El fútbol sera sometido a una investigación parlamentaria en Brasil, tras la identificación de al menos 55 millones de dólares cobrados por equipos en el traspaso de jugadores al exterior, sin ingresar al país.
El Congreso Nacional se suma así al esfuerzo de otros sectores para sacar de la informalidad, que favorece la corrupción, a una actividad que se profesionalizó hace mucho tiempo y cuya importancia económica crece aceleradamente, pero resiste a someterse a las reglas generales del país.
Los deportes ya representan tres por ciento del producto interno bruto en Brasil, cerca de 16.500 millones de dólares, y más del 60 por ciento le corresponde al fútbol, según el senador Alvaro Dias, quien propuso una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), para examinar los negocios de los clubes.
El fracaso del seleccionado nacional de fútbol en los Juegos Olímpicos, celebrados el mes pasado en Sydney, fortaleció la posición del grupo de parlamentarios que desde hace mucho tiempo intentaba averiguar las frecuentes denuncias sobre irregaluridades en el mundo futbolístico.
Las derrotas ante Sudáfrica y Camerún, con la consecuente descalificación, debilitaron a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a sus aliados políticos. El resultado, además de la frustración nacional, son dos CPI que deben iniciar sus trabajos en las próximas semanas.
Porque la Cámara de Diputados también decidió hacer investigaciones, en su caso específicamente sobre el contrato de patrocinio entre la CBF y la empresa transnacional de calzados deportivos Nike, por la suma de 400 millones de dólares en un período de 10 años.
El dinero se destina a proporcionar las mejores condiciones de preparación de los seleccionados nacionales de fútbol, pero les impone exigencias, como la participación en un mínimo de partidos en países definidos por Nike, con la presencia de algunos jugadores que también hacen publicidad de la empresa.
Estas no so iniciativas aisladas. El fútbol es un blanco prioritario de las autoridades fiscales desde hace varios años.
Los impuestos pagados por clubes, jugadores y empresarios del sector corresponden a una parte insignificante de las crecientes sumas involucradas en transferencias de futbolistas al exterior, sueldos y patrocinios, ampliamente divulgadas por la prensa.
El ex diretor técnico del seleccionado, Wanderley Luxemburgo, quien perdió el cargo tras el desastre en Sydney, ya responde a un proceso por evasión fiscal desde 1996. Su deuda con el fisco asciende a unos 700.000 dólares.
Muchos jugadores famosos también enfrentan problemas con el fisco.
Ronaldo Nazario, quien pasó por equipos de Holanda, España e Italia, y actualmente se recupera de una grave lesión en la rodilla, está acusado de haber adquirido en Paraguay un reloj de lujo por miles de dólares, declarando que le costó unas pocas decenas de reales.
Luxemburgo reconoció su delito fiscal. Pero podrá pagar la suma adeudada sin dificultad, ya que recibirá mucho más como indemnización de la CBF por el incumplimiento del contrato para dirigir el seleccionado hasta 2002, ya que ganaba 140.000 dólares al mes.
Pero contra él pesan otras denuncias que también contribuyeron a la instalación de las CPI. Su ex compañera y secretaria, Renata Alves, lo acusó de cobrar comisiones en transferencias de jugadores, aprovechándose de su condición de director técnico, y anunció nuevas revelaciones.
Por eso será la primera persona que presentará testimonio en la CPI del Senado, el 18 de octubre, anunció el senador Días. Luego se intentará interrogar a Luxemburgo.
Los 55 millones de dólares evadidos del país corresponderían, según el senador, a la suma acumulada entre 1992 y 1998 por la transferencia de jugadores brasileños principalmente a Europa. Varios «pases» costaron más de 20 millones de dólares.
El Banco Central también investiga el asunto. Esta semana impuso una multa de 1,35 millones de dólares al club Vasco da Gama de Río de Janeiro, por evasión de las divisas obtenidas en 1992 por la «venta» al club español Deportivo La Coruña de Bebeto, integrante del seleccionado campeón mundial en 1994.
Luxemburgo responde además a un proceso por falsedad ideológica, porque se descubrió que tiene documentos con fechas de nacimiento distintas, según los cuales tendría 45 o 48 años.
La falsificación de edad es otro problema del fútbol. En los últimos años se descubrieron varios «gatos», jugadores con documentación indicando una edad inferior, para mejorar sus posibilidades de profesionalización.
En algunos casos eso permitió participar en Olimpíadas, limitada a menores de 23 años con tres excepciones como máximo.
Un escándalo más reciente es el de los pasaportes falsos con que los negociadores de futbolistas tratan de «venderlos». Por lo menos siete brasileños ya fueron expulsados de Europa, por presentarse como portugueses para escapar a la cuota de foráneos a la Unión Europea que cada equipo puede tener.
Además de averiguar éstos y otros escándalos, el Congreso buscará perfeccionar la legislación para evitar tanto irregularidades como los mecanismos que emplean los dirigentes del fútbol para violar las leyes vigentes para toda la población.
Ex jugadores como Zico y Pelé intentaron, cuando fueron ministros de Deportes, convertir los clubes, definidos como instituciones sin fines de lucro, en empresas sujetas a las reglas económicas. Pero sus propuestas fueron distorsionadas y no lograron vencer resistencias.
En el Congreso hay al menos 16 diputados y senadores vinculados a los clubes. (FIN/IPS/mo/ag/ip cr/00
