Organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos cuestionaron, al igual que sus similares de Perú, las gestiones de Washington y de la OEA para que Panamá asile al ex cerebro de la inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos.
«Calificar a Montesinos de víctima no es más que una farsa», dijo José Miguel Vivanco, director de la División para América de Human Rights Watch (HRW), quien reclamó en una carta enviada el pasado martes a la presidenta panameña Mireya Moscoso que rechace los pedidos de asilo del ex funcionario peruano.
«A la larga, ofrecer un refugio seguro a Montesinos sólo reforzará la impunidad de los violadores de derechos humanos en Perú», afirmó Vivanco, de nacionalidad colombiana.
Montesinos debería ser indagado y acusado por graves violaciones de derechos humanos en Panamá, país firmante de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, que establece la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad, sostuvo el activista.
«Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos y la OEA (Organización de Estados Americanos) pongan en entredicho principios básicos de derechos humanos, y es injusto esperar que Panamá sea un cubo de basura para arrojar a todos los 'hombres fuertes' del continente caídos en desgracia», agregó.
Otros activistas respaldaron la posición de Vivanco, y algunos llegaron a atribuir el esfuerzo de Washington por encontrar refugio a Montesinos a la intención de tranquilizar a un ex aliado que sabe demasiado.
La secretaria de Estado (canciller) estadounidense Madeleine Albright rechazó esa acusación el miércoles ante el Congreso legislativo. El gobierno de Bill Clinton no cree que Montesinos vaya a gozar de «impunidad ni inmunidad», sostuvo.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado (cancillería) dijo que «Estados Unidos, junto con la OEA y los aliados del hemisferio, respaldaron la decisión de Panamá de recibir al señor Montesinos con el objetivo de aliviar la tensión política en Perú».
«De todos modos, el problema del asilo es una cuestión separada que debe ser resuelta por Panamá de acuerdo con sus leyes. En ninguna instancia de este proceso el gobierno (de Estados Unidos) procuró impunidad para Montesinos por sus supuestos crímenes», agregó.
Pero organizaciones de derechos humanos manifestaron sus dudas ya con las primeras explicaciones brindadas por Washington sobre sus objetivos para asegurar un destino a Montesinos.
Altos funcionarios dijeron a la prensa en Washington que era inminente un golpe de Estado contra el presidente Alberto Fujimori, a menos que se le brindara asilo a su antiguo asesor.
«Un golpe no es una preocupación legítima, dado el nivel de oposición a Montesinos en la marina, en la fuerza aérea y en el ejército, para no mencionar a la opinión pública», dijo Gina Amantangelo, experta en asuntos peruanos de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericos (WOLA).
Otros expertos, entre ellos Cynthia McClintock, de la Universidad George Washington, mostraron dudas sobre las posibilidades de un golpe militar, dado el escaso respaldo de Montesinos entre los oficiales de nivel medio.
Muchos de esos oficiales manifestaron disgusto por la permanente interferencia en los ascensos ejercida por Montesinos, un capitán del ejército dado de baja de forma deshonrosa por entregar información reservada a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en los años 70.
De todos modos, los máximos jefes del ejército responden a la influencia del hoy ex funcionario peruano.
Fujimori anunció la semana pasada su intención de convocar nuevas elecciones, en las que él no participaría, y también se comprometió a desmantelar el Servicio de Inteligencia Nacional, organismo del cual Montesinos era el virtual conductor.
El anuncio fue consecuencia de la difusión de un vídeo en que aparecía Montesinos al parecer sobornando por 15.000 dólares a un legislador opositor que se pasó luego a filas oficialistas. La cinta grabada provocó una tormenta política en Perú.
El gobierno de Clinton había reclamado el cese de Montesinos aun antes del escándalo. Funcionarios estadounidenses ya habían mostrado su molestia por la supuesta participación del asesor de Fujimori en el tráfico desde Jordania de armas rusas dirigidas a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
«Eso fue demasiado», dijo un funcionario.
Hasta ese momento, Montesinos tenía defensores incluso en la CIA y en el Departamento (ministerio) de Defensa (Pentágono), que elogiaban su éxito al frente de la lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso a comienzos de los años 90 y en la reducción de los cultivos de coca en Perú.
Montesinos es un abogado que representó a varios narcotraficantes en los años 80, antes de asistir a Fujimori en su primera campaña electoral, de la que resultó elegido presidente en 1990.
Analistas en Washington aseguran que nunca cortó sus vínculos con la CIA, mientras la agencia se ha negado a considerar en público la naturaleza de su relación con el ex funcionario peruano. Pero existen pocas dudas sobre la cooperación entre el SIN y la CIA en el periodo de gobierno de Fujimori.
El propio Fujimori defendió a Montesinos esgrimiendo su colaboración con la CIA y con la agencia antidrogas del gobierno estadounidense (DEA).
Pero las actividades de Montesinos no se limitaron a la contrainsurgencia ni a la lucha contra el narcotráfico. El fue considerado el cerebro detrás del «autogolpe» de Estado impuesto por Fujimori en 1992 y, hasta su cese, era la figura más poderosa del gobierno luego del propio presidente, según observadores.
Además de intervenir en los ascensos militares y en la promoción de los jueces, Montesinos era, al parecer, el líder del «Grupo Colina», un escuadrón de la muerte que reprimió, intimidó y desapareció a opositores en los partidos políticos y medios de comunicación.
A pesar de estas actividades, la influencia de Montesinos sobre el Poder Judicial impidió que se lo procesara en Perú, aseguró Vivanco. Por el contrario, un juez que consideraba el último caso de soborno sobreseyó el miércoles al ex funcionario.
Al promover la fuga de Montesinos a Panamá, Washington y la OEA socavaron el principio de responsabilidad ante las leyes que es esencial para una exitosa transición a la democracia, según activistas.
«Los responsables de corrupción, de graves violaciones de derechos humanos, de venta de armas y de narcotráfico deben ser investigados y acusados. No puede realizarse una reforma democrática verdadera barriendo debajo de la alfombra», dijo Amantangelo.
La Coordinadora Nacional, principal coalición de grupos de derechos humanos de Perú, se retiró el lunes del diálogo entre el gobierno y la oposición patrocinado por la OEA, en protesta por el papel «inaceptable» jugado por el foro americano en la fuga de Montesinos.
La actuación de la OEA fue «contraria a los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos», según la Coordinadora.
En su carta a Moscoso, Vivanco sostuvo que otorgar refugio a un funcionario sospechoso de delitos como los atribuidos a Montesinos contraviene principios básicos de las leyes de asilo político, que explícitamente niegan el beneficio a los violadores de derechos humanos.
De acuerdo con la Convención contra la Tortura, de la que Panamá es parte, el país de destino está obligado a extraditar o acusar a los torturadores detectados en su territorio.
Mosocoso rechazó al comienzo las solicitudes de Montesinos en su beneficio y de una docena de sus colaboradores, pero cambió de opinión luego de atender pedidos en tal sentido del secretario general de la OEA, César Gaviria, de Estados Unidos y de varios líderes latinoamericanos.
Panamá ha sido un destino habitual para dictadores extranjeros respaldados en el pasado por Estados Unidos y por la CIA, entre ellos el general haitiano Raoul Cedras y el fallecido shah de Irán Mohammed Rezah Pahlevi, derrotado en 1979 por la Revolución Islámica. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mj/ip hd/00
