El presidente de Chile Ricardo Lagos y los partidos oficialistas resolvieron intervenir ante el escándalo por millonarias indemnizaciones pagadas a ejecutivos de empresas públicas a finales del anterior gobierno, encabezado por el ahora senador vitalicio Eduardo Frei (1994-2000).
Estos casos cobraron cuerpo, paradójicamente, tras el último informe de la organización Transparencia Internacional, que calificó a Chile como el país latinoamericano con imagen de menos corrupción.
Claudio Huepe, ministro de la Secretaría General de Gobierno, anunció este lunes, 20 días antes de la celebración de elecciones municipales, el respaldo del Poder Ejecutivo a la decisión de la oposición derechista de llevar ante los tribunales los casos en que los cobros excesivos planteen sospecha de delitos.
El ministro y portavoz presidencial comprometió además todo el respaldo del gobierno a la investigación al respecto que iniciará el miércoles la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Dos diputados del Partido Demócrata Cristiano al que pertenece Frei, Enrique Krauss y Edgardo Riveros, anunciaron también este lunes que enviarán un proyecto para restituir a la Contraloría General de la República la fiscalización de las empresas estatales, facultad que le fue retirada en 1979 por la dictadura.
Estas y otras decisiones ilustran el propósito oficial de marcar distancia con estas irregularidades y evitar repercusiones negativas para la Concertación por la Democracia, coalición que gobierna Chile desde marzo de 1990, en las elecciones municipales del 29 de este mes.
En los más de 11 años en que esta coalición administró el país no hubo hasta ahora denuncias importantes por actos de corrupción, como sí las sufrieron en el mismo periodo los gobiernos de dos países vecinos como Argentina, bajo la presidencia de Carlos Menem, y Perú, con Alberto Fujimori.
El gobierno del presidente Lagos, en el cargo desde marzo último, se someterá en los comicios del día 29 a su primera prueba electoral, complicado tanto por el incremento del desempleo, como por una anunciada huelga nacional de camioneros y el escándalo de las indemnizaciones.
La oposición derechista, agrupada en la Alianza por Chile, busca fortalecerse en las municipales, ratificando el liderazgo de Joaquín Lavín, quien obtuvo un virtual empate con Lagos en las presidenciales de diciembre de 1999 y fue derrotado en la segunda vuelta de enero por el actual mandatario.
Lavín es postulado a alcalde en el municipio de Santiago-Centro, el más importante del país, donde la candidata de la Concertación por la Democracia es la demócratacristiana Marta Larraechea, esposa del ex presidente Frei.
Lagos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza, acordaron con Frei los aspectos centrales de la estrategia para impedir que el escándalo causado por las indemnizaciones salpique al ex mandatario y afecte la candidatura de Larraechea.
El mayor número de favorecidos por millonarios pagos pertenece al Partido Demócrata Cristiano, aunque también hay militantes de los otros tres partidos de la gobernante coalición de centroizquierda: Por la Democracia (PPD), Socialista y Radical Socialdemócrata.
La primera denuncia sobre altas indemnizaciones surgió del propio entorno gubernamental, por cuenta de la gerenta general de Correos de Chile, María Soledad Lascar, del PPD, quien dio a conocer pagos de 70.000 dólares a su antecesor en el cargo y al ex presidente de esa empresa estatal.
Las indemnizaciones fueron autorizadas por el directorio de la empresa en beneficio de los ejecutivos, designados bajo el gobierno de Frei, que tuvieron que dejar sus cargos, considerados de confianza política del presidente, con el cambio de gobierno.
Los montos comprometidos en estos casos superan largamente la norma general establecida en la legislación laboral de Chile, de indemnizaciones equivalentes a un mes de remuneración por año de servicio con un límite de 11 meses.
Los ejecutivos de grandes empresas privadas, así como artistas, animadores de televisión y deportistas de éxito, negocian en Chile regímenes indemnizatorios que sobrepasan ese límite, lo cual también se aplicó en Correos, según demostró la denuncia de Lascar.
A partir de ahí, la oposición derechista comenzó a investigar en las empresas públicas, y descubrió casos de pagos excesivos más graves que el de Correos, como el de la Empresa Nacional del Petróleo, que indemnizó a su ex gerente general, Alvaro García Alamos, con más de 200.000 dólares.
García Alamos, militante del Partido Demócrata Cristiano, es el padre del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Alvaro García, del PPD, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Lagos.
Mientras trascendían nuevos pagos excesivos, Frei declaró que las millonarias indemnizaciones eran contrarias a la ética y fueron otorgadas sin su conocimiento. Los directivos de empresas públicas que hicieron eso «abusaron de mi confianza», sostuvo.
Frei es desde marzo el segundo senador vitalicio en la historia de Chile, según la norma constitucional que favorece a ex presidentes que hayan ejercido el cargo al menos seis años.
El primer senador vitalicio fue el ex dictador Augusto Pinochet, suspendido desde agosto tras su desafuero legislativo por parte de la Corte Suprema.
Por instrucciones de Lagos, el ministro de Economía, José de Gregorio, hizo público el 28 de septiembre un listado de 59 casos de indemnizaciones en empresas públicas, de los cuales se detallaron 39. Algunos constituyeron cobros abusivos, en tanto otros se ajustaron a la normativa general.
El gobierno advirtió que carecía de facultades para revertir esos pagos, pero en los casos de 20 personas indemnizadas designadas por Lagos en otras empresas o entidades estatales el presidente les dio un ultimátum para que devolvieran el dinero o renunciaran a sus actuales cargos.
El plazo se cumplió el viernes último, día en que 14 ejecutivos anunciaron la devolución de los pagos y otros seis renunciaron, alegando que los beneficios recibidos se ajustaron a la legalidad y que no habían cometido ninguna falta ética.
El Consejo de Defensa del Estado abrió, sin embargo, una investigación para establecer posibles delitos, lo cual se complementará con la fiscalización que se iniciará este miércoles en la Cámara de Diputados.
El ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994) señaló que al finalizar la dictadura de Pinochet (1973-1990) hubo numerosos casos de apropiación abusiva de dineros públicos y sostuvo que la derecha carece de «autoridad moral» para hacer acusaciones en este terreno.
Uno de los condicionamientos que impuso el régimen militar en la transferencia del poder tras la derrota de Pinochet en el plebiscito presidencial de 1988 fue que las futuras autoridades democráticas se abstuvieran de revisar los actos administrativos de la dictadura. (FIN/IPS/ggr/ip/00
