El parlamento de Brasil discute el aumento del salario mínimo nacional a una suma cercana a 180 reales (unos 94,5 dólares) a partir del 1 de enero, en el marco de esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad social.
El aumento del salario mínimo es una antigua demanda de partidos de izquierda y sindicatos.
Sucesivos gobernantes prometieron realizar ese incremento pero luego lo postergaron, con el argumento de que no era posible por razones de equilibrio fiscal, ya que el valor del salario mínimo se usa para fijar las prestaciones a 13 millones de jubilados y pensionistas.
Unos 15 millones de trabajadores activos reciben remuneraciones mensuales de un salario mínimo según Marcio Pochmann, investigador de Economía del Trabajo en la Universidad de Campinas.
A comienzos de este año, el presidente del Senado, Antonio Carlos MagalhFes, se sumó a las demandas de aumento, en oposición a su propio Partido del Frente Liberal y al presidente Fernando Henrique Cardoso, de quien siempre ha sido aliado.
Este mes, las presiones por el incremento se acentuaron y Cardoso decidió aceptar la propuesta, con la condición de que el Congreso definiera qué nuevos ingresos fiscales cubrirán el aumento del gasto público, a fin de mantener equilibrado el presupuesto del próximo año.
El presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer, aseguró que por primera vez hay consenso de todos los partidos con representación parlamentaria acerca de que es indispensable aumentar el salario mínimo.
El debate sobre el asunto solía ocurrir en las vísperas del 1 de mayo, fecha en la cual el gobierno define el valor del salario mínimo para un período de 12 meses, en general mediante el ajuste de su valor anterior según la inflación acumulada en el año previo.
En esta ocasión la discusión parlamentaria se adelantó, con la intención de incluir el aumento en el presupuesto para 2001, en el cual la propuesta del Poder Ejecutivo preveía un alza del salario mínimo de sólo 5,5 por ciento en mayo, que llevaría su valor a unos 84 dólares.
En los últimos meses se elevaron muchas voces para urgir a una reducción más eficaz de la pobreza en Brasil, y el Banco Mundial promovió un seminario sobre esa cuestión en Brasilia hace dos semanas.
Según un estudio presentado en esa ocasión por el banco, el producto interno bruto del país debería crecer seis por ciento anual durante los próximos 15 años para que se redujera a la mitad la pobreza en Brasil, que afecta en la actualidad a unos 38 millones de personas, o sea 22,6 por ciento de la población.
El ingreso mensual de esas personas es en la actualidad unos 34 dólares de acuerdo con los datos del banco.
El organismo financiero internacional recomendó aumentar las inversiones gubernamentales en el área social, en especial en educación, y procurar que los fondos destinados a ese objetivo beneficien con más eficacia a los pobres.
Una de las críticas más frecuentes al gobierno, aceptada incluso por Cardoso, es la mala distribución de sus gastos sociales.
Según el Banco Mundial, sólo 19,5 por ciento del gasto social se destinó a los pobres, mientras la mayor parte de los fondos asignados a esa área se aplicaron en actividades como la enseñanza superior, que beneficia a los ya favorecidos, o se perdieron en la burocracia.
El director de Políticas Sociales del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) del Ministerio de Planificación, Ricardo Paes de Barros, afirmó que esa mala distribución determina que el crecimiento económico por si sólo no pueda resolver el problema de la pobreza.
El camino es una mejor distribución de la educación y de lso ingresos, apuntó.
En Brasil un rico vale 50 pobres, ya que el uno por ciento más privilegiado de la población concentra ingresos equivalentes a los del 50 por ciento más pobre, según el IPEA.
El salario mínimo brasileño es en la actualidad uno de los más bajos del mundo, y su aumento es considerado por muchos como un medio adecuado para distribuir mejor los ingresos.
En muchas ciudades del interior del noreste, la región más pobre de Brasil, la mayor fuente de ingreso es la suma de las jubilaciones equivalentes a un salario mínimo mensual.
Sin embargo, hay oposición al aumento proyectado, que mantendría el valor de ese salario entre los más bajos del mundo.
Las autoridades económicas arguyen que no sólo existe el peligro que el incremento cause déficit fiscal, sino que además varios gobiernos estaduales y municipales no están en condiciones de pagar 180 reales por mes a la gran parte de sus funcionarios que reciben el salario mínimo nacional.
Marcelo Neri, del IPEA, señaló a su vez que el incremento del salario mínimo elevaría el gasto en previsión social, destinado a la población de mayor edad, y que las inversiones sociales son más efectivas para el combate a la pobreza si se dirigen a la infancia y a la educación.
Una solución más consistente son los exitosos programas que asignan dinero, alimentos u otras formas de subsidio a las familias que mantienen a sus niños en la escuela, lanzados en Brasilia hace cinco años y que se han extendido por el país. (FIN/IPS/mo/mp/dv ip/00
