El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que refuerza las penas contra el tráfico internacional de mujeres y niños con fines de prostitución y otros tipos de trabajo esclavo.
La ley permitirá que las víctimas de estos delitos obtengan la residencia permanente en este país, a cambio de que cooperen con las autoridades para capturar a los traficantes.
La ley también destina casi 100 millones de dólares para combatir el tráfico internacional de seres humanos en los próximos dos años.
«Esta es la legislación más significativa en materia de derechos humanos de este Congreso. El proyecto desafía a la mayor manifestación de esclavitud moderna en el mundo», aseguró el senador republicano Sam Brownback.
El tráfico de seres humanos sigue aumentando, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Hasta dos millones de personas, principalmente mujeres y niños, cruzan ilegalmente las fronteras nacionales cada año en busca de lo que creen será trabajo legítimo, pero luego sus empleadores los obligan a trabajar en la prostitución u otro tipo de trabajo forzado.
De esa cantidad, unos 50.000 llegan a Estados Unidos cada año, en su mayoría de Europa oriental, la ex Unión Soviética, México y Asia, según la CIA, que concluyó que el tráfico de seres humanos es la fuente de ganancias de mayor crecimiento para el crimen organizado en el mundo.
Se calcula que la práctica ilegal genera 7.000 millones de dólares por año.
El estudio de la CIA mencionó casos de mujeres letonas llevadas a Chicago donde fueron obligadas a bailar desnudas en clubes privados, y de mujeres mexicanas, algunas de ellas niñas de 14 años, traídas con la promesa de emplearlas como domésticas pero vendidas directamente a prostíbulos.
Si se resisten, corren peligro de sufrir lesiones o incluso la muerte, o se les dice que sus familias sufrirán represalias. Si aún no cooperan, son golpeadas y con frecuencia violadas, según expertos y víctimas que atestiguaron ante el Congreso este año.
Otras llegan virtualmente como esclavas de fábricas o casas que las explotan. En 1995, 72 trabajadores tailandeses fueron descubiertos en un pueblo cercano a Los Angeles donde trabajaban en una textil durante 20 horas diarias por 69 centavos la hora, en un complejo cercado por alambres de púa para evitar su fuga.
En otro caso mencionado por la CIA, una organización nigeriana cobraba a parejas de padres hasta 12.000 dólares para llevar a sus hijos a estudiar a Nueva York. Pero una vez en Estados Unidos, los niños eran obligados a trabajar como empleados domésticos.
El tráfico de seres humanos aumenta en este país y en el resto del mundo, según el informe que precisó que Tailandia, Vietnam, China, México, Rusia y República Checa son las principales fuentes de traficantes que traen personas para trabajar contra su voluntad en Estados Unidos.
La CIA halló que los sistemas de justicia y de inmigración de este país no están preparados para combatir el tráfico debido a la confusión sobre la jurisdicción, la dificultad de investigar y procesar los casos, y la poca severidad de las penas.
Hasta el momento, las penas máximas eran 10 años de prisión para los traficantes o empleadores descubiertos.
«Es muy raro que los traficantes sean castigados. Las penas son ligeras y no reflejan la violación de los derechos humanos perpetrada contra las víctimas», según el senador demócrata Paul Wellstone.
Las víctimas, sobre todo aquellas obligadas a trabajar en la prostitución, son deportadas de inmediato a sus países donde es poco probable que haya cambiado la situación económica que las llevó a caer en manos de los traficantes en primer lugar.
La deportación también impide que atestigüen contra los traficantes en Estados Unidos.
La nueva ley intenta resolver estos problemas. La pena máxima para los traficantes o el trabajo esclavo se duplica a 20 años, con la posibilidad de prisión perpetua en los casos de muerte, secuestro, violación sexual o intento de homicidio.
El proyecto crea la visa «T» para las víctimas de los traficantes que les permitiría quedarse en Estados Unidos aunque hayan ingresado al país sin los debidos documentos. También estarían habilitadas a recibir ayuda federal durante su estadía.
El proyecto también crea una oficina en el Departamento de Estado (cancillería) que redactará un informe anual sobre la evolución del combate de otros países al tráfico de seres humanos. También autoriza a negarle ayuda a aquellos gobiernos que no cooperen en este ámbito.
Se destinarán 94,5 millones de dólares para cooperar con otros países en la lucha contra este tipo de tráfico.
«Esta legislación establece un enfoque totalmente diferente al castigar a los perpetradores, no a las víctimas. También facilita la concientización sobre el tráfico de tipo sexual en todo el mundo», dijo Brownback.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con un solo voto en contra esta semana. Junto al proyecto se aprobaron 3.400 millones de dólares para la Ley contra la Violencia contra la Mujer.
El dinero se utilizará en los próximos cinco años para financiar la lucha contra este tipo de violencia en Estados Unidos, incluso el apoyo a refugios y servicios para mujeres golpeadas, información pública y la capacitación de jueces. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/aq/hd/00
