Empresarios colombianos y un alto funcionario de Estados Unidos manifesaron su disposición a concretar un posible financiamiento a grupos guerrilleros para frenar los secuestros extorsivos de civiles.
El jefe de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Phillip Chicola, dijo que su gobierno estaría dispuesto a apoyar un programa internacional de financiación para las guerrillas si se llegara a un proceso de paz serio y definitivo, como ocurrió en América Central.
Chicola, quien concluyó el jueves una visita de dos días a Colombia, dijo que un aporte financiero internacional parecido al efectuado en América Central aseguraría el abandono por parte de los guerrilleros de la práctica del secuestro con fines económicos hasta la firma de los acuerdos.
«Sin saber a dónde va el proceso» no se puede decir si Estados Unidos apoyaría o no esa propuesta, pero aseguró que «cuando haya un acuerdo claro de hacia dónde se va y cuál es el objetivo final, la respuesta es sí», agregó el funcionario.
Organismos de seguridad informaron que la subversión recibió en 1999 unos 269 millones de dólares por secuestros, otro tipo de extorsiones y actividades relacionadas con narcotráfico.
Unas 700 personas son secuestradas en Colombia cada año por guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes.
Estados Unidos aportará 1.300 millones de dólares a los programas de lucha contra el narcotráfico del Plan Colombia propuesto por el presidente Andrés Pastrana. Los rebeldes consideran que esa ayuda contribuirá a una escalada de la guerra.
Los representantes del empresariado en una reunión de la sociedad civil colombiana que concluyó el miércoles en Costa Rica propusieron buscar mecanisnos para financiar a la guerrilla bajo un cese del fuego. Los secuestros son la principal fuente de ingresos de los rebeldes en la actualidad.
Los mayores empresarios colombianos dijeron en la capital de Costa Rica estar dispuestos a participar en un proyecto de financiación de la guerrilla, siempre que haya «un cese de secuestros y hostilidades medible y verificable en el tiempo».
Luis Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales que reúne a cerca de 30 organizaciones del sector privado, manifestó su apoyo a esa propuesta .
Villegas indicó que el empresariado está dispuesto a financiar la desmovilización de la insurgencia «siempre y cuando la entrega de estos recursos se conviertan en un instrumento para la paz y no para la guerra».
El monto de los aportes de los industriales y el mecanismo que se defina para ese proceso debe ser definido por el Estado y los países amigos del proceso de paz, agregó.
La propuesta de buscar un mecanismo de financiamiento temporal a la guerrilla a cambio de una suspensión de los secuestros y extorsiones se suma a la introducida el 22 de septiembre representantes de la Iglesia Católica en un foro por la pacificación del país en Bogotá.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, propuso entonces que el Estado financie la guerrilla «mientras se logra consolidar un proceso de paz».
El Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, admitió la posibilidad de que el gobierno estudie un plan para financiar a la guerrilla, «bajo condiciones apropiadas».
Pero en el estado en que se encuentra la relación entre el gobierno y los rebeldes, la posibilidad de buscar un mecanismo de financiamiento alternativo al de los secuestros es bastante lejana, dijo a IPS Luis Valencia, profesor de la estatal Universidad Nacional.
Valencia sostuvo que la propuesta sólo podría ser tenida en cuenta cuando exista un compromiso «serio por parte de los grupos armados en cuanto al cese de los secuestros».
A corto plazo no hay posibilidades de acuerdo, dado el estancamiento del diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por un lado, y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el otro.
Las negociaciones con las FARC, principal grupo guerrillero, están congeladas por la negativa de los rebeldes a entregar a las autoridades un guerrillero prófugo de la justicia.
Así mismo, el incipiente acercamiento con el ELN, segunda organización guerrillera en importancia, tampoco avanzó, porque el gobierno no concretó la desmilitarización de una zona del norte colombiano para que ese grupo se reúna con representantes de la sociedad civil para definir una agenda de negociación. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00