El primer año de vigencia de la ley que eliminó en Chile la discriminación de hijos no legítimos concluirá este mes con un notable aumento de la proporción de nacimientos fuera del matrimonio registrados, según datos oficiales difundidos hoy.
En los 12 meses transcurridos hasta agosto de este año, 56,2 por ciento de los hijos inscriptos en el Registro Civil correspondió a padres que no están casados entre sí, un cambio brusco de la tendencia registrada en igual periodo hasta agosto de 1999, en que esa proporción era de 31,3 por ciento.
La Ley de Filiación fue promulgada por el entonces presidente Eduardo Frei (1994-2000) en octubre de 1998, pero la propia norma estableció un plazo de 12 meses para su plena entrada en vigor, que ocurrió el 27 de octubre de 1999, con la publicación del texto en el Diario Oficial (gazeta legal).
Aunque con altibajos, la tendencia predominante en Chile hasta 1999 era de un mayor número de inscripciones de hijos nacidos de matrimonios constituidos, por sobre el registro de nacimientos en las categorías de naturales e ilegítimos.
Antes de entrar en vigencia de la Ley de Filiación, el Código Civil chileno identificaba como naturales a hijos nacidos fuera de uniones matrimoniales y reconocidos por ambos progenitores, mientras los ilegítimos eran aquellos no reconocidos por el padre.
Estas diferenciaciones redundaban en una fuerte discriminación de los hijos «no legítimos», a quienes se negaba el ingreso a algunos colegios y universidades religiosas, en escuelas de oficiales militares e incluso en empresas, además de carecer, en el caso de los ilegítimos, de derechos de herencia.
En la comparación de los periodos anuales transcurridos hasta agosto, 30 por ciento de las inscripciones de 1985 correspondía a hijos nacidos fuera del matrimonio, proporción que en 1990 aumentó a 34,2, en 1995 a 40,4 por ciento y en 1998 a 45,8 por ciento.
En 1999, esa proporción cayó a 31,3 por ciento, para registrar hasta agosto de este año un incremento a 56,2 por ciento, superando por primera vez en la historia de Chile a las inscripciones de hijos de matrimonios legalmente constituidos.
Tales estadísticas no son, sin embargo, completamente confiables, porque como consecuencia de la discriminación de los hijos ilegítimos y naturales era una práctica más o menos usual que se ocultara su origen y se los inscribiera como «legítimos».
Esto solía ocurrir en casos de maternidad precoz, sobre todo en áreas pobres rurales y urbanas, en que los padres de la madre inscribían como hijo a quien era en realidad su nieto, el cual quedaba así mismo registrado como hermano de su progenitora.
Bajo esas mismas variables que relativizan los registros estadísticos, se estima que en Chile nacen cada año unos 40.000 hijos de madres menores de 18 años. En 1999 se inscribieron en Chile un total de 249.407 nacimientos.
La Ley de Filiación estableció también rigurosos procedimientos legales y científicos para reclamaciones de paternidad en aquellos casos en que un progenitor se niegue a reconocer a su hijo.
Los juzgados civiles deben recibir los reclamos y la Corporación de Asistencia Judicial está obligada a brindar asistencia gratuita con abogados a las personas de bajos ingresos.
Ambas partes deben comparecer ante un juez y, si el progenitor insiste es desconocer su paternidad biológica de la hija o hijo, el magistrado debe ordenar al Servicio Médico Legal (forense) exámenes de ADN para dirimir definitivamente el pleito.
La entrada en vigor de la ley se demoró 12 meses, entre octubre de 1998 y el mismo mes de 1999, porque se debió capacitar tanto a los funcionarios del Registro Civil, como del Poder Judicial y del Servicio Médico Legal en esta nueva modalidad.
La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Adriana Delpiano, destacó este lunes en declaraciones al diario La Tercera que, además del aumento de inscripciones de hijos nacidos fuera del matrimonio, se incrementaron también las demandas legales de paternidad.
Delpiano subrayó que el espíritu de la Ley de Filiación fue «lograr la igualdad de los niños ante la ley y el derecho del menor a saber la identidad de sus padres, más allá de lograr una manutención económica del progenitor».
Este texto legal tuvo un arduo y prolongado trámite en el Congreso chileno, desde que el presidente Patricio Aylwin (1990- 1994) la propusiera a los legisladores, al tenor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el propio mandatario al inicio de su mandato. (FIN/IPS/ggr/mj/pr hd/00
