La Corte Suprema de Estados Unidos revisa la demanda de un grupo de 10 madres negras contra un hospital público que les practicó análisis antidroga sin su consentimiento durante exámenes prenatales de rutina y luego entregó los resultados a la policía.
En total, 30 mujeres, de las cuales 29 eran negras, fueron encarceladas porque sus análisis resultaron positivos, en el marco de la política antidroga desarrollada conjuntamente en 1989 por un hospital público de Carolina del Sur, la policía y fiscales locales.
Las mujeres fueron acusadas de posesión de estupefacientes, descuido y suministro de drogas a menores, es decir a los fetos, que son considerados personas por las leyes de Carolina del Sur.
«En este caso, los médicos colaboraron directamente con la policía para que arrestaran a las mujeres en cuanto abandonaran el lecho del hospital», acusó la abogada de las demandantes, Priscilla Smith.
«Estamos de acuerdo con la Asociación Médica Americana en que se trata de un chocante abuso de poder del gobierno y la policía», agregó.
Además de las implicaciones sobre confidencialidad del caso, conocido como Ferguson versus la Ciudad de Charleston, las demandantes arguyeron que los subrepticios análisis antidroga sólo sirven para desalentar la búsqueda de atención prenatal.
«Nadie quiere que una mujer embarazada haga algo perjudicial para el feto, pero si algo sabemos sobre drogadicción es que las políticas punitivas hacen más mal que bien», expresó Smith, y agregó que casi todas las asociaciones médicas del país se oponen a esos análisis por considerarlos contraproducentes.
Sin embargo, mucho peor que los análisis en sí mismos fue la entrega inmediata de los resultados a la policía, subrayó Smith.
La Unión de Libertades Cívicas (ACLU) y numerosos grupos médicos y de derechos reproductivos escribieron cartas de solidaridad hacia las demandantes.
Ante el interrogatorio de los nueve jueces de la Corte, el abogado de los demandados, Robert Hood, arguyó que la política antidroga no pretende castigar sino «evitar que una mujer haga algo irreparable contra sí misma y su hijo todavía en el útero».
Hood dijo al tribunal que los análisis se realizaron en respuesta a una «epidemia» de madres adictas al crack y, por lo tanto, la intrusión fue justificada.
Las mujeres, asistidas por abogados del Centro de Leyes y Políticas Reproductivas (CRLP), demandaron primero al hospital y la ciudad de Charleston en 1993, alegando que los análisis antidroga constituían una intromisión ilícita en su intimidad, violatoria de la cuarta enmienda de la Constitución.
Un tribunal ratificó esa política (abandonada por el hospital en 1994), y una corte federal de apelaciones también falló contra las demandantes, arguyendo que el análisis antidroga encajaba en la «necesidad especial» de excepción a la protección de los ciudadanos contra registro o captura.
Por ejemplo, aunque la relación médico-paciente goza de la garantía de absoluta reserva en Estados Unidos, el personal médico de un hospital debe informar sobre cualquier herido de arma de fuego a las autoridades porque podría haberse cometido un crimen.
La Corte Suprema, con sede en Washington, aceptó el año pasado la apelación de las demandantes y se espera que emita su dictamen en julio de 2001.
Si bien los medios en general restaron importancia a la raza de las mujeres, algunas publicaciones señalaron que no sólo todas menos una eran negras, sino que el hospital universitario de Carolina del Sur era el único que atendía pacientes de bajos ingresos y aplicaba la política de «examen y arresto».
Susan Herman, profesora de la Escuela de Derecho de Brooklyn que participó de un simulacro de juicio en la Universidad de Virginia, consideró que las mujeres fueron encarceladas por «estar embarazadas siendo negras».
La expresión de Herman hace referencia al criterio racista de algunos policías que detienen a automovilistas afroestadounidenses por «conducir siendo negros», como se denomina irónicamente el procedimiento.
Algunos testimonios de las demandantes vertidos en el sitio Web de CRLP presentan una triste imagen de la actuación policial. Algunas mujeres fueron detenidas pocas horas después de haber dado a luz, y una tuvo el tobillo amarrado al lecho durante el trabajo de parto.
«Después que me vestí, tres policías entraron, me esposaron y me dijeron que estaba arrestada por distribución de cocaína a un menor», contó Lori Griffin, que tenía otros dos hijos esperando en su casa cuando fue entregada a la policía por una enfermera del hospital, en octubre de 1989.
«Jamás volveré a confiar en un médico… Me atormentaron…», lamentó.
Cuando Sandra Powell fue detenida ese mismo año, todavía sangraba por el parto y solo tenía puesta una camisa de hospital abierta en la espalda. «Les dije, por favor, ¿qué puedo hacer para que no ocurra esto? ¿Pueden ayudarme, qué pasa?»
«Acababa de tener un bebé y todavía sentía dolor, pero antes que terminara el día estaba en la cárcel… Me sentía muy avergonzada porque no sabía lo que había hecho para que me trataran en esa forma», dijo Powell.
En 1990, el hospital comenzó a ofrecer a las mujeres tratamiento antidroga como opción a la prisión. Sin embargo, aquellas que se rehusaron fueron arrestadas.
El caso tiene vastas implicaciones para los derechos cívicos y femeninos en general, opinaron los abogados.
«Una vez que esa justificación (de salud fetal o materna) es aceptada como base para despojar a una persona de sus derechos, no hay un punto lógico para detener el procedimiento», advirtió la carta de ACLU.
«Muchas cosas que hombres y mujeres hacen antes y después de la concepción pueden afectar la salud del hijo, desde fumar y beber hasta tener malos hábitos dietéticos», señaló el grupo.
«Si el Estado puede hacer análisis antidroga a mujeres embarazadas basado en un criterio que tiene que ver más con la pobreza que con el consumo de estupefacientes, no hay razón para no vigilar de manera más general el comportamiento de todas las mujeres durante su gestación», arguyó ACLU. (FIN/IPS/tra-en/ks/da/ego/mlm/hd/00
