La corrupción constituye uno de los grandes obstáculos al desarrollo de países como Brasil, al restarles condiciones potenciales para un mayor crecimiento económico, señalaron expertos.
Si la corrupción se redujera al nivel promedio mundial, según las mediciones de Transparencia Internacional (TI), Brasil incrementaría en 59 por ciento su ingreso por habitante en 26 años, según un estudio de los economistas Fernando García y Marcos da Silva, de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo.
Esta hipotética situación aseguraría un crecimiento anual adicional de 1,8 por ciento.
Efectos similares se obtendrían también en Argentina y México, pero en menor medida, porque el resultado es proporcionalmente menor en países de ingresos más elevados, explicó García.
Además, el economista estimó que si se acercara al nivel de Canadá, uno de los países menos corruptos del mundo, Brasil duplicaría su ingreso por habitante dentro de 15 a 20 años.
García es consejero de Transparencia Brasil, representación local de TI, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Alemania que desde 1995 mide cada año el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) de los países.
En sociedades corruptas resulta más caro construir una carretera, equipar hospitales y prestar servicios de salud o educación, las comisiones ilegales aumentan los costos y reducen la eficiencia económica y la productividad, indicó.
En Brasil, la corrupción se concentraba en las grandes obras de infraestructura, cuando el Estado disponía de recursos para fuertes inversiones. Pero la crisis fiscal y la escasez de proyectos estatales «modificó su perfil», se dispersó por las compras gubernamentales de todo tipo, observó García.
Las inversiones se hacen menos productivas y evitan países donde la corrupció genera incertidumbre, lo que provoca aumento de las tasas de interés encareciendo el capital y la generación de empleos. Todo eso contribuye a trabar el crecimiento económico, añadió el expertó.
La corrupción, por la necesidad de invertir o lavar dinero ilegal, agrava también la economía informal, muy alta en Brasil y en otros países latinoamericanos, provocando otros desequilibrios.
Brasil se ubicó este año en la mitad de la tabla, según la evaluación de TI. Quedó en el lugar 49, entre 90 países evaluados, con una calificación de 3,9 en una escala de cero a 10.
Finlandia quedó en el primer lugar, con nota máxima, y Canadá en el quinto, con 9,2, mientras Nigeria ocupó el último puesto, con 1,2.
En general, los países ricos y europeos obtienen las mejores calificaciones. Pero hay excepciones como Chile, el menos corrupto de América Latina, con 7,4, y Singapur, que con 9,1 iguala a los nórdicos, mientras Italia, con 4,6, se ubica en el grupo de países de alta corrupción.
Una sucesión de escándalos en los últimos años deterioró la imagen de Brasil, que obtuvo mejor calificación en años anteriores.
En realidad, la corrupción cobró dimensiones políticas espectaculares en el país durante los años 90, provocando la caída de un presidente, Fernando Collor de Mello, en 1992, varios desafueros en el parlamento y determinando resultados electorales, como los de Sao Paulo el domingo pasado.
Pero el último gran escándalo es el que más preocupa a García, ya que involucra al Poder Judicial. Investigaciones parlamentarias y policiales identificaron la desviación de 92 millones de dólares destinados a la construcción de la sede de un tribunal en Sao Paulo, entre 1992 y 1998.
Las relaciones viciadas entre el poder público y el sector empresarial privado son las que más afectan a la economía.
«Un Poder Judicial eficaz es la base de todo», su contagio elimina la disposición de fiscalizar las cuentas públicas y de contener la corrupción, señaló el consejero de Transparencia.
Instituciones de buena calidad, especialmente el Ministerio Público, los tribunales de cuentas públicas, son indispensables para el desarrollo, al determinar la eficiencia de los servicios y políticas públicas, tanto en el área económica como social, y también una actitud positiva de la población, según García.
Transparencia Brasil fue fundada a principios de este año por iniciativa de un grupo de empresarios de Sao Paulo. Su presidente, Eduardo Capobianco, vicepresidente de la empresa constructora Construcap, considera que «la proximidad a los centros de decisión» es el gran factor de corrupción.
Por eso estima que en Brasil los contratos del sector público y construcción constituyen el área más vulnerable a la acción de corruptos y corruptores. (FIN/IPS/mo/ag/ip/00
