Autoridades y habitantes de la capital de la provincia de Sucumbíos, norte de Ecuador, temen que narcotraficantes y paramilitares colombianos hayan cruzado la frontera para instalarse en la zona.
El alerta surgió luego de que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) asegurara que las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y traficantes de drogas comenzaron a comprar tierras en la Amazonia ecuatoriana para trasladar los cultivos de coca.
Para confirmar esa aseveración, el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, que aglutina a grupos humanitarios y ambientalistas, pidió al gobierno, a los mandos militares y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que realicen un estudio catastral en la frontera entre ambos países.
El informe de la APDH fue avalado por campesinos colombianos obligados a abandonar su área de residencia por el comienzo de fumigaciones contra plantaciones ilegales y el recrudecimiento de los combates en Putumayo entre las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército y las AUC.
Pedro, un campesino que pidió refugio en Ecuador, afirmó a IPS que guerrilleros de las FARC le dijeron a un grupo de personas desplazadas del sur colombiano que si venían a Ecuador no se quedaran en Sucumbíos, porque "es zona paramilitar".
"Uno de los comandantes nos dijo que tratáramos de irnos a otra parte, mejor a la Sierra, porque aquí (en Sucumbíos) están los 'paracos' y en poco tiempo, si esto sigue así, será lugar de combates", comentó Pedro, quien dijo que los paramilitares lo habían expulsado junto con la familia de su finca en Putumayo.
Las autoridades municipales de Nueva Loja también manejan la información de que las AUC quieren instalarse en Sucumbíos para cortar un posible repliegue de la guerrilla y sus líneas de abastecimiento.
Una fuente de las FARC en Putumayo aseguró a IPS que miembros de la comandancia de ese grupo intentaron contactarse con el gobierno ecuatoriano a través de su cancillería, pero la reunión no se concretó.
El objetivo era entregar "información reservada" sobre la actuación de grupos paramilitares en la Amazonia de Ecuador. "Lamentablemente parece que las autoridades ecuatorianas primero aceptaron la reunión y después cambiaron de opinión, con lo cual no se les pudo informar", comentó la fuente.
Agregó que paramilitares con apoyo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense) y "mercenarios internacionales" podrían realizar "acciones provocativas" en Ecuador para culpar a las FARC y lograr así que los países fronterizos de Colombia no acepten a esa guerrilla como fuerza beligerante.
En esa misma dirección apunta otra información, según la cual diversas personas que tendrían datos sobre la presencia de paramilitares en este país estarían siendo amenazadas de muerte, mientras lugareños señalan la actuación de sicarios.
El asesinato de dos niños de la calle perpetrado el 20 de agosto en Nueva Loja con un tiro en la nuca y otro en el pecho sería parte de la misma historia.
Los médicos que recogieron los cuerpos, hicieron la autopsia y los enterraron, tras hacer la denuncia correspondiente, fueron amenazados de muerte y recibieron un mensaje de que estaban en la mira de los paramilitares, dijeron las fuentes.
Estas advertencias salen a luz una semana después de que 40 hombres fuertemente armados secuestraron un helicóptero que transportaba funcionarios extranjeros de la compañía petrolera hispano-argentina Repsol-YPF, radicada en la provincia de Orellana, vecina de Sucumbíos y a 100 kilómetros de la frontera.
El helicóptero fue encontrado un día después en territorio colombiano sin los pasajeros, aunque los dos tripulantes de nacionalidad francesa aparecieron en forma sorpresiva el lunes en Quito luego de haberse fugado de sus raptores, según informaron portavoces del gobierno.
El vicepresidente y actual presidente en ejercicio de Ecuador, Pedro Pinto, en un principio atribuyó el secuestro a las FARC, porque el grupo se había presentado "ejecutando una acción en rechazo de la participación ecuatoriana en el Plan Colombia", programa antidrogas de Bogotá.
Pero el comandante Joaquín Gómez, jefe del bloque sur de las FARC, principal guerrilla colombiana, aseguró que nada tenían que ver con el secuestro y confirmó la decisión de ese grupo de no intervenir militarmente en los países vecinos.
Horas más tarde de que Gómez hiciera las declaraciones, fuentes del propio gobierno ecuatoriano deslindaron la responsabilidad de la guerrilla, tras lo cual surgió la versión de que el hecho habría sido protagonizado por delincuentes comunes, paramilitares o mercenarios internacionales.
Un informante militar ecuatoriano que prefirió mantener el anonimato aseguró a IPS que ya estarían actuando en Colombia mercenarios expertos en guerra de alta tecnología, como "los que montaron el aparato de comunicaciones para inteligencia en Croacia y apoyaron a ese país en su conflicto con Serbia".
"No son tipo Rambo, aunque algo de eso tengan. Son soldados especializados en alta tecnología, muchos de los cuales se pueden contratar en empresas de seguridad internacionales que ofrecen su servicio por Internet», explicó la fuente.
Agregó que ese tipo de «paramilitares postmodernos» tienen la capacidad de rastrear objetivos para secuestrar o atacar helicópteros o campamentos guerrilleros, y además ejecutar la acción.
"Hace algunos meses tuve contacto con uno de ellos, de 27 años, que había trabajado en la guerra de Yugoslavia. Es italiano y me decía que ahora iban a requerir los servicios de gente especializada como él para el Plan Colombia, con buena paga», comentó el informante.
Sin embargo, el militar ecuatoriano se inclina a pensar que el secuestro del helicóptero de la firma petrolera podría haber sido realizado por paramilitares colombianos.
Este hecho, además de poner en duda el refuerzo militar de la frontera ecuatoriana, trajo a la mente uno similar que se produjo en septiembre del año pasado en Sucumbíos.
En esa oportunidad fueron 12 los extranjeros tomados de rehén y también se habló de una posible participación de la guerrilla en el hecho, pero luego se confirmó que los autores eran delincuentes comunes.
El control militar ecuatoriano en la zona fronteriza con Colombia aumentó en las últimas semanas, incluyendo los pueblos ubicados junto al río San Miguel como General Farfán, a 40 minutos de Nueva Loja, y Puerto El Carmen, a seis horas de esta capital provincial.
El gobierno también prohibió la venta de gasolina, cemento y tanques de gas a colombianos, y se habilitó sólo la entrega de un tanque por familia a los ecuatorianos.
La gasolina y el cemento se pueden utilizar para procesar la cocaína y los tanques de gas se usan como bombas para atacar objetivos militares.
El comandante del grupo de fuerzas especiales número 24 Rayo, teniente coronel Felipe Burbano, hizo en septiembre un llamado a la tranquilidad, y precisó que «la frontera con Colombia está resguardada con personal especializado en selva y en técnicas y tácticas de contrainsurgencia».
Agregó que en la línea de frontera hay puestos avanzados de combate y destacamentos que realizan operativos de control y seguridad fronteriza, y vigilan los pozos petroleros y oleoductos en la zona.
El 26 de septiembre, dos días antes de que los presidentes Gustavo Noboa, de Ecuador, y Andrés Pastrana, de Colombia, habilitaran un puente sobre el río San Miguel, el ejército ecuatoriano detuvo un cargamento de municiones y explosivos que supuestamente se iban a utilizar para volar el puente.
En el operativo fueron detenidas cinco ecuatorianos y colombianos integrantes de "un grupo subversivo colombiano" que opera en la zona, según el comandante de la policía, Mario Cevallos.
Sin embargo, fuentes militares ecuatorianas señalaron que la operación fue un posible "montaje paramilitar para involucrar a la guerrilla". (FIN/IPS/kl/dm/ip/00
