño El Mundo que no tenía por qué retractarse de lo expresado en su carta a familiares de presos etarras.
«Todo lo que hice fue denunciar a un Estado que tortura y que tiene a la gente presa por pensar, y lo sigo sosteniendo», subrayó.
«El Estado español es un Estado terrorista, (el ministro del Interior Jaime) Mayor Oreja es franquista y al franquismo no le gusta que le descubran las torturas», sostuvo.
«Mayor Oreja es uno de los responsables porque permite que se torture, lo admite y está contento por eso», añadió.
Rutilo, una de las primeras abuelas de desaparecidos en recuperar a su nieta, quien era hija de una asesinada por la dictadura argentina, dijo a IPS que la posición de De Bonafini y su relación con movimientos afines a ETA no son hechos nuevos.
Esa relación «es negativa para la causa de todas las madres, abuelas y familiares de víctimas de la dictadura y del terrorismo», agregó.
Según De Bonafini, en España hay presos de ETA acusados de terrorismo y otros que «sólo están presos por pensar». Fuentes gubernamentales españolas aseguraron que eso es falso, ya que en España no existe el delito de opinión.
Como prueba, señalaron que ex presos de ETA que habían sido condenados por asesinato y cumplieron su condena son en la actualidad diputados, y que uno de ellos integra la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo declaró persona no grata a De Bonafini y extendió su rechazo a la organización que ella preside.
El portavoz de Asuntos Exteriores del gobernante Partido Popular, José María Robles Fraga, acusó a De Bonafini de ser «una estafadora que ha engañado la buena fe de mucha gente e instituciones» de las cuales recibió ayuda económica.
El líder del moderado Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzalluz, defendió a De Bonafini y afirmó que el gobierno español «no sólo viola los reglamentos penitenciarios, sino que realmente actúa de una forma desalmada, alejando deliberadamente, y como castigo que no impone la ley, a los hijos de sus madres y de sus padres».
Arzalluz se refirió al hecho de que los presos juzgados o condenados por asesinatos cometidos por ETA estén recluidos en cárceles alejadas del País Vasco, pero no sostuvo que esos presos sean víctimas de torturas o de malos tratos físicos. (FIN/IPS/td/mp/hd ip/00)
