Sindicalistas comenzaron hoy en Sao Paulo una marcha de más de 1.000 kilómetros en defensa de un sueldo mínimo equivalente a 95 dólares, ampliando las presiones por mejoras salariales de varios sectores de Brasil, que incluye hasta militares.
La marcha, iniciada por unas 200 personas y que llegará a Brasilia en los primeros días de diciembre, respalda una propuesta parlamentaria de elevar el piso salarial actual de 151 reales (80 dólares), uno de los más bajos del mundo, a 180 reales a partir del 1 de enero.
La manifestación, promovida por la central Fuerza Sindical, se suma a otras acciones que indican una reanudación de las luchas laborales, estimuladas por un ligero crecimiento económico, con la consecuente reducción del desempleo, y las pérdidas salariales sufridas en los últimos años.
En ese marco, los policías militares del estado nordestino de Pernambuco comenzaron el jueves una huelga, considerada ilegal por la justicia, y este lunes unos 4.000 de ellos se concentraron delante de la sede del gobierno estadual, donde pretenden permanecer hasta obtener una respuesta a sus pedidos.
Efectivos locales del Ejército fueron movilizados para encargarse de la seguridad pública en las ciudades.
La Asociación de Cabos, Soldados y Bomberos, que encabeza el movimiento, informó que la paralización alcanza a 80 por ciento de los 18.000 efectivos de la Policía Militar, aunque portavoces del gobierno estadual aseguraron que la adhesión no supera 30 por ciento del personal.
El gobernador Jarbas Vasconcelos amenazó con despedir a los que se mantengan en huelga a partir de este lunes, señalando que se trata de una acción ilegal, por suspender un servicio indispensable para mantener el orden público.
Los huelguistas arguyen que la ilegalidad partió del mismo gobierno al no pagarles el salario mínimo nacional, sino la mitad, como base de su remuneración, a la que se suman adicionales por tiempo de servicio y otros beneficios. Los funcionarios reclaman la inmediata corrección de esa distorsión.
Los oficiales de las Fuerzas Armadas también presionan desde hace años por mejores sueldos, argumentando que ganan mucho menos que cualquier civil con capacitación y experiencia similares. Pero las huelgas y otras manifestaciones de descontento no les son permitidas.
El ministro de Defensa, Geraldo QuintFo, busca una solución a través de una «reestructuración, no un aumento» de las remuneraciones, en el ámbito de un programa de modernización de las Fuerzas Armadas.
Eso depende de cambios en el presupuesto nacional, que puede elevar en 30 por ciento en promedio los sueldos militares.
En medio del descontento de los funcionarios públicos por la compresión salarial impuesta por el ajuste fiscal, el movimiento sindical brasileño trata de salir de la inmovilización a que fue empujado en los últimos años por las crisis económicas y el agravamiento del desempleo.
Las mayores centrales sindicales del país decidieron aunar sus convocatorias a huelgas y otras protestas a partir de noviembre, en apoyo a trabajadores que negocian correcciones salariales en los últimos meses del año. En este caso se incluyen los empleados bancarios, petroleros y metalúrgicos de Sao Paulo.
El objetivo es obtener aumentos superiores a los ofrecidos por las empresas, aprovechando una coyuntura más favorable para recuperar pérdidas acumuladas en los últimos años. Los trabajadores de la firma petrolera estatal Petrobrás quieren un aumento de 62,8 por ciento.
El crecimiento económico de este año se comprueba por una mejora en la actividad industrial, el sector más afectado por la crisis financiera internacional nacida en Asia en 1997.
El nivel de empleo industrial fue en agosto 1,3 por ciento superior al de igual mes de 1999, informó este lunes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo registró un aumento de 3,77 por ciento en los puestos de trabajo de la industria de transformación entre enero y agosto.
Sin embargo, la masa salarial del sector no refleja aún la nueva tendencia. En los últimos 12 meses estuvo 4,1 por ciento por debajo del período anterior, según datos del instituto estadístico.
La compresión salarial es más fuerte en el sector público a causa del fuerte ajuste fiscal implementado a fines de 1998.
Los funcionarios del gobierno central no tuvieron ninguna corrección salarial en términos generales en los últimos cinco años, y por eso la búsqueda de soluciones para algunas áreas como las Fuerzas Armadas.
La situación amenaza generar conflictos institucionales. Algunos tribunales concedieron un aumento de 11,98 por ciento a sus funcionarios para reponer pérdidas provocadas por el plan de control de la inflación de 1994, cuando se alteró la moneda nacional.
El ministro de Planificación, Martus Tavares, calificó de inconstitucional tal decisión, aunque el Poder Judicial tenga autonomía, porque genera gastos adicionales sin apuntar nuevas fuentes de ingresos fiscales para cubrirlos.
La campaña por un aumento del salario mínimo une varios sectores de la sociedad y pone al gobierno de Fernando Henrique Cardoso en dificultades. Incrementar este piso salarial al equivalente a cien dólares es un compromiso del presidente desde su primera elección en 1994.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, argumenta que cualquier aumento significa elevar el déficit del sistema nacional de previsión social, principal causa del desequilibrio fiscal brasileño.
Desde inicio de este año, el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, poderoso aliado de Cardoso, adoptó el reclamo de un salario mínimo de 180 reales (95 dólares) como su bandera, aliándose a sus adversarios políticos de la izquierda y del sindicalismo.
El presupuesto para 2001 define una corrección, que en general se concede el 1 de mayo, de sólo 5,3 por ciento, equivalente a la inflación esperada en los 12 meses anteriores.
El movimiento sindical y parlamentario reclama no menos de 19,2 por ciento de aumento, como forma de reducir la pobreza en el país. (FIN/IPS/mo/dm/if ip/00
