Activistas de Estados Unidos criticaron al candidato vicepresidencial del Partido Republicano por haber presidido una empresa que participó en proyectos de energía en Birmania asociados con graves violaciones a los derechos humanos.
Hasta ser elegido como candidato a la vicepresidencia, Dick Cheney presidía la gigantesca empresa de energía Halliburton Energy Services, en la que todavía posee acciones.
Según los activistas, la firma tenía dos subsidiarias que ayudaron a construir dos oleoductos, en un proceso que incluyó la reubicación forzosa de aldeanos, trabajos forzados, violaciones y asesinatos en Birmania.
«Las socias y subsidiarias de Halliburton, tanto antes como durante la presidencia de Dick Cheney, han sido contratistas para proyectos de oleoductos responsables de crímenes contra la humanidad en Birmania», acusó Katie Redford, miembro de la organización defensora de los derechos humanos EarthRights.
El gobierno militar de Birmania es acusado de graves violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron sanciones económicas por esa causa.
El régimen mantiene bajo arresto domiciliario a la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, cuyo partido político obtuvo más de 80 por ciento de los votos en las elecciones de hace 10 años, anuladas por los militares.
Debido al bloqueo de la ayuda económica del Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales, el gobierno birmano depende de las inversiones extranjeras para obtener divisas.
Dos de esas inversiones son los oleoductos de Yadana y Yetagun.
El oleoducto de Yadana llevará gas natural desde los yacimientos del mar de Andaman hacia Tailandia, a través de Birmania. La construcción comenzó en 1992 y se terminó el año pasado, a un costo de 1.200 millones de dólares.
Abogados de EarthRights, con sede en Washington, recabaron testimonios de más de 100 aldeanos y supuestos desertores del ejército que afirmaron haber sido víctimas o testigos de abusos relacionados con las operaciones de seguridad del ejército en el proyecto.
Los activistas exigen que el consorcio encargado de la operación del oleoducto, constituido por la empresa francesa Total, la estadounidense Union Oil of California (Unocal) y una compañía estatal tailandesa, se retire del proyecto y de Birmania.
Redford y otros abogados de víctimas de abusos en Birmania apelaron una sentencia de una corte de los Angeles, según la cual no pueden demandar a Unocal, que supuestamente conocía las violaciones relacionadas con su proyecto y se benefició directamente de la conducta del régimen.
Mientras, EarthRights realiza campaña contra Halliburton, cuya subsidiaria European Marine Contractors, en una empresa conjunta con la firma italiana Saipem, ayudó a construir la porción marítima del oleoducto de Yadana en 1996 y 1997, según un nuevo informe del grupo.
En ese período, Cheney era presidente de Halliburton, que también brindó servicios en el oleoducto de Yadana con la ayuda de una empresa británica, Alfred McAlpine, según el informe publicado el miércoles.
Los activistas también relacionan a Halliburton con un segundo oleoducto, el de Yetagun, construido paralelamente al de Yadana.
Según EarthRights, la empresa Bredero-Shaw, subsidiaria de Dresser Industries, elaboró el revestimiento para el oleoducto de Yetagun en 1998. Dresser fue adquirida por Halliburton ese mismo año.
EarthRights posee pruebas de que el oleoducto de Yetagun está relacionado con el mismo tipo abusos que el de Yadana.
«Participar del proyecto de Yetagun equivale a aceptar a conciencia brutales violaciones contra los derechos humanos como parte de los negocios», acusó Redford.
En respuesta a las críticas, la portavoz de Halliburton, Wendy Hall, dijo el mes pasado que su empresa «no tiene negocios en Birmania».
Cheney anunció a principios de septiembre que renunciará a sus opciones en Halliburton si resulta elegido vicepresidente. El candidato ya vendió gran parte de sus acciones en la compañía.
EarthRight también criticó otras actividades de Halliburton en Indonesia, Irán, Iraq, Libia y Nigeria.
Además, el grupo criticó la fuerte vinculación de Halliburton con USA-Engage y el Consejo Nacional de Comercio Exterior, dos poderosos grupos industriales que realizan campaña contra las sanciones económicas de Estados Unidos a algunos países donde se violan los derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/mlm/hd/00
