El gobierno de Colombia se comprometió hoy a buscar una solución inmediata a la situación de los habitantes del sudoriental departamento de Putumayo, aislado por la guerra entre la guerrilla izquierdista y fuerzas paramilitares de derecha.
El ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, informó que se establecerá un puente aéreo para llevar ropa y alimentos a la población afectada, y aseguró que «el ejército actuará contra todos los grupos al margen de la Ley, en orden a mantener la tranquilidad de las personas».
Así mismo, este miércoles se designó una comisión para atender el problema de los desplazados, integrada por la Defensoría del Pueblo, el programa Plante (de erradicación de cultivos ilícitos) y la Contraloría.
Los combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, que este miércoles cumple su tercera semana, han dejado al menos 30 muertos y el desplazamiento forzado del 40 por ciento de la población del Bajo Putumayo, la zona sur del departamento.
El gobernador de Putumayo, Jorge Devia, dijo que la población civil «se encuentra sitiada y aislada», ya que la guerrilla impide el acceso a Mocoa, la capital departamental, desde los departamentos vecinos de Nariño (sudoeste) y Huila (norte), y los paramilitares la entrada y salida por el sur.
Los combates que libran las FARC y los paramilitares en Putumayo constituye un anticipo de los efectos que tendrá en esa zona la lucha contra el narcotráfico prevista en el Plan Colombia, del presidente Andrés Pastrana, coinciden en señalar analistas y organizaciones no gubernamentales.
El Plan Colombia, criticado por amplios sectores del país por su componente militar, que es financiado en 70 por ciento por Estados Unidos, tiene como centro de la lucha antidrogas a Putumayo, que con una población cercana a los 300.000 habitantes es el mayor productor de coca del mundo, según Washington.
En Putumayo, donde se cultivan cerca de 60.000 hectáreas de hoja de coca, el conflicto entre las FARC, los paramilitares y los organismos de seguridad por el control territorial afecta a la población civil, según el no gubernamental Centro de Educación y Cultura Popular.
Los organismos de seguridad colombianos afirman que el principal objetivo de los grupos armados es alimentar sus finanzas con los ingresos del narcotráfico en la zona.
El experto Jaime Zuluaga, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, dijo a IPS que lo que sucede en Putumayo «es una muestra de lo que se espera en los próximos meses», cuando se inicie el programa de erradicación de cultivos ilícitos previsto en el Plan Colombia.
En los próximos meses se van a incrementar los combates no sólo entre las fuerzas paramilitares y las FARC, sino también con el ejército, pronosticó.
El experto estima que estos enfrentamientos armados generarán un éxodo de campesinos hacia «diferentes regiones del país y en particular hacia la frontera con Ecuador y Perú», países que ya han aumentado la vigilancia militar de sus fronteras para evitar el ingreso de desplazados a su territorio.
El Plan Colombia ocasionará el desplazamiento de unas 150.000 personas en Putumayo, y el sudeste del país, que se sumarán a las 1,9 millones que ya ha generado el conflicto armado desde 1985 y agravará la crisis humanitaria en las fronteras, advirtió la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. (FIN/IPS/yf/ag/ip hd/00
