El ex dictador de Chile Augusto Pinochet dio la orden de «neutralizar» al general Carlos Prats, un ex jefe del ejército asesinado junto a su esposa en Buenos Aires en 1974, aseguró hoy la hija de las víctimas en vísperas del juicio que se abrirá en Argentina a uno de los principales acusados.
El lunes 9 comenzará en Buenos Aires el juicio oral al chileno Enrique Arancibia Clavel, único arrestado en Argentina por el atentado terrorista que el 30 de septiembre de 1974 mató a Prats y a su esposa Lucía Cuthbert, haciendo estallar su automóvil en el barrio de Palermo de esa capital.
Arancibia Clavel fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía represiva de los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), que organizó y ejecutó el doble asesinato, señaló Sofía Prats Cuthbert en rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
La jueza argentina María Servini de Cubría estableció la autoría de la DINA, por lo cual están inculpados altos jefes y agentes de esa organización represiva, así como el propio Pinochet, en su carácter de máximo jerarca de la dictadura y del ejército en el momento del crimen.
Además de Arancibia Clavel y de Pinochet, la familia Prats pidió encausar al ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y a otros oficiales del ejército también retirados y ex miembros de ese órgano: el general Raúl Iturriaga, su hermano, coronel Jorge Iturriaga, y a los brigadieres Pedro Espinoza y José Zara.
Todos ellos tienen pendientes ante la justicia argentina demandas de prescripción del caso, al igual que la escritora y ex agente de la DINA Mariana Callejas, también inculpada. Pinochet, en cambio, no formuló solicitud de prescripción.
Sofía Prats señaló que existe un testigo, cuyo nombre mantuvo en reserva, que en la antesala del despacho de Pinochet en 1974 se enteró, por boca del entonces ministro de la Secretaría General de Gobierno, coronel Pedro Ewing, que el dictador ordenó «neutralizar» a su antecesor en el mando del Ejército.
Ewing, luego ascendido a general, ya está fallecido.
Prats sucedió en la jefatura del ejército chileno al también asesinado comandante René Schneider, acribillado el 22 de octubre de 1970 por un comando de extrema derecha que intentaba impedir que el Congreso legislativo ratificara la elección como presidente del socialista Salvador Allende.
Tanto Schneider como Prats encarnaron la doctrina institucional que rigió a las Fuerzas Armadas hasta 1973, de respeto al poder legal y sujeción al gobierno civil, en tanto cuerpos no deliberantes y organizados jerárquicamente, señaló Sofía, la mayor de las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert.
Carlos Prats debió abandonar la jefatura del ejército el 23 de agosto de 1973, en medio de presiones de la oposición a Allende, quien nombró en su reemplazo a Pinochet, entonces segundo en el orden de jerarcas de esa fuerza.
Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Prats y su esposa se trasladaron a Argentina. Cuando fueron asesinados por la DINA, llevaban varias semanas tramitando sus pasaportes en la Embajada de Chile con la intención de trasladarse a otro país más seguro.
El ejército de Chile afronta hoy la disyuntiva de reivindicar a Schneider y Prats y la doctrina institucional que ellos representaron o seguir apoyando a Pinochet, quien rompió con la tradicional sujeción de las Fuerzas Armadas al orden democrático, señaló la hija del militar asesinado.
Sofía Prats es hace nueve años alcaldesa del municipio de Huechuraba de la región Metropolitana (Santiago) y aspira a la reelección en los comicios del día 29, como candidata del Partido Por la Democracia, una de las cuatro fuerzas de la coalición que gobierna Chile desde el fin de la dictadura en marzo de 1990.
El crimen permaneció en la impunidad por largos años, bajo los regímenes dictatoriales en Chile y Argentina, y la figura de Prats ha sido ignorada por el ejército chileno, tanto bajo la gestión de Pinochet como en la del actual comandante, general Jorge Izurieta.
Sofía Prats señaló que Izurieta jamás se ha contactado con su familia, pero valoró como «un primer gesto» del ejército la inédita presencia del obispo castrense, Pablo Lizama, en el homenaje que el domingo se rindió a sus padres en el Cementerio General de Santiago, en el aniversario 26 del atentado.
El proceso que se abrirá a Arancibia Clavel el próximo lunes en Buenos Aires tiene una duración prevista de tres semanas.
Es probable que la Cámara Federal de Argentina (tribunal de apelación) resuelva en ese lapso sobre los pedidos de proscripción de los cargos de Contreras, Espinoza, Zara y los hermanos Iturriaga.
Sofía Prats espera que estas solicitudes sean rechazadas y que se siga adelante con juicios a todos los imputados en el asesinato, lo cual implicaría en el futuro pedidos de extradición desde Argentina de esas personas, residentes en Chile.
Se prevé que Contreras, condenado a siete años de cárcel por el asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier, salga en libertad en enero del próximo año, pero deberá responder por otras acusaciones, incluyendo la del caso Prats.
Espinoza purgó una sentencia de seis años por el asesinato de Letelier y ya salió en libertad, pero está encausado por el juez chileno Juan Guzmán a raíz de la desaparición de 19 opositores en la llamada «caravana de la muerte».
Por esa causa se puede enjuiciar también a Pinochet, ya despojado de su inmunidad como senador vitalicio.
Contreras, Espinoza y el general Iturriaga son igualmente reclamados por la justicia de Italia, que los condenó en ausencia por el atentado terrorista que la DINA realizó en Roma en 1975 contra el ex vicepresidente de Chile, Bernardo Leighton, y su esposa, Anita Fresno. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/00
