El gobierno de Turquía inició consultas con distintos sectores para mejorar la situación de los derechos humanos, pero los críticos sostienen que sólo se trata de un intento de blanquear la imagen de este país ante el mundo.
Las consultas involucran a funcionarios de gobiernos provinciales y locales, organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos, partidos políticos, formadores de opinión y activistas de los derechos humanos.
Están programadas 10 discusiones regionales hasta el 1 de diciembre, y luego una conferencia nacional sobre derechos humanos en la capital, Ankara.
Las consultas continuarán en menor escala el año próximo, anunció Kazim Yucelen, ministro de Derechos Humanos.
«Para 2001, todas las violaciones a los derechos humanos habrán sido erradicadas, porque esta es una movilización nacional», aseguró Yucelen en la consulta inaugural, celebrada el pasado lunes en la provincia suroriental de Tunceli.
Turquía tiene previsto firmar un protocolo de asociación con la Unión Europea (UE) en 2002, como principio de las negociaciones para la integración total al bloque, pero su situación en materia de derechos humanos es uno de los mayores obstáculos en la carrera hacia ese objetivo.
«Es muy bueno que las ONG turcas estén incluidas en las discusiones, como también el partido pro-kurdo HADEP, que ha sido un blanco tradicional de las fuerzas de seguridad», manifestó Jonathan Sugden, director de la oficina en Turquía de la organización internacional Human Rights Watch.
Sin embargo, Sugden sospecha que la iniciativa gubernamental sea sólo «una actuación ante las ONG, los partidos de oposición, los medios de comunicación y los críticos de la Unión Europea».
Si el gobierno desea probar su sinceridad, dijo a IPS, «debe abolir la práctica de mantener incomunicadas a personas detenidas», o de lo contrario todo es una gran mentira.
Todos los organismos y ONG internacionales contra la tortura coinciden en que la incomunicación de los detenidos es el factor que más contribuye a ese tipo de abuso, y por lo tanto el gobierno debe abolirla, señaló Sugden.
Eren Keskin, presidenta de la filial en Estambul de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), afirmó que «la iniciativa del gobierno es apenas un esfuerzo por blanquear su sucia imagen».
En declaraciones para IPS, Keskin coincidió con Sugden en que, «a menos que se elimine la incomunicación de los detenidos, todo intento por discutir las causas de la tortura será una farsa».
«Las estaciones de policía deben abrirse a la inspección pública, los torturadores deben ser juzgados y castigados, y se deben aprobar las enmiendas legislativas necesarias», exhortó.
La reunión del lunes pasado en Tunceli contó con la participación de 145 delegados, entre ellos gobernadores y jefes de seguridad de seis provincias.
Treinta y cinco participantes hicieron uso de la palabra durante la sesión a puertas cerradas, de siete horas de duración.
La sede de la consulta fue quizá el lugar más indicado, dado que Tunceli es una de las 10 provincias del sudeste que se encuentran bajo estado de emergencia desde hace 15 años a causa de la guerra entre el rebelde Partido Kurdo de los Trabajadores (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas.
El PKK lucha por la autonomía del sudeste de Turquía para los kurdos, que constituyen 12 por ciento de la población nacional.
El pueblo kurdo, de 19 millones de personas, se extiende sobre la jurisdicción de cuatro países (Turquía, Siria, Irán e Iraq), y constituye la minoría étnica más grande del mundo sin territorio propio.
En Turquía, donde reside la mayoría, no se les reconoce el derecho a su idioma e identidad cultural. La enseñanza e incluso el uso de la lengua kurda está prohibida.
Algunos participantes de la primera consulta demandaron una reforma de la Constitución, el levantamiento del estado de emergencia, la desmovilización de los guardias y las unidades especiales que custodian las aldeas del sudeste, una amnistía general y el reconocimiento de la identidad kurda.
Al menos 30.000 personas, entre ellas guerrilleros del PKK, soldados, periodistas, abogados, políticos y activistas de los derechos humanos, han muerto como resultado del conflicto civil.
Además, unas 500 personas desaparecieron bajo custodia policial y más de 3.000 aldeas fueron despobladas por la fuerza.
«Fui testigo de abusos en las provincias de Elazig, Bingol y Tunceli», aseguró Demir.
«En esa zona, 500 aldeas fueron despobladas forzosamente, 21 personas desaparecieron bajo custodia, ocho cuerpos (entre ellos los de un periodista y un abogado) fueron encontrados en un riachuelo, 12 diarios y revistas están prohibidos y el 'embargo de alimentos' continúa», afirmó.
El gobierno raciona alimentos básicos en esas provincias con el objetivo de restringir el acceso de los rebeldes a ellos, y los residentes llaman a esa práctica «embargo de alimentos». (FIN/IPS/tra-en/nm/da/mlm/hd/00
