El gobierno de Colombia y las FARC, principal grupo guerrillero de este país, retornaron hoy a la mesa de diálogo para acordar el cronograma de negociaciones en materia económica y sobre un cese del fuego y de hostilidades.
Mientras, organizaciones humanitarias reclaman de ambas partes gestos que devuelvan la credibilidad al proceso de diálogo, que cumplió su primer año.
El alto comisionado presidencial para la Paz, Camilo Gómez, dijo que desde este jueves el proceso de paz «se revitaliza» tras superarse la crisis que originó el guerrillero prófugo Arnobio Ramos al secuestrar un avión, un episodio que mantuvo congelado el diálogo por más de un mes.
«El proceso ha tomado nuevamente su rumbo» y «todos los colombianos esperan una respuesta» sobre los puntos en discusión, afirmó Gómez.
El acuerdo que descongeló la negociación se alcanzó el lunes, con la decisión de las partes de dejar en manos de una comisión especial el caso de Ramos, quien desvió el 8 de septiembre el avión comercial el que era trasladado de Bogotá a la localidad de Neiva, en el centro de este país, para un trámite judicial.
El avión fue obligado a aterrizar en la denominada «zona de distensión» de la que el gobierno ordenó la retirada de las fuerzas armadas con la finalidad de desarrollar allí las negociaciones con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
El gobierno suspendió entonces de manera unilateral las negociaciones y pidió a las FARC la entrega de Ramos. Los rebeldes se opusieron, con el argumento de que no podían entregar un miembro suyo a la justicia del estado contra el que combaten.
El gobierno designó el lunes al presidente de la Conferencia Episcopal, Alberto Girado, y las FARC al dirigente Andrés París para que en una instancia independiente de la mesa de negociación procuren una solución al caso de Ramos en menos de un mes.
Lreanudación de las conversaciones coincidió este jueves con un llamado a un «acuerdo global» humanitario entre el gobierno y los grupos armados, formulado por el representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, Anders Kompass.
El funcionario internacional afirmó que ese acuerdo debería sacar al proceso de paz del «estancamiento en que se encuentra».
El delegado de la ONU planteó un acuerdo que comprometa al Estado a respetar los derechos humanos de la población y a los grupos armados a acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario, «es lo que realmente puede ayudar a oxigenar el proceso de paz».
En opinión de Kompass, el acuerdo contribuiría a «comenzar a disminuir radicalmente las violaciones de derechos humanos en la población civil y al mismo tiempo sería una herramienta para construir confianza entre las partes».
Crear conciencia en Colombia sobre la necesidad de adoptar acuerdos humanitarios es prioritario para la comunidad y así lo deben entender todas las instancias de la sociedad, afirmó el Kompass.
El deterioro de la situación de los derechos humanos a causa de la guerra civil también fue objeto de atención el martes del delegado de la Unión Europea (UE), Renaud Vignal, en la reunión del grupo internacional de apoyo al proceso de paz convocado por el gobierno colombiano.
La UE manifestó especial preocupación por el desplazamiento forzoso de parte de la población rural, en su mayoría mujeres y niños, por el peligro que corren los defensores de los derechos humanos y por las violaciones cometidas por grupos armados al derecho internacional humanitario.
Vignal anunció que la UE, que aportará unos 320 millones de dólares al plan de paz del gobierno colombiano, está dispuesta a financiar la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en este país.
Pese al inicio del proceso de paz del gobierno con las FARC y los contactos con el también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1999 las partes en conflicto «intensificaron sus acciones y se expandieron a nuevas áreas», según el último informe anual de la organización Amnistía Internacional.
«Más de 3.500 personas fueron objeto de violencia cometida por motivos políticos, varias decenas 'desaparecieron' y más de 250.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares», dice el informe, que responsabiliza a las guerrillas de izquierda, a paramilitares de derecha y a organismos de seguridad del Estado.
La situación de derechos humanos de Colombia fue criticada este año, entre otros, por informes del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y por la organización no gubernamental Human Rigths Watch, radicada en Nueva York. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00
